«En este mundo nada puede considerarse seguro, excepto la muerte y los impuestos». La frase de Benjamín Franklin está más vigente que nunca en el caso de las empresas de telecomunicaciones. En otras palabras, los impuestos y tasas son inevitables. Lo que sí es evitable es que su carga sea tal que atente contra el desarrollo de una infraestructura que, como la política no deja de repetir, es estratégica y clave.

Más allá de que nadie pretende vivir en un paraíso fiscal totalmente tax free, lo cierto es que en relación con la industria de las telecomunicaciones, la política se quedó en el tiempo. Y no porque cobrar impuestos esté pasado de moda, sino porque conserva una imagen del sector que responde a una foto de hace 15 o 20 años. La foto actual es muy distinta, pero parecen no haberse dado cuenta.

En aquel entonces, la industria de las telecomunicaciones estaba en su etapa explosivamente expansiva. Fueron los tiempos del comienzo de la masificación de los celulares, que tuvo dos etapas. Primero, con la estandarización de GSM en la región que, gracias a la habilitación de los SMS y la baja de los costos de los terminales, llevó la telefonía móvil de un servicio caro y para pocos a otro accesible y para todos. La segunda etapa fue la de la aparición de los smartphones, que no sólo agregaron los servicios de datos, sino que hicieron que la telefonía móvil se convirtiera en el servicio de una masividad no alcanzada por ningún otro. Paralelamente se dio la difusión de la banda ancha, que cambió radicalmente la conectividad de los hogares y empresas, permitiendo el paso de conexiones limitadas y discontinuas a otras de alta capacidad (a punto de reemplazar a la TV) y constantes. De este modo, la conectividad se convirtió en un servicio esencial para la vida moderna. Con tasas de penetración en acelerado crecimiento e ingresos que crecían en la misma medida, la industria de las telecomunicaciones conoció un período de extraordinario crecimiento. Y con un mercado en franca expansión, también se iban sumando nuevos operadores que comían de una torta que no paraba de crecer. ¡Qué tiempos aquellos!

Tanta bonanza no pasó desapercibida para los Estados que, a todo nivel, veían cómo las telecomunicaciones se iban convirtiendo en una fuente de ingresos más que apetecible. Así, a los impuestos básicos, como el IVA y el impuesto a las ganancias, se les fueron sumando otros. Algunos específicos y otros más generales, que se fueron acumulando. Dentro de los impuestos específicos se encuentran pagos recurrentes por licencias y uso de espectro, tasas regulatorias, así como los aportes a los fondos del servicio universal aplicados a los ingresos de los operadores, independientemente de la rentabilidad. Adicionalmente, a los impuestos nacionales se les empezaron a sumar otros provinciales y también tasas municipales. Los Estados en todos sus niveles querían una tajada de este negocio. El zeitgeist era: esta industria genera mucho dinero, queremos nuestra tajada. Entendible.

Pero desde entonces, la caída de los ingresos —sea por acceso a Internet, servicios móviles, TV paga o telefonía fija— fue marcada. Tomando los ingresos del sector de las telecomunicaciones en Argentina, en base a las cifras publicadas por el regulador Enacom y actualizadas por inflación, entre 2016 y 2024 la caída fue del 49%. Más específicamente, la fue del 51% en telefonía móvil, 44% en telefonía fija, 15% en el acceso a Internet y alcanzó el 63% en televisión paga.

Más allá del contexto macroeconómico, en estas cifras se aprecia también la situación de cada servicio. La telefonía móvil pasó a ser principalmente una plataforma de datos, erosionando los ingresos por voz y SMS, sustituidos en gran medida (aunque no exclusivamente) por WhatsApp. La TV paga sufre los embates de las plataformas OTT —sean pagas, gratuitas o ilegales— acompañados por los cambios en los hábitos de consumo. El acceso fijo a Internet moderó su caída al convertirse en la infraestructura básica sobre la cual circulan datos, voz, audio y video. Así, fue el único servicio fijo que mantuvo su crecimiento en accesos, cosa que no pudieron replicar la TV por cable, la satelital ni la telefonía.

No obstante un contexto de ingresos totales decrecientes, los operadores vienen afrontando un importante esfuerzo inversor. En el caso de las redes fijas, por la migración del cobre (par telefónico o coaxial) hacia la fibra óptica, que implica no ya una simple actualización, sino un recambio total de sus redes. Por el lado de las redes móviles, el despliegue de 5G, que no se limita a un recambio de la RAN, sino también a una actualización del backbone y del core. En definitiva, un escenario que exige un esfuerzo inversor importante en modernización de sus redes que no necesariamente les proporcionará ingresos significativamente mayores, aunque sí más eficiencia.

A pesar de este contexto, la presión fiscal sigue elevada. De acuerdo con un estudio elaborado por la Cámara Argentina de Internet (CABASE), el sector de servicios de acceso a Internet está sujeto a más de 20 tributos y tasas de diferente índole. Esto hace que la carga tributaria se ubique, en promedio, en 41,5%, en un rango que varía entre 38,6% y 44,5% en función del tamaño de la empresa, el modelo de prestación del servicio, la estructura de costos y la localización geográfica, que introduce diferencias en la imposición provincial y municipal.

Un dato que la política suele ignorar es que, por más que un impuesto se aplique a una empresa o actividad específica, este pasa a formar parte del costo y, como tal, se traslada al cliente. El resultado: bienes y servicios más caros para el consumidor. En definitiva, se trata de una gran incongruencia entre la necesidad de universalizar la conectividad cuando, al mismo tiempo, se ponen trabas a su asequibilidad.

La solución, más que por la simple eliminación de impuestos, pasa por actualizar el entorno fiscal a la realidad del sector: una industria que ya no está en expansión sino en transformación, que invierte fuertemente en infraestructura estratégica pero con márgenes cada vez más ajustados. Revisar la carga tributaria no es un favor a las empresas y los usuarios, es mantener la coherencia con el objetivo declarado de universalizar un servicio que, como bien sabe la política, es esencial. La pregunta es si seguiremos aplicando impuestos para una era que ya es historia o si finalmente actualizaremos la foto.