Colombia, como el resto del mundo, fue permeada por las denominadas “Agencias Reguladoras”, quienes constituyeron un modelo institucional que permitía regular los diferentes sectores de la economía[1] y que, luego de diferentes reformas, desembocó en la aparición del Estado Regulador. Es así como, desde la expedición de la Constitución Política de 1991, nuestro país es un Estado social de derecho otorgándole al Presidente de la República diferentes funciones dentro de las que se encuentra la definición de política de administración y control de los servicios públicos domiciliarios[2], la cual, con la expedición de la Ley 142 de 1994, quedó delegada en las Comisiones de Regulación, agencias creadas para regular, entre otros[3], los servicios de telecomunicaciones. Fue entonces que se creó la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT, con lo que se dio apertura del mercado de telecomunicaciones y otras empresas pudieron iniciar la prestación de sus servicios en el país lo que significó mayor oferta para los usuarios.
En sus inicios, la CRT se encargó de regular las condiciones aplicables a los prestadores y servicios de telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil[4] en el sector rural[5]. Sus principales funciones incluían promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante, fijar condiciones de calidad de los servicios, de protección al usuario, establecer el marco de tarifas, adoptar normas técnicas y solucionar controversias.
Durante sus primeros años, la Comisión definió entre otras cosas las condiciones para la prestación de los servicios de telefonía, las condiciones de acceso y uso de las redes de telecomunicaciones del Estado y la interconexión de nuevos operadores. Implementó en 1996 el primer Régimen de Protección de Usuarios, reglamentó las tarifas tope de Internet conmutado, las condiciones de acceso, uso e interconexión para operadores de TV y para operadores de telefonía móvil, así como el Régimen de Calidad y la primera definición de banda ancha. Por otra parte, definió el primer régimen integral de reportes de información e introdujo los criterios para la definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia.
La transformación de la CRT como Regulador dio un primer paso en 2009, con la Ley 1341 que estableció el marco normativo del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), dando mayor alcance y funciones al Regulador respecto de todos los servicios de telecomunicaciones, con excepción de radio y televisión. Con dicha Ley, la CRT pasó a llamarse Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) quien con la Ley 1369 asumió además la función de regular los servicios postales en Colombia, con excepción del servicio postal universal.
Luego, con la Ley 1507 de 2012 se ajustó la normatividad de los servicios de televisión en Colombia, y se asignó a la CRC competencias para regular los mercados de TV, definir las condiciones técnicas y de calidad aplicables a las redes, y demás funciones contenidas en la Ley 1341.
El último gran paso de evolución de esta Comisión se dio en 2019 con la sanción de la Ley 1978, Ley de Modernización del sector TIC, con la que se conforma el Regulador Único Convergente de Telecomunicaciones, Postal y Contenidos Audiovisuales de Colombia. Dicha Ley introdujo modificaciones a la institucionalidad sectorial, ajustando la composición de la CRC a dos Sesiones de Comisión: la de Comunicaciones y la de Contenidos Audiovisuales, ampliando el espectro de sus competencias. Así mismo, impartió el mandato a la CRC de utilizar criterios de mejora regulatoria, como el Análisis de Impacto Normativo (AIN), en el desarrollo de proyectos regulatorios de carácter general, metodología que ya venía incorporando desde 2016.
Convertirnos en el Regulador único nos enfrentó al desafío de responder a los rápidos cambios y dinámicas de los servicios regulados, por lo que, al ampliar su campo de acción, la Comisión se centró en fomentar la innovación y aumentar la velocidad de adaptación del marco regulatorio haciendo uso de herramientas de regulación inteligente y novedosa que han facilitado la adopción del enfoque de mejora regulatoria en la CRC.
A continuación, presentamos algunas herramientas que sin duda nos ha permitido tener como resultado una regulación inteligente reflejada en una Agenda Regulatoria enfocada en la innovación y mejora normativa, acercándonos a convertirnos en un Regulador de Quinta Generación.
La metodología de Análisis de Impacto Normativo, desde 2017 hace parte fundamental del procedimiento interno de Diseño y Desarrollo y permite evaluar los efectos positivos y negativos de las regulaciones propuestas y existentes, a través de la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas[6]. Dicha metodología, también implica generar espacios de participación sectorial, que responden a estrategias de transparencia y gobierno abierto que, a su vez, permiten maximizar la efectividad de las medidas regulatorias.
En materia de simplificación, en 2019, como resultado del proyecto “Diseño y aplicación de metodología para simplificación del marco regulatorio de la CRC”, con la Resolución CRC 5586 simplificamos nuestro marco regulatorio suprimiendo el 25% de la regulación expedida hasta ese momento. En este sentido, es importante resaltar que la simplificación no se reduce a la disminución o eliminación de regulación, sino que se refiere a un concepto más amplio que incluye ajustes o mejoras en los procesos de interacción con los sujetos de la regulación y de estos con sus usuarios, así como la optimización, digitalización y automatización de los trámites. Lo anterior, fue uno de los objetivos de la Resolución 6242 de 2021 con la que promovimos la digitalización del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones enfocado en dos dimensiones: i) La forma en la que el usuario adelanta trámites y ii) la manera en la que recibe la información.
Como parte de la estrategia de datos abiertos creamos en 2018 Postdata, plataforma para consulta abierta de datos de los sectores regulados, implementada para reducir carencias de información, eliminar los costos de su adquisición, promover la toma de decisiones basada en evidencia y motivar el desarrollo de investigaciones. Actualmente esta plataforma cuenta con 157 set de datos, tales como: informes, tableros interactivos para consulta y Data Flash con análisis de información.
En relación con el uso de tecnologías emergentes para el manejo de datos y la innovación, estamos trabajando en la implementación de una herramienta de analítica de texto y aprendizaje automático con inteligencia artificial[7] para el proceso de solución de controversias, el desarrollo de un prototipo de analítica de datos que permite automatizar los procesos de recopilación, validación y análisis de reportes de información de tarifas de los agentes regulados mediante técnicas de Web Scraping[8], así como la Automatización Robótica de Procesos – RPA para el proceso de homologación de terminales móviles.
Finalmente, implementamos el primer Sandbox regulatorio para las comunicaciones, esquema experimental único en el mundo aplicado para este sector, que incluye el postal, y que brinda a las empresas la posibilidad de exceptuar productos y servicios del cumplimiento de la regulación durante un tiempo y espacio geográfico determinados para experimentar nuevos modelos de negocio en ambientes controlados por el Regulador. Sin duda, una de las grandes apuestas de la Comisión que permite facilitar la adaptación de la regulación e impulsa la innovación en la provisión de redes y servicios de comunicaciones.
La convocatoria se desarrolló en 2021 con un balance muy positivo, superando las expectativas, evidenciando el interés de la industria por innovar y la confianza en la CRC como Regulador. Al cierre de la fase de aplicación se postularon 23 propuestas de las que se habilitaron y evaluaron 10, para finalmente admitir 3 proyectos, de los cuales 2 están actualmente en la etapa de experimentación, dado que un proponente desistió. Los proyectos autorizados para entrar a la fase de experimentación permitirán determinar la viabilidad de modelos de negocio innovadores y analizar la pertinencia de flexibilizar el marco regulatorio vigente.
Los dos proyectos admitidos están enfocados en impulsar el acceso y uso de las TIC y dar respuesta oportuna a los cambios de la industria; a saber: i) Herramienta Service Operation Center (SOC), se refiere a mediciones de calidad móvil con enfoque en experiencia de usuario, a través de mediciones en tiempo casi real y uso de Big Data y minería de datos; y ii) Contrato único de servicios fijos y móviles, con el que se pretende unificar los contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en un solo documento. Este esquema no solo es aplicable a los temas de comunicaciones por lo que se tiene previsto utilizarla en temas de contenidos audiovisuales.
Por todo lo anterior podemos afirmar que es indispensable continuar potenciando y fortaleciendo el uso de estas herramientas de manera transversal en todos los sectores, con el fin de lograr marcos normativos cada vez más ágiles, adaptables a los cambios tecnológicos, flexibles a la incorporación de nuevos modelos de negocio y que respondan de manera efectiva, a las necesidades de los ciudadanos, la industria y el país.
[1] BIANCULLI Andrea, FERNÁNDEZ-I-MARÍN Xavier y JORDANA Jacint. The World of Regulatory Agencies: Institutional Varieties and Administrative Traditions [en línea]. Barcelona: Jerusalem Papers in Regulation & Governance, Working Paper n.º 58, 2013 [fecha de consulta: 24 mayo 2020]. Disponible en: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/SSRN-id2225138.pdf
[2] Constitución Política de la República de Colombia. Artículo 370.
[3] De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 142 de 1994, también se crearon Comisiones de Regulación para los servicios de agua potable y saneamiento básico, energía y gas combustible. Posteriormente, mediante el Decreto 947 de 2014, se creó la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte como Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica y adscrita al Ministerio de Transporte; sin embargo, aún no se encuentra en operación.
[4] Ley 142 de 1994. Diario Oficial de Colombia No. 41.433 de 11 de julio de 1994, Bogotá D.C., Colombia. Artículos 1, 68 y 69.
[5] De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, desde su promulgación, la Ley 142 de 1994 dejó de ser aplicable respecto a los servicios de telecomunicaciones y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia, salvo las excepciones establecidas en el mismo artículo.
[6] Con el uso de herramientas como la calculadora de criticidad, metodologías de multicriterio, costo/efectividad o costo/beneficio
[7] Con el apoyo de la empresa infórmese S.A.S
[8] Con el apoyo del LAB101 de la Universidad Nacional de Colombia.