Desde la Asociación Interamericana de empresas de telecomunicaciones (ASIET) observamos con preocupación la aprobación por parte de la Comisión Permanente del Congreso de Perú para elevar del 40% al 70% la velocidad mínima garantizada de los servicios de internet. Como señalamos ante la Comisión de Defensa del Consumidor, la medida podría suponer aumentos en el costo de la infraestructura, los cuales podrían perjudicar la asequibilidad de los servicios. Esto considerando que el costo del acceso a internet ha caído en Perú un 96% en los últimos 5 años.
Esta pérdida de asequibilidad resultaría particularmente negativa en un contexto de crisis sanitaria en el que sea ha demostrado lo esencial de garantizar la conectividad para el mantenimiento de la actividad económica, educativa y de relacionamiento social, y considerando que la apropiación y uso productivo de las TIC es un elemento clave en la necesaria recuperación económica. Coincidimos con las valoraciones tanto de OSIPTEL como de otros organismos internacionales en el sentido de que esta medida podría suponer una barrera de entrada a nuevas inversiones, generar consecuencias negativas en términos de cobertura y disminuir la variedad comercial de las ofertas para los usuarios.
Además de las consecuencias negativas en término de asequibilidad, acceso, cobertura, inversiones y ofertas comerciales, elevar artificialmente y de forma rígida la obligación de velocidad garantizada plantea retos técnicos que deben ser considerados antes de aprobar definitivamente esta medida, ya que la velocidad de conexión de un dispositivo concreto en un momento determinado responde a factores que trascienden a la propia infraestructura de red disponible, como son los servidores donde se alojan los servicios y plataformas sobre internet, la demanda de tráfico fluctuante en diferentes horarios y ubicaciones, la estructura física que rodea a una conexión, la ubicación de los dispositivos móviles o routers, e incluso los fenómenos meteorológicos o las condiciones del suministro eléctrico. Diseñar una arquitectura de red capaz de asegurar en todo momento y ubicación el máximo tráfico potencial a la máxima velocidad de forma simultánea, además de suponer altísimos costos, produciría un excedente de capacidad la mayoría del tiempo.
El desarrollo digital de Perú, respecto de los objetivos de mejora de cobertura, acceso y calidad de los servicios requiere medidas regulatorias integrales que promuevan las inversiones y faciliten el desarrollo de infraestructura. En concreto, el informe ‘Nuevo Marco Regulatorio para la Convergencia’ del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, calcula que Perú requería para el periodo 2020-2025 habilitar la posibilidad de que se desplieguen inversiones USD 35.000 millones para alcanzar los niveles de conectividad de los países más desarrollados. Así, la mejora de la conectividad pasa también por políticas públicas sectoriales con predictibilidad y seguridad jurídica, para promover la inversión necesaria.
Los instrumentos regulatorios deben construirse con la necesaria precisión técnica, descartando la vía del trámite legislativo acelerado, para realizar los adecuados análisis de impacto a medio y largo plazo. Para todo ello, entendemos necesario fomentar el diálogo público privado capaz de generar acuerdos sectoriales que lleven a maximizar los beneficios de la digitalización en el país y aseguren la expansión real de la conectividad.