Hace unas semanas, el Programa de Libre Competencia de la Universidad Católica de Chile realizó un seminario que, bajo el título “Competencia y Conexión: Regulando el Futuro de las Telecomunicaciones”, reunió a expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre la evolución del mercado de telecomunicaciones a nivel internacional y la necesidad de evolucionar el enfoque regulatorio del mercado de telecomunicaciones.

En el seminario se planteó el cambio estructural sufrido por la industria de telecomunicaciones en los últimos 10 años. El paso de un modelo de negocio centrado en la voz, donde comunicación y conectividad iban de la mano y la capacidad de monetización del uso de las redes por parte de los operadores era alta, a un nuevo modelo centrado en los datos, en los que las comunicaciones y la conectividad no son necesariamente prestadas por el mismo agente y la capacidad de generar ingresos de la industria de telecomunicaciones cae drásticamente. Este cambio radical y acelerado no ha sido tan evidente para los que ven la industria desde fuera o con la mirada del pasado. En cifras, este cambio ha supuesto a nivel de América Latina una caída del ingreso promedio por cliente (ARPU) de la industria en los últimos 10 años cercana al 40%, con algunos países en los que esta caída supera el 60%.

Junto con este cambio estructural en la industria se ha producido también una aceleración del cambio tecnológico (desarrollo de redes de fibra óptica y 5G), un crecimiento acelerado del tráfico cursado por las redes de telecomunicaciones y de la relevancia de éstas para avanzar en el proceso de transformación digital de los países. La combinación de estos elementos genera necesidades crecientes de inversión en modernización, ampliación de capacidad y extensión de cobertura de las redes.

En este contexto, aspectos como las economías de escala o el desarrollar modelos de negocio más eficientes, se convierten en elementos aún más importantes para garantizar su sostenibilidad financiera y su capacidad de generar y atraer recursos para invertir.

A pesar de estas profundas transformaciones, la regulación sectorial se ha quedado en el pasado. Necesitamos una nueva regulación para una industria que ha cambiado profundamente.

El contar con redes de telecomunicaciones potentes y resilientes, que habiliten el proceso de digitalización y transformación productiva, hace tiempo que ha pasado de ser el problema de las operadoras de telecomunicaciones a ser un reto de los países. Como señalan los informes Draghi y Letta, en sus recomendaciones para la mejora de la competitividad de la Unión Europea, es necesario revisar las políticas públicas y de competencia que regulan la industria de telecomunicaciones para adaptarlas a la realidad de la industria y asegurar la sostenibilidad de unas redes que son fundamentales para el desarrollo de los países.

Son varios los aspectos sobre los que es urgente trabajar de cara a esta revisión de las políticas públicas sectoriales en América Latina. Quizás el más urgente, pasa por reducir las cargas que enfrenta la industria, por avanzar de forma rápida y efectiva en un proceso de desregulación y reducción de cargas. Esto supone trabajar en distintos frentes, desde eliminar regulaciones obsoletas a eliminar regulación específica del sector cuando ya hay regulación general (protección del consumidor). La reducción de las cargas fiscales y tributarias que afectan a la industria, debe ser una prioridad. A efectos fiscales, la conectividad es tratada en algunos países como un bien de lujo.

Por otro lado, hay que avanzar en una regulación habilitadora, tanto para agilizar los despliegues de infraestructura, reduciendo y agilizando los permisos, como para facilitar la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios y soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes. Este nuevo enfoque supone también cambiar la mirada regulatoria sobre esta industria, evolucionando de una regulación ex ante a una regulación ex post, que deje actuar a las fuerzas del mercado.

Un capítulo específico merece la política de espectro. Es necesario dejar de ver el espectro como una fuente de ingresos públicos y considerarlo como una fuente de crecimiento económico y desarrollo social. Es urgente avanzar en la reducción del coste del espectro en la región. Un reciente informe de GSMA muestra como a nivel global, el coste del espectro ha pasado de suponer un 4,5% de los ingresos de la industria móvil en 2014 a un 7,4% en 2023. En algunos países de Latinoamérica el peso del coste del espectro sobre los ingresos se ha multiplicado por 4 en este periodo.

El elevado coste de asignación y renovación del espectro en algunos países ha llevado a los operadores a no participar en procesos de licitación e incluso a devolver espectro ante la imposibilidad de asumir su coste. También hay que incorporar una visión de medio plazo definiendo planes de espectro que den certidumbre y garanticen su disponibilidad futura.

Otro bloque de medidas en las que avanzar con urgencia debe contemplar la eliminación de las asimetrías regulatorias y tributarias que enfrentan los operadores de telecomunicaciones respecto de otros agentes con los que compiten directamente. No se trata de aumentar la carga regulatoria de otros jugadores, sino de reducir la de los operadores de telecomunicaciones. También hay que avanzar en medidas que incentiven un uso eficiente de las redes por parte de los grandes generadores de tráfico y que estos, que desarrollan sus negocios sobre las redes de telecomunicaciones, contribuyan de forma directa a su sostenimiento y extensión.

Y por último, y volviendo al foco del seminario realizado en la Universidad Católica de Chile, se hace necesario reconocer la necesidad de una nueva mirada sobre la estructura de mercado de la industria para habilitar procesos de consolidación que resulten en operadores de mayor tamaño que puedan alcanzar economías de escala que contribuyan a su sostenibilidad financiera. Como se mostró en el seminario, en muchos países se ha avanzado en este proceso de consolidación y su impacto sobre el nivel de inversiones y la calidad de las redes está siendo claramente positivo.

El desarrollo de unas redes de telecomunicaciones fundamentales para el futuro, no puede descansar en un marco regulatorio del pasado que se diseñó para una industria que ya no existe. Los países que lideran el desarrollo de redes han avanzado en la modernización de sus marcos regulatorios y América Latina no puede quedarse atrás en este proceso, el desarrollo económico y social de la región depende de ello.