El pasado febrero, en momentos previos al MWC 2024 de Barcelona, distintos grupos de operadores móviles de la región manifestábamos un llamado de atención sobre la sostenibilidad de esta industria. Muchos sentimos (y quizás nos potenciamos al hablar entre nosotros) que estamos viviendo una tormenta perfecta donde se cruzan caminos. ¿Cuáles son estos caminos?

Por un lado, la visión y estructura regulatoria e institucional tradicional orientada a regular servicios de telecomunicaciones y servicios audiovisuales, orientada bajo el modelo de “command and control” con competencias y capacidades regulatorias muy prescriptivamente definidas, detalladas definiciones de servicios a ser regulados y sanciones. Cada vez más los reguladores ven que sus competencias se quedan cortas para abordar verdaderamente las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), en tanto en ellas entendemos que también se incluye el mundo de internet, las nuevas tecnologías digitales y las plataformas de servicios que se apoyan en esos servicios de acceso. Por ejemplo, no entienden ni llegan a ver elementos claves de la economía digital de hoy fraccionados transversalmente en el resto de la administración pública.

Por otro lado, una industria móvil que le ha dado mucho a los habitantes de esta región: casi un 99% de cobertura de servicios de voz, 94% de servicios de internet móvil, nada menos que 687 millones de SIMs conectados en 2023 y 418 millones de usuarios de internet móvil (GSMA 2024). Esta industria, que se inició a fines de los años 80 en nuestra región, ha llegado a la madurez gracias a inversiones constantes e innovaciones. De acuerdo al reporte de La Economía Móvil 2024 de GSMA, en 2023 la contribución directa a esta región de operadores fue de US$ 50 mil millones, llegando a impactar hasta un 8% del PIB regional. No es poco, diría que es mucho, si a esto sumamos todo lo que se ha contribuido a las arcas públicas en adquisición de espectro. Pero esta industria ha cambiado. La maduración significa que lo que queda por crecer es limitado, y que las inversiones y el capital de riesgo entienden que los márgenes irán decreciendo y que solo es posible sostenerse a través de lograr eficiencias y sinergias.

En tanto, lo que no para de crecer es la adopción y uso de servicios digitales que esta industria soporta. Según estima el Ericsson Mobility Report de junio 2024, el tráfico móvil no para de crecer globalmente entre un 20 y un 30% anual. En esta región eso se refleja en que el consumo de datos por dispositivo pasó de 5 Gb/mes en 2020 a 11.28 Gb/mes en 2023 y se estima será de 36.4 Gb/mes. La realidad virtual, la IA generativa, el gaming, las soluciones industriales de baja latencia y ultra confiabilidad o el internet de las cosas masivo estarán soportadas por la infraestructura de conectividad de la cual los operadores móviles son piedra basal.

La pregunta que nos congrega a todos ciertamente es: ¿cómo lograr esas eficiencias y sinergias que hagan sostenible este negocio tan crucial para el avance de la digitalización que, como vemos, demandan los consumidores y empresas de esta región?

Algunos signos de alerta nos llaman a actuar ya. La declaración de quiebra de WOM que afecta a sus operaciones en Chile y Colombia, la salida de Digicel del mercado Panameño, las devoluciones de espectro de Telefónica en México y en Colombia (para conformar una red compartida con Tigo). La consolidación en esta región a estructuras de mercado más eficientes tal como vimos en Europa desde mediados de la década pasada es una realidad. Es imposible pensar que en mercados de menos de 5 millones de habitantes pueda haber más de 2 operadores saludables.

Algunas ambiciones a la hora de licitar espectro se han visto truncada con licitaciones (completas o partes de ellas) desiertas. No solo por altos precios y por problemas de diseño se ha fallado, sino por la idea subyacente de que hay mercado para nuevos entrantes tradicionales, y por actuar apoyado en regulaciones y mentalidades de una industria que crecía. Las cargas regulatorias no han decrecido ni mejorado para ayudar o promover la eficiencia y mayores inversiones. Los esfuerzos de mejora han sido lamentablemente cosméticos, debido a que las competencias de los reguladores sectoriales están acotadas. Muchos, no pueden siquiera definir precios del espectro o esquemas impositivos; la mayoría tampoco puede hacer mucho para reducir las barreras locales al despliegue; otros, no poseen instrumental para definir o ampliar los nuevos mercados relevantes; mientras que, la mayoría, está sorprendido por los nuevos modelos de negocios de múltiples lados de las plataformas o, simplemente, no pueden abordar integralmente el uso de datos y la ciberseguridad, elementos clave para el desarrollo de la economía digital.

El fraccionamiento regulatorio tal como observamos, con toda la carga de obligaciones sobre industrias legado como esta, que viene invirtiendo desde hace más de 35 años, solo tendrá un resultado en mayor colapso y consolidación forzada.

La política tiene que tener presente este escenario de riesgo. El boomerang que implica el status quo para los países que no modernicen su estructura institucional y reglas regulatorias para comprender a todo el ecosistema digital y no solo al mundo de las telecomunicaciones, trae una coalición inminente y pérdida de valor. No hay soluciones únicas pero si abordajes que piden a gritos reformas en pos de mayor flexibilidad de las reglas con visión de futuro, menos regulación prescriptiva y más reglas apoyadas en incentivos. Todos los actores de este ecosistema digital tienen que claramente ser comprendidos por esa regulación positiva, no puede haber huecos o grises, todos los servicios prestados, incluso aquellos de naturaleza global o aparentemente sin contraprestación pecuniaria directa del usuario deberían estar sujetos y convivir en un ambiente virtuoso. De ahí a la flexibilidad de las definiciones y amplitud de los objetivos regulatorios, los fines son los mismos, los medios (servicios, tecnologías y tipos de proveedores) irán cambiando.

Ya no alcanza tampoco con hablar entre nosotros, o con que la pelota la recoja solo el regulador sectorial. Hace falta una reforma integral y que solo es posible desde los hacedores de política, para que promuevan un ordenamiento institucional, de competencias y reglas. El sector privado, todos, actores tradicionales y nuevos jugadores, cualquier sea su tamaño y jurisdicción deberán participar en un proceso colaborativo que permita definir nuevas reglas de juego. ¡Tenemos una gran tarea por delante!