El martes 6 de diciembre, comenzó oficialmente el Foro de Gobernanza de Internet (IGF), un espacio de diálogo de múltiples partes interesadas sobre cuestiones de políticas relativas a Internet. El IGF fue convocado en 2005 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y renovado su mandato durante la misma Asamblea en 2015 consolidándose como una plataforma para reunir a personas de diversos grupos en pie de igualdad y en torno a discusiones sobre políticas relacionadas al internet.
Durante esta primera jornada oficial (las actividades en el marco de IGF comenzaron días antes, por ejemplo el lunes tuvo lugar el Día 0), se llevó a cabo un panel sobre Derecho de acceso a Internet en Latinoamérica que reunió a expertos de la región para debatir en torno a dicho tema, entre ellos, el Director Regional para el Cono Sur de ASIET, Andrés Sastre.
En este panel, moderado por Fernando García, Director de Red en defensa de los derechos digitales, lo acompañaron también la Comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adriana Labardini; la jefa en Google de Políticas y Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe, Lina Ornelas; El coordinador general adjunto de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., Erick Huerta y Claudio Ruiz, DIrector ejecutivo de Derechos Digitales.
Después de que el moderador planteara el tema a debatir y algunas preguntas que funcionaron como puntapié, comenzó exponiendo Lina Ornelas, comentó que Internet es como “un habilitador de derechos. No puedes tener libertad de expresión ni de acceso a la información sin internet, no puedes tener una mejor democracia”. Mientras, la comisionada Adriana Labardini, subrayó que el derecho al acceso a Internet está consagrado en la Constitución mexicana, “pero eso no es suficiente, necesitamos implementación, necesitamos inversión”. También mencionó que un 90% (aproximadamente) de las personas en México tienen acceso a un teléfono móvil, pero sólo 56 de cada 100 individuos acceden a banda ancha. Cerró su participación expresando la necesidad de “implementar políticas públicas efectivas, inversión y recursos para acceso universal». Erick Huerta, por su parte, indicó que la barrera al acceso a Internet no es de infraestructura ni de disponibilidad, sino que se lo atribuyó a un problema de regulación.
El director regional para el Cono Sur de ASIET, resaltó que los gobiernos en América Latina han tomado conciencia de la necesidad de masificar internet, pero resaltó también algunas contradicciones que aparecen en el camino. Agregó que «La infraestructura de Telecomunicaciones es probablemente la mejor infraestructura que poseemos en Latinoamérica» pero por otro lado, mencionó que se observan discordancias en las políticas que se quiere implementar ya que muchas veces «el uso Internet masivo que propone el Estado como política, es, a su vez, coartado por otros sectores del mismo gobierno, por ejemplo, aplicando gravámenes a los dispositivos móviles considerados como bienes suntuarios». Sastre mencionó que se puede agregar el derecho de acceso como un derecho contemplado en la constitución, o bien, podemos también “legislar Internet como un facilitador de derechos esencial», ya que hay que tener en cuenta que no sabemos qué sucederá con internet en 30 años.
El último en plantear su postura fue Claudio Ruíz, quien planteó una cuestión invitando a la reflexión: “¿Deberíamos enmarcar la discusión en el derecho a acceso en términos de derecho al desarrollo?” y rápidamente continuó diciendo que “el acceso está relacionado con la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y traer a conversación estos derechos es útil para definir el alcance del acceso a Internet”, afirmó.