El Laboratorio Antipiratería de ANATEL se ha convertido en un referente en la región. ¿Cuáles son los principales logros y resultados alcanzados recientemente en relación con la distribución ilegal de contenido audiovisual? Basándose en su experiencia, ¿qué buenas prácticas recomendaría a otras autoridades de la región en este ámbito?
El Laboratorio Antipiratería representa una evolución importante en el modelo brasileño de combate a la piratería audiovisual. Brasil pasó de una actuación centrada principalmente en la incautación de equipos no homologados a un modelo más amplio de gobernanza regulatoria, cooperación institucional e inteligencia técnica, orientado también a la identificación y mitigación de infraestructuras digitales utilizadas para la distribución ilícita de contenidos.
El Laboratorio es resultado de una cooperación público-privada entre ANATEL y la ABTA (Asociación Brasileña de Televisión por Suscripción) formalizada por medio de un Acuerdo de Cooperación Técnica. La ABTA participa como entidad sectorial directamente afectada por la piratería audiovisual, aportando información de mercado, evidencias técnicas y conocimiento sobre la dinámica de las plataformas ilegales. A partir de esta cooperación, ANATEL estructuró un ambiente técnico dedicado al análisis de aplicaciones, dominios, servicios IPTV, servidores, infraestructuras en la nube y otros componentes utilizados por organizaciones que explotan económicamente la piratería audiovisual.
Uno de los principales aprendizajes fue que la piratería audiovisual ya no puede ser tratada únicamente como una infracción de derechos de autor. Hoy, el fenómeno involucra también ciberseguridad, protección del consumidor, integridad de las redes, competencia leal y gobernanza de Internet. Las TV Boxes ilegales y otros dispositivos no homologados pueden presentar firmware alterado, malware, participación en botnets, uso como proxies residenciales y explotación para fraudes digitales, ampliando la superficie de ataque contra usuarios y redes de telecomunicaciones.
Otro hito relevante fue la consolidación de un modelo de coordinación entre diferentes instituciones. En Brasil, además de la cooperación con ABTA, el enfrentamiento a la piratería audiovisual pasó a involucrar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por medio del Ciberlab, a los CyberGaecos de los Ministerios Públicos, a titulares de derechos, a prestadoras de telecomunicaciones y, más recientemente, a la Ancine. Esta articulación permitió transformar acciones antes puntuales en un sistema más permanente de cooperación, inteligencia técnica y mitigación de infraestructuras ilícitas.
La cooperación con la ANCINE (Agência Nacional de Cinema) también es un marco importante. A partir del Acuerdo de Cooperación Técnica entre ANATEL y ANCINE, se consolidó una división clara de competencias: corresponde a ANCINE analizar denuncias, evaluar elementos técnicos presentados por titulares de derechos y decidir administrativamente sobre medidas de bloqueo de dominios utilizados para la puesta a disposición no autorizada de contenido audiovisual; a ANATEL le compete promover el trámite operacional de esas órdenes de bloqueo ante las aproximadamente veinte mil empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Como buena práctica para otras autoridades de la región, destacaría, en primer lugar, la necesidad de construir capacidades técnicas propias dentro del regulador. No basta recibir denuncias o ejecutar órdenes de bloqueo; es necesario comprender cómo funcionan los dispositivos, aplicaciones, servidores, dominios y flujos de autenticación utilizados por los servicios ilegales.
En segundo lugar, es fundamental actuar con cooperación multistakeholder. Reguladores, industria audiovisual, prestadoras de telecomunicaciones, comunidad técnica, autoridades de propiedad intelectual, órganos de investigación y plataformas digitales deben tener canales permanentes de intercambio de información.
En tercer lugar, toda medida técnica debe estar apoyada en evidencias, proporcionalidad, transparencia y salvaguardas. El objetivo no es afectar el funcionamiento legítimo de Internet, sino mitigar infraestructuras claramente asociadas a actividades ilícitas, reduciendo riesgos para los usuarios, para el mercado formal y para la seguridad de las redes.
La proliferación de equipos no autorizados, incluyendo —según informes de ANATEL— equipos con malware preinstalado, representa un gran desafío. ¿Cómo coordina ANATEL sus acciones para frenar la entrada y venta de estos productos que ponen en peligro las redes y la seguridad en línea de los usuarios? ¿Cuál diría usted que es el nivel de riesgo para los usuarios que consumen software pirateado?
La actuación de ANATEL contra productos no homologados se estructura en diferentes frentes. La Agencia realiza fiscalización en centros de distribución, establecimientos comerciales, empresas de transporte, puntos de comercialización física y plataformas de comercio electrónico.
También actúa en cooperación con la Receita Federal, fuerzas policiales y otros órganos de control para ampliar la capacidad de identificación, retención y retirada del mercado de equipos irregulares.
Históricamente, la primera fase del combate a la piratería audiovisual estuvo asociada a los decodificadores clandestinos utilizados para acceso irregular a televisión por suscripción, especialmente mediante tecnologías como IKS y SKS. Esa etapa exigía una fiscalización más centrada en equipos físicos.
Sin embargo, con la expansión de la banda ancha y de los servicios digitales, las organizaciones ilegales migraron hacia plataformas IPTV, aplicaciones móviles, servicios de streaming ilegal, dominios y servidores distribuidos internacionalmente.
Esa transformación obligó a ANATEL a combinar fiscalización tradicional con inteligencia digital. Hoy, la actuación no se limita a retirar productos físicos del mercado. También incluye el análisis de infraestructuras digitales, indicadores técnicos de tráfico, autenticación de dispositivos no homologados, dominios, direcciones IP, aplicaciones y otros elementos que sustentan el funcionamiento de plataformas ilegales.
El riesgo para los usuarios es significativo. Muchas personas perciben la piratería como una alternativa de menor costo para acceder a contenido audiovisual, pero no siempre comprenden que esos dispositivos pueden comprometer su red doméstica, sus datos personales y otros equipos conectados. TV Boxes adulteradas o no homologadas pueden contener firmware comprometido, malware, mecanismos de comunicación no documentados, participación en botnets, uso como proxies residenciales y explotación en fraudes digitales.
Por eso, el problema no es solo económico o autoral. Una TV Box pirata puede transformarse en una puerta de entrada para robo de credenciales, fraudes bancarios, captura ilegal de datos, uso indebido de la conexión del usuario y ataques a terceros. En una casa cada vez más conectada, un único dispositivo comprometido puede exponer teléfonos, computadores, cámaras, routers y otros equipos.
Además, ANATEL incorporó requisitos específicos para la categoría Smart TV Box en el Reglamento de Evaluación de la Conformidad y Homologación de Productos para Telecomunicaciones, incluyendo controles relacionados con seguridad cibernética, integridad del software, mecanismos de actualización y protección contra vulnerabilidades.
Por eso, creemos que la homologación no es una formalidad burocrática: es un instrumento de protección del usuario y de la infraestructura.
Recientemente, recibieron el premio UIT/ONU CMSI 2026 por su laboratorio de innovación en tecnologías emergentes. ¿Qué significa este hito para ANATEL y cómo está impulsando este nuevo laboratorio el desarrollo de herramientas de inspección de vanguardia?
El reconocimiento en los WSIS Prizes 2026 tiene un significado muy importante para ANATEL porque demuestra que la fiscalización regulatoria también puede ser un espacio de innovación pública, transformación digital y desarrollo de soluciones tecnológicas de alto impacto.
Para ANATEL, este premio confirma una evolución institucional: la fiscalización deja de ser vista únicamente como actividad presencial o reactiva y pasa a incorporar análisis de datos, inteligencia artificial, automatización, web scraping, monitoreo avanzado y herramientas de apoyo a la supervisión regulatoria.
El Laboratorio de Innovación en Tecnologías Emergentes complementa el Laboratorio Antipiratería. Mientras el Laboratorio Antipiratería se concentra en la investigación técnica de dispositivos, plataformas e infraestructuras utilizadas para la piratería audiovisual, el Laboratorio de Innovación en Tecnologías Emergentes tiene una vocación más amplia: desarrollar, probar y validar herramientas digitales aplicadas a diferentes desafíos de fiscalización en telecomunicaciones.
Entre las prioridades están el combate a la comercialización de productos irregulares en marketplaces, el análisis de grandes volúmenes de datos, el monitoreo del espectro electromagnético, la automatización de procesos complejos y el seguimiento de nuevas dinámicas tecnológicas del sector.
Este reconocimiento también tiene un valor regional. Muestra que un regulador latinoamericano puede desarrollar capacidades propias para enfrentar problemas complejos de la economía digital, como piratería, comercio irregular, dispositivos inseguros y uso abusivo de infraestructuras de Internet.
Para la región, la experiencia brasileña puede servir como referencia de fiscalización basada en datos, cooperación institucional y uso responsable de tecnologías emergentes.
¿Podría explicarnos en qué consiste el seguimiento de anuncios ilegales en las plataformas de comercio electrónico y cómo funciona? ¿Qué otras herramientas clave han desarrollado en este ámbito? ¿Qué grado de responsabilidad creen que deberían tener agentes como las tiendas de aplicaciones, las plataformas de comercio electrónico o los motores de búsqueda, así como los medios de comunicación, en este asunto?
El rastreo de anuncios ilegales en marketplaces consiste en utilizar herramientas digitales para identificar ofertas de productos de telecomunicaciones que no cuentan con homologación o que presentan indicios de irregularidad. En lugar de depender únicamente de denuncias o inspecciones físicas, ANATEL pasa a monitorear de forma más sistemática los ambientes digitales donde estos productos son anunciados, distribuidos y vendidos.
Estas herramientas permiten analizar grandes volúmenes de anuncios, identificar palabras clave, descripciones, modelos de productos, códigos de homologación inconsistentes y patrones de reincidencia. A partir de esos datos, la Agencia puede priorizar acciones, solicitar medidas correctivas, apoyar fiscalizaciones, instruir procesos y reducir la circulación de productos inseguros.
El Laboratorio de Innovación en Tecnologías Emergentes permite justamente ampliar ese tipo de capacidad. La idea es usar herramientas de web scraping, análisis de datos e inteligencia artificial para monitorear la venta de equipos irregulares en ambientes digitales, además de soluciones para detección automatizada de emisiones de radiofrecuencia y apoyo a la supervisión regulatoria.
En materia de responsabilidad, entiendo que marketplaces, app stores, buscadores, medios de comunicación y plataformas de publicidad tienen un papel relevante en el ecosistema digital. No se trata de transferirles la función regulatoria del Estado, pero tampoco es adecuado tratarlos como actores completamente neutros cuando organizan, recomiendan, monetizan, distribuyen o facilitan el acceso a productos y servicios ilegales.
En el caso específico de los marketplaces y demás plataformas digitales involucradas en la comercialización, el reglamento brasileño avanzó de forma importante. La Resolución ANATEL nº 780/2025 alteró el Reglamento de Evaluación de la Conformidad y de Homologación de Productos para Telecomunicaciones (Resolución nº 715/2019) e incluyó responsabilidad solidaria de las plataformas digitales por la comercialización de productos irregulares. El dispositivo central es el art. 55, § 2º:
“§ § 2º As plataformas intermediadoras de comércio eletrônico (marketplaces) e as demais plataformas digitais que estejam envolvidas no processo de comercialização, ainda que somente realizando atividades de divulgação e propaganda, responsabilizam-se solidariamente com o vendedor que nelas anuncia pela comercialização do produto, inclusive pela divulgação de seu código de homologação nos anúncios e pela verificação de sua regularidade”.
Eso significa que:
- Los marketplaces deben adoptar mecanismos activos de diligencia. No basta retirar anuncios solo después de una actuación puntual de la autoridad. Las plataformas deben estructurar controles para evitar la oferta de productos no homologados, verificar la regularidad de los códigos de homologación, impedir la reincidencia de vendedores y remover anuncios irregulares de forma efectiva.
- Las app stores deben reforzar controles sobre aplicaciones que viabilizan acceso ilegal a contenido audiovisual o que comprometen la seguridad del usuario.
- Los buscadores pueden contribuir reduciendo la visibilidad de servicios claramente ilícitos, especialmente cuando exista determinación de autoridad competente.
- Los medios de comunicación y plataformas publicitarias deben evitar monetizar o promover ofertas de dispositivos ilegales y servicios piratas.
*La palabra clave es proporcionalidad. Cada agente debe tener responsabilidades compatibles con su función en la cadena digital, su capacidad técnica y su grado de conocimiento sobre la irregularidad.
El objetivo no es imponer censura ni restringir usos legítimos de Internet, sino reducir incentivos económicos para actividades ilícitas, proteger usuarios y preservar la integridad de las redes.
El mercado de las telecomunicaciones en Brasil enfrenta importantes desafíos regulatorios. Ante la reciente información de que aproximadamente 11.500 operadores de banda ancha aún no se han registrado formalmente ante el organismo regulador, ¿cuál es la estrategia o los planes de Anatel para fomentar la formalización? ¿Qué riesgos representa esta situación?
La regularización del mercado de banda ancha fija es hoy una de las agendas prioritarias de ANATEL, porque está directamente relacionada con tres objetivos: proteger a los usuarios, preservar la competencia leal y garantizar la seguridad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones.
En Brasil, los proveedores regionales y de pequeño porte han desempeñado un papel fundamental en la expansión de la banda ancha fija, especialmente en regiones de menor renta, menor densidad poblacional y menor atractivo económico para los grandes operadores. Actualmente, estos proveedores representan el 57,61% del mercado brasileño de banda ancha fija, lo que demuestra su relevancia para la conectividad del país.
Por eso, la actuación de ANATEL no parte de una visión punitiva contra los pequeños proveedores. Al contrario: la Agencia reconoce la importancia de estos actores para la conectividad del país. El punto central es separar a quienes quieren operar de forma regular de quienes permanecen deliberadamente en la informalidad o en la clandestinidad.
El marco principal de esta estrategia es el Plan de Acción para Combatir la Competencia Desleal y Regularizar la Prestación del Servicio de Banda Ancha Fija – PACCD. El plan combina orientación, regularización, fiscalización responsiva, análisis de datos, cruce de bases, cooperación institucional y medidas de control.
El marco principal de esta estrategia es el Plan de Acción para Combatir la Competencia Desleal y Regularizar la Prestación del Servicio de Banda Ancha Fija – PACCD. El plan combina orientación, regularización, fiscalización responsiva, análisis de datos, cruce de bases, cooperación institucional y medidas de control.
Una de las principales medidas del PACCD fue la suspensión de la regla de dispensa de autorización para la prestación del Servicio de Comunicación Multimedia – SCM (banda ancha fija). En junio de 2025, existía un universo de más de diez mil entidades que operaban bajo esa modalidad de dispensa y que, por decisión del Consejo Director de ANATEL, tuvieron un plazo de 120 días – hasta el 29 de octubre de 2025 – para obtener la autorización correspondiente y regularizar sus datos sectoriales, como la información sobre accesos y estaciones.
En la fecha de publicación del PACCD, había 10.538 empresas dispensadas de autorización para la explotación del SCM; al final del plazo, 3.724 obtuvieron autorización, 1.729 iniciaron el proceso de regularización, y 5.085 no iniciaron el proceso, por lo que tuvieron sus registros de dispensa excluidos de la base de ANATEL.
A partir de ese momento, esas 5.085 entidades pasaron a constituir el principal foco de verificación de la Agencia: no porque todas necesariamente siguieran prestando el servicio, sino porque, si continuaban ofreciendo banda ancha fija sin autorización, pasarían a caracterizar una situación de clandestinidad.
De esas 5.085 entidades excluidas, 1.010 obtuvieron autorización y fueron regularizadas; y 499 no ofrecen servicios de telecomunicaciones o fueron dadas de baja.
En la práctica, descontadas las entidades regularizadas y aquellas que ya no presentan indicios de prestación de SCM, permanecen 3.576 supuestas operadoras clandestinas, que constituyen el foco prioritario de la fiscalización de Anatel.
La estrategia de ANATEL tiene varias capas. La primera es la regularización formal, para que las empresas que desean operar correctamente obtengan la autorización necesaria, actualicen sus datos y pasen a actuar dentro del marco regulatorio.
La segunda es la fiscalización responsiva, que busca inducir la regularización antes de adoptar medidas más gravosas.
La tercera es la fiscalización de campo, orientada a casos de clandestinidad, reincidencia o mayor riesgo. La cuarta es el uso de inteligencia y análisis de datos para mejorar la selección de objetivos y priorizar los casos con mayor impacto sobre el mercado.
En el frente de fiscalización, los datos acumulados entre noviembre de 2025 y junio de 2026 muestran 374 acciones en curso relacionadas con la apuración de situaciones que involucran posibles entidades clandestinas, además de 46 acciones relacionadas con entidades autorizadas.
En el marco de esas actuaciones, hasta el momento se promovieron 20 regularizaciones posteriores a la fiscalización, se registraron 8 casos de interrupción de la prestación irregular, la incautación de aproximadamente R$ 320 mil en equipos no certificados o de origen ilícito, y 8 prisiones en flagrante.
Estos números muestran que la respuesta de ANATEL no se limita a un enfoque meramente registral. Existe una actuación integrada que combina inteligencia, medidas preventivas, acciones de inspección, regularización y represión de situaciones más graves. La propia estructura del PACCD prevé una actuación coordinada entre las unidades de ANATEL, con tratamiento diferenciado para entidades clandestinas y entidades autorizadas, según los aspectos fiscalizados: autorización, rastreabilidad y certificación de equipos, uso de postes, obligaciones laborales, subnotificación de suscriptores, cuestiones tributarias y aspectos relacionados con la oferta pirata de contenido audiovisual.
Los riesgos de la informalidad son concretos:
- Para el consumidor, existe el riesgo de contratar un servicio sin garantías mínimas de seguridad cibernética, protección regulatoria y calidad, con menor capacidad de respuesta ante fallas, interrupciones, problemas técnicos o incidentes que afecten la continuidad del servicio.
- Para el mercado, la informalidad genera competencia desleal, porque empresas que no cumplen sus obligaciones pueden competir en condiciones artificialmente más ventajosas frente a prestadoras regulares.
- Para el Estado, la ausencia de datos confiables compromete el planeamiento regulatorio, la formulación de políticas públicas y la capacidad de respuesta en situaciones críticas.
También hay riesgos para la infraestructura y para la seguridad de las redes. Empresas que operan al margen de la regulación pueden utilizar infraestructura de forma irregular, emplear equipos no homologados, captar señal de redes autorizadas sin consentimiento o mantener redes sin documentación adecuada. Eso afecta la calidad del servicio, la seguridad cibernética, la resiliencia de las redes y el equilibrio competitivo del mercado.
Para el futuro, ANATEL está avanzando hacia fiscalizaciones más inteligentes, asertivas y eficaces. Las iniciativas previstas incluyen mayor uso de bases de datos de ANATEL, Receita Federal y NIC.br, análisis de anuncios en plataformas digitales con inteligencia artificial, análisis de datos restringidos, uso de información de ASN Path/BGP, geolocalización, refinamiento de la selección de objetivos, foco en empresas con mayor impacto económico, fiscalización de proveedores mayoristas que suministran capacidad, tránsito IP, enlaces, backbone, backhaul o infraestructura de red a otros provedores y combate a prácticas de segregación artificial de ingresos dentro de grupos económicos.
Por último, mirando hacia el futuro de la región: ¿Qué otras acciones destacaría de ANATEL en su papel de fomentar una red segura y un entorno competitivo y atractivo para la inversión y la digitalización?
Yo destacaría cinco líneas de acción. La primera es la fiscalización basada en datos. La experiencia reciente de ANATEL muestra que el regulador necesita utilizar inteligencia técnica, análisis de grandes volúmenes de información, automatización y herramientas digitales para responder a mercados cada vez más dinámicos. Esto se aplica al combate a la piratería, a la fiscalización de productos no homologados, al monitoreo de marketplaces, al control del espectro y a la supervisión de obligaciones regulatorias.
La segunda es la integración entre ciberseguridad, protección del consumidor y conformidad regulatoria. El caso de las TV Boxes ilegales demuestra que un producto aparentemente simple puede representar riesgos de malware, botnets, fraude, captura de datos y uso abusivo de la infraestructura de telecomunicaciones. Por eso, la homologación de productos y la fiscalización del comercio digital son también herramientas de seguridad digital.
La tercera es la cooperación institucional. El modelo brasileño evolucionó porque combinó diferentes capacidades: la ABTA, como representante del sector audiovisual por suscripción; la ANCINE, como autoridad con competencia sobre la protección de contenidos audiovisuales; el Ciberlab del Ministerio de Justicia, en el campo de operaciones cibernéticas; los CyberGaecos, en la investigación criminal; los titulares de derechos, en la producción de evidencias; las prestadoras, en la implementación técnica; y ANATEL, en la coordinación regulatoria y operacional con el sector de telecomunicaciones.
La cuarta es la gobernanza de bloqueos dinámicos. Las plataformas ilegales cambian rápidamente de dominios, aplicaciones, servidores y proveedores de hospedaje. Por eso, medidas aisladas tienden a perder efectividad. El modelo brasileño avanzó hacia bloqueos continuos de infraestructuras digitales ilícitas, basados en inteligencia técnica, actualización de indicadores y coordinación operacional. En eventos deportivos en vivo, por ejemplo, se estructuraron procedimientos de guardia para permitir respuesta más rápida durante períodos críticos de transmisión.
La quinta es la cooperación internacional. La piratería audiovisual es transnacional: puede combinar dominios registrados en un país, servidores hospedados en otro, aplicaciones distribuidas por plataformas globales y monetización en diferentes jurisdicciones. Por eso, la región necesita ampliar la cooperación con autoridades extranjeras, organizaciones de gobernanza de Internet, registros, registradores, prestadores de nube, plataformas digitales y redes de respuesta a incidentes.
Mirando hacia el futuro, creo que la contribución más importante de ANATEL es mostrar que conectividad no significa únicamente acceso. La conectividad debe ser segura, resiliente, regular, competitiva y confiable. Esa es la base para atraer inversión, proteger a los usuarios, fortalecer la economía digital y consolidar un ecosistema de Internet más robusto en América Latina y el Caribe.