El Perú tiene características geográficas muy particulares. Una cordillera que divide el país y una selva amazónica con zonas de muy difícil acceso y con falta de conectividad física. Además, tenemos dispersión demográfica dando como resultado muchos centros poblados vinculados a una actividad económica de subsistencia y también carentes o con nula capacidad de conectividad física. También existe gran diversidad cultural y brechas en el acceso educativo y de salud, principalmente en estas zonas, donde el nivel adquisitivo de las personas es casi de subsistencia.
En ese contexto, desde 1994 el mercado liberalizado de las telecomunicaciones en nuestro país ha avanzado en forma consistente y el despliegue de fibra óptica junto con el crecimiento de las redes móviles, ha ido cubriendo zonas que hasta hace pocos años eran impensables de contar con estos tipos de servicios. El fondo de acceso universal también ha hecho su parte y tenemos logros, más allá que se necesite replantear el modelo original y contar con una evaluación internacional del impacto del mismo.
Algunas fuentes señalan que en el país, cerca de 6 millones de personas no se conectan a internet y solo el 30% de hogares a nivel nacional sí. Según información de OSIPTEL, al primer trimestre de este año, se tenía 20,400 centros poblados, equivalente a un 20% del total; cifra similar al final del 2018. De otro lado existen 44,000 centros poblados que están desconectados. En el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum aparecemos en el puesto 94 en el pilar de Adopción de las TIC, lo que nos resta competitividad como país y, al mismo tiempo, representa un reto importante que tenemos en banda ancha y suscripciones de fibra. En el ICT Development Index 2017 de la UIT1 aparecemos en el puesto 96. En términos de conectividad vemos que nuevamente el reto está en suscripciones de banda ancha fija, más hogares con acceso a internet y acceso a dispositivos.
En el índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED) desarrollado por la CAF, Perú aparece no sólo por debajo del promedio de la Región sino también muy desposicionado respecto del promedio OECD2. Mientras que, en el pilar de competencia así como en la digitalización de la producción, conectividad, digitalización de hogares, factores de producción, infraestructura e institucional regulatorio hay oportunidades de mejora y, por el contrario, no se evidencia un problema.
Es indudable que existe un déficit importante de infraestructura. El OSIPTEL ha reconocido la falta de más de 18,000 antenas hacia el 2021 mientras que AFIN ha calculado dicho déficit en 31,000 antenas. A ello hay que considerar que se requiere seguir avanzando en despliegue de fibra no sólo de transporte sino de acceso para poder disponer redes de ultra banda ancha a los hogares peruanos.
Los programas de tele salud y tele educación no se han desplegado y tanto la alfabetización digital como la digitalización de los procesos de la administración pública siguen a ritmos analógicos.
También se ha producido una tendencia a la reducción de ingresos de los operadores y registramos uno de los ingresos por usuario más bajo de la región. Un EBITDA que se redujo en 60% en los últimos 4 años es un tema muy importante para el sector.
Si todo el esfuerzo público privado realizado en el pasado no ha sido suficiente para avanzar en digitalización, la situación financiera del sector decanta en que el reto que tenemos para transformar esta situación sea mucho mayor:
Frente a este escenario, surge un desafío enorme que es la transformación digital, el cual implica un cambio en nuestro de vida, en la forma de hacer negocios y en una variación completa de nuestra interrelación personal. Surge entonces la pregunta ¿cómo hacemos en nuestro país para afrontarlo?
Primero; entender que llevar al país a la transformación digital requiere la participación de todos. Precisamos que cada uno entienda y juegue su rol en esta agenda y que el objetivo esté meridianamente claro. De lo contrario seguiremos condenados al subdesarrollo.
En ese orden de ideas, lo prioritario es facilitar toda la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, fibra óptica, postes, ductos, etc. Debemos entender que hablamos de una política de alcance nacional y no debe existir una sola barrera a este despliegue. En consecuencia, se requiere una mayor comprensión de los entornos en los que se moviliza y un mejor relacionamiento con la población para tener un despliegue sostenible.
Luego se requiere una simplificación regulatoria en el sector telecom, eliminar sobrecostos y digitalizar todos los procesos. Los contratos, las renovaciones y las nuevas asignaciones de espectro, requieren predictibilidad jurídica y hay que dirigirlas hacia la expansión en las zonas no cubiertas y en congruencia con ello, es necesaria una promoción de la inversión privada para el crecimiento orgánico de servicios en todo el país.
Asimismo, todos los procesos en la administración pública deben ser digitalizados. El acompañamiento en la alfabetización digital es una política de Estado por lo que sectores como educación y salud deben ingresar en forma urgente, así como los sectores productivos en donde precisamente se desarrollará esta transformación.
Nuestro país no puede darse el lujo de dejar pasar esta nueva revolución industrial. No permitamos que nuestra debilidad institucional u otro tipo de aspectos nos distraigan de este objetivo. Todos estamos obligados a participar en este nuevo consenso.
¹ Unión Internacional de Telecomunicaciones
² Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos