Los países latinoamericanos que más necesitan expandir su conectividad conviven, con frecuencia, con marcos regulatorios desactualizados que dificultan el despliegue de infraestructura y la llegada de servicios a las zonas menos atendidas. Cuando las normas acumulan capas de complejidad sin revisión sistemática, el resultado es un sistema que «genera incertidumbre normativa y cargas financieras significativas que desincentivan la inversión en infraestructura y limitan la expansión y mejora de los servicios de telecomunicaciones».

La regulación eficaz sigue siendo indispensable: protege a los usuarios, garantiza la competencia y da forma al ecosistema digital. La pregunta es cómo regularlo mejor. «La desregulación efectiva no es sinónimo de ausencia de reglas, sino de construcción de un marco normativo ágil, claro, adaptable y basado en evidencia»3. Esta discusión ya trasciende los círculos técnicos: sus consecuencias alcanzan a los ciudadanos que esperan conectarse, a las empresas que buscan invertir y a los Estados que aspiran a cerrar la brecha digital.

El costo invisible de la complejidad

La regulación tiene costos. Para las empresas del sector, el cumplimiento normativo puede representar entre el 1,34% y el 3,7% de su masa salarial total4. Ese costo no lo absorbe solo el sector: los recursos que consume el cumplimiento de normas obsoletas no llegan a las redes ni a la cobertura. La carga se concentra en los grandes operadores, lo que daña la competencia y perjudica a los usuarios.

A eso se agrega lo que el estudio denomina el «legado de sobrerregulación»: un cuerpo normativo acumulado bajo la lógica prescriptiva anterior, diseñado para una industria que ya no existe. La convergencia tecnológica volvió obsoletas decenas de normas que siguen vigentes por inercia institucional. El sistema acumula obligaciones contradictorias y competencias solapadas que encarecen la operación sin beneficio para los ciudadanos. «La sobrerregulación impacta negativamente a la industria de telecomunicaciones, generando una carga regulatoria y administrativa ineficiente asociada a sobrecostos reales de implementación y sobrecostos potenciales por el riesgo sancionatorio ante eventuales incumplimientos»5. Actualizar esos instrumentos preserva los objetivos que les dieron origen.

Regular menos, regular mejor

La simplificación regulatoria reformula el criterio de intervención sin cuestionar el papel rector del Estado: el Estado actúa cuando existen fallas de mercado o cuando los objetivos de política pública lo requieren, y calibra el alcance de esa intervención según la evidencia disponible. «La presunción de la necesidad de intervención debe estar debidamente fundamentada en la existencia de una falla de mercado, circunstancia que es menos frecuente de lo usualmente aceptado».

Con ese criterio, el regulador deja de reaccionar a cada novedad tecnológica y pasa a diseñar el entorno en que esa tecnología puede desarrollarse. Los reguladores «deben actuar como arquitectos del ecosistema digital, utilizando su autoridad no solo para corregir fallas de mercado, sino para habilitar activamente la innovación, promover la competencia y proteger de manera efectiva el bienestar de los usuarios»7. Un marco efectivo descansa en cuatro pilares: un fundamento normativo con principios claros; instrumentos del ciclo regulatorio como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y las consultas públicas; la modernización continua mediante simplificación y digitalización; y enfoques innovadores como los sandboxes regulatorios y la autorregulación.

Evidencia desde la región: lo que funciona

En Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) eliminó 170 resoluciones obsoletas entre 2019 y 2020 y en 2025 consolidó todo el marco sectorial en una sola norma, la Resolución 777, que incorpora además principios para el uso de inteligencia artificial en el sector. En la subasta de espectro 5G de 2021, ANATEL estructuró más del 90% del valor adjudicado como compromisos de inversión obligatorios: esos recursos financiaron la expansión de redes.

Colombia eliminó el 25% de las normas vigentes en el sector mediante una revisión sistemática del marco regulatorio9. Perú adoptó en 2023 el Decreto Legislativo 1599, que permite a los operadores móviles destinar hasta el 60% de la tasa por explotación comercial a inversión directa en infraestructura 4G o modernización de estaciones 2G10. Esta medida «innova en la política de inversión, transformando parte significativa de una carga de naturaleza tributaria en una inversión estratégica en infraestructura que promueve la conectividad y ayuda a cerrar la brecha digital en zonas desatendidas».

La experiencia brasileña confirma que «la inacción regulatoria es más perjudicial, en cuanto consolida asimetrías, desincentiva la inversión y ralentiza el cierre de la brecha digital».

La simplificación como política de ciudadanía

Los debates regulatorios convocan a abogados, operadores y funcionarios. Los efectos, en cambio, los sienten las comunidades rurales que aguardan infraestructura que no llega, los emprendedores que necesitan conectividad para acceder a mercados y los estudiantes que dependen de internet para completar su educación. La inversión que no se realiza por exceso de carga normativa no llega a esas zonas.

«La simplificación y modernización regulatoria no son una opción sino un imperativo para liberar los recursos necesarios que permitan brindarle a la industria las condiciones necesarias para aumentar la posibilidad de expandir la infraestructura y alcanzar la meta de una conectividad universal y significativa, como lo define la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)».

Un marco regulatorio claro, predecible y actualizado beneficia a todos los actores del ecosistema digital: permite a los operadores planificar inversiones, a los reguladores aplicar normas con eficacia real y a los ciudadanos acceder a mejores servicios. La simplificación regulatoria le devuelve al Estado capacidad para ejercer con eficacia las funciones que le son propias.