La singular importancia de Brasil como principal mercado latinoamericano de telecomunicaciones de América Latina y por el liderazgo y la relevancia que Brasil tiene a nivel regional, hacen que las decisiones tomadas por las autoridades brasileiras en materia de regulación de telecomunicaciones suelen ser vistas como una referencia en el resto de los países de la región; de ahí la importancia de lo que finalmente se derive de la renovación de los modelos de prestación de servicios de telecomunicaciones en el país.
La convocatoria que lanzó Brasil para la revisión de estos modelos, se produce en contexto muy importante y de profundo cambio en las maneras de comunicarse de la población mundial y por tanto como no podía ser de otra manera de los brasileños también. Asistimos en la actualidad a un profundo crecimiento de las cifras de conectividad a Internet y a la Telefonía Móvil, según datos de la UIT en el mundo en la última década el uso de la telefonía móvil se multiplicó por 3 y los accesos a Internet crecieron un 168%. Sin embargo esto ha supuesto por las propias características del servicio, que los otrora servicios dominantes como era la telefonía fija no hayan experimentado ese crecimiento sino todo lo contrario, en América Latina su uso ha caído en torno a un 2,6% y a nivel mundial este ha descendido un 6%, manifestando solo altas cuando venía unida a paquetes con otros servicios. Este extremo, está reconocido implícitamente en el contexto que acompañaba a la consulta brasileña. Esta pérdida paulatina del interés del servicio por parte de los usuarios está directamente relacionada con el crecimiento de otras vías de comunicación con mayor atractivo para los mismos, principalmente por el mayor rango de posibilidades que otorgan, especialmente la banda ancha y en concreto la móvil por los servicios que sobre ella se han desarrollado.
Nadie duda en la actualidad del potencial económico y social de las telecomunicaciones como motor de crecimiento y de creación de oportunidades, en este sentido América Latina y Brasil tienen un reto importante, dado que si bien la penetración del uso de las tics ha venido creciendo a nivel destacado, todavía existe una brecha digital importante que es necesario cerrar, para ello es necesario generar un clima estable y de confianza que permita establecer un marco donde se sigan produciendo las necesarias inversiones.
La inversión en telecomunicaciones por parte de las operadoras salvo en 2009 debido a la crisis mundial se ha venido incrementando cada año y ese esfuerzo inversor es un compromiso claro de las mismas, sin embargo como es necesario que el clima jurídico y regulatorio sea estable y se sepa por tanto adaptar a las nuevas circunstancias y al nuevo contexto en el que nos encontramos. En la actualidad resulta una evidencia que el cierre de la Brecha Digital va a venir por los Servicios Móviles y es este sector el que debe centrar la mayor parte de las inversiones, por ejemplo para llegar a una cifra cercana a las 179,4 millones de clientes de Internet móvil en Brasil, la inversión anual promedio sería de USD 9.839 millones (un incremento del promedio de inversión anual del último quinquenio cercano al 50% al año) acumulando entre 2013 y el año 2020 USD 78.709 millones.
Así por tanto en la actualidad es necesario rediscutir los actuales modelos de prestación tanto en Brasil como en otros países de la región dado que las necesidades y usos no son los mismos que cuando se dictó el actual modelo vigente. En el caso brasileño, cuando este fue dictado eran los Servicios Telefónicos Fijos Conmutados (STFC) la principal fuente de comunicación, sin embargo observamos que en Brasil desde 2009 se ha producido un descenso anual de usuarios cercano al 3% y esta caída se observa de manera mayor en el uso de los Teléfonos Públicos, llamados popularmente “Orelhoes”, donde desciende su uso un 30% anualmente con la falta de rentabilidad que ello conlleva. Este descenso de usuarios y de uso de la telefonía fija en Brasil viene unido a un descenso efectivo de los precios desde 2009 cercano al 23%, debido al empaquetamiento del servicio junto a otros servicios (Principalmente Banda Ancha Fija y TV) y al aumento de uso de otros servicios de comunicaciones. Esto implica por tanto que el ingreso de las operadoras por el Servicio Telefónico Fijo conmutado se ha reducido importantemente en los últimos años. En la actualidad deben ser los servicios de banda ancha los que deben centrar el foco y sobre los que se debe discutir el modelo de prestación para los próximos años y sobre ello es lo que debemos debatir. Los modelos de concesión deben partir de esto, que es la Banda Ancha Fija y Móvil y no el STFC el eje de la concesión y de la licencia y esto sin duda es fundamental para la sostenibilidad de la concesión actual y las necesarias inversiones a futuro.
Debemos por tanto avanzar hacia nuevos modelos de prestación que avancen hacia esquemas en los cuales el papel del gobierno dependerá de la zona en la que nos encontremos y que deben venir acompañados de una actividad regulatoria que garantice la inversión enfocándose en la mejora de la tecnología y los servicios.
En la actualidad ya no podemos tratar a los servicios por separado sino como un ecosistema digital único donde la convergencia de servicios y redes es notoria. En base a eso la regulación existente debe tener en cuenta estos aspectos, el mercado ha cambiado con respecto al anterior modelo de prestación y el nuevo debe tener en cuenta a todos los agentes de la cadena de valor, han surgido nuevos actores, existen empresas que prestan servicios sustitutorios de los tradicionales sobre la red. La regulación actual debe abordar estos retos estableciendo entre otras cosas que a mismos servicios mismas reglas. Establecer por tanto un “level playing field” que genere un ecosistema digital sostenible en el tiempo, que promueva la inversión y la competencia y que fomente la autoregulación y el diálogo entre todos los sectores de la cadena de valor. En un sector tan dinámico y tan cambiante como este, una estricta regulación sobre cada servicio es probable que quede anticuada a corto y mediano plazo dificultando el avance de estos servicios.
No menos importante en la revisión de los modelos de concesión es lo referente a la reversibilidad de activos. A lo largo de las últimas fechas hemos observado como este fenómeno se ha dado en otros países de la región como Colombia y en cierta manera Perú donde solo el diálogo público privado permitió la renovación de las concesiones. La certeza jurídica además de una claridad en cuanto a la no reversión de activos, supone aumentar la seguridad jurídica y la consolidación de inversiones que se traslada en más y mejores servicios para los usuarios. Por ello debemos apostar a que la condición de reversibles debe ser eliminada sobre todo en aquellos bienes de uso compartido entre servicios públicos y privados y que la propiedad del bien al término de la concesión debe ser de la concesionaria.
Todo ello porque la irreversibilidad de la inversión en infraestructuras conlleva a que solo la certeza jurídica sea crucial en los procesos de toma de decisiones de inversión. Y en ese sentido, resulta importante no sólo el plazo por el que se otorga una licencia, sino también las posibilidades de renovación de las mismas a su término y desde luego hechos fundamentales como la posibilidad o no de reversión de las infraestructura. Ante la proximidad de los vencimientos de las licencias otorgadas para la provisión de servicios de telecomunicaciones, suele generarse una situación de incertidumbre en los operadores y es posible que esta incertidumbre haya operado como inhibidor de la inversión, poniendo en riesgo el desarrollo del sector.