1. La sostenibilidad financiera es un aspecto fundamental para el despliegue de infraestructura, ¿cuál es su opinión como banca de desarrollo en América Latina?
La sostenibilidad financiera es un aspecto crucial, no sólo para el despliegue de infraestructura, sino también para cualquier proyecto de inversión que tenga un horizonte de medio y largo plazo. Atributo, que en el ámbito de las telecomunicaciones cobra aun mayor relevancia dado que se trata de un sector caracterizado por una inversión intensiva y la constante evolución tecnológica.
En el caso de América Latina y el Caribe, el entorno es aun más desafiante. Bajos retornos comparativos sobre las inversiones respecto de economías desarrolladas que se encuentran más sofisticadas en la demanda por conectividad y uso de las tecnologías digitales, condiciones para el despliegue de infraestructura en entornos geográficos adversos y la necesidad de llegar a segmentos poblacionales en zonas apartadas que por condiciones estructurales desafían los modelos económico-financieros.
En dicho contexto, en adición a la adecuada planificación de las inversiones y la debida evaluación de riesgos en un entorno competitivo desafiante, las políticas públicas desempeñan un papel fundamental. Marcos regulatorios claros y estables que proporcionen seguridad y confianza; incentivos fiscales y financieros; la diversificación de fuentes de financiamiento (privada, pública, multilateral) y marcos de asociación público privada pueden permitir la mitigación y/o transferencia parcial de riesgos, así como la compartición de costos y beneficios, contribuyendo tanto a la sostenibilidad financiera de los proyectos como a la maximización del impacto económico y social.
2. El despliegue de infraestructura asegura la conectividad que la región precisa para promover el cierre de la brecha digital y una digitalización inclusiva, ¿cómo se seleccionan los proyectos a financiar por parte de la banca de desarrollo? ¿Cómo se toma en consideración el mercado ya existente? ¿Qué retos hay con respecto a la política pública desde la perspectiva de complemento al mercado con financiamiento proveniente de la banca multilateral?
En términos de la identificación proyectos, el propósito de la banca multilateral es apuntar a iniciativas que impacten en el desarrollo y mejora de calidad de vida de las personas. Desde CAF, nuestro propósito es claro: ser el banco verde y de la reactivación de América Latina y el Caribe. Meta a la que apuntamos desde nuestro Programa de Infraestructura y Transformación Digital desde el que buscamos proveer financiamiento y asistencia técnica nacional, subnacional y regional para el despliegue de infraestructura digital y de datos, así como el uso de tecnologías emergentes para la transformación digital de hogares, gobiernos, sectores productivos y clásicos (energía, agua, transporte), la prestación de servicios públicos (salud, educación) y la habilitación de un mercado regional digital.
En cuanto a su priorización, ello depende de una exhaustiva evaluación técnica, económica y de cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. El mercado existente es considerado en el marco de los estudios de factibilidad en donde se consideran dimensiones como: caracterización sociodemográfica sobre la distribución de la población, validación de la demanda insatisfecha, estudio de la oferta identificando las capacidades de las infraestructuras ya disponibles así como los tipos de servicios y costos asociados, y estudio de la demanda procurando identificar aquella insatisfecha así como una previsión de la demanda futura que viabilice el proyecto de inversión.
Con todo ello, los proyectos además de originarse con una visión de complemento al mercado, pueden estructurarse de manera que el financiamiento o equity de la banca multilateral pueda ser dirigido al sector público, al sector privado o a vehículos de propósito especial.
3. Los acuerdos público privados son fundamentales para el desarrollo de la economía digital en América Latina, ¿qué iniciativas exitosas podrían compartirnos desde CAF?
La colaboración público privada resulta central en un contexto en el que el sector público puede aportar en adición a las inversiones, know how y experiencia en tecnologías mientras el sector público puede permitir acceder a recursos financieros en condiciones más favorables, y marcos de políticas y regulaciones que viabilicen la innovación.
Un proyecto emblemático es el caso de Internet para Todos en Perú, que constituido como un operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR), instala infraestructura de telecomunicaciones donde el acceso a Internet es inexistente o se encuentra muy limitado. Infraestructura que es puesta a disposición para que operadores de telecomunicaciones puedan ampliar la cobertura de servicios móviles 4G LTE, beneficiando ya a más de 3 millones de peruanos distribuidos en más de 15.000 localidades rurales. Es de señalar, la puesta en marcha de IpT sólo fue posible gracias a un marco regulador que habilitó la existencia de operadores rurales.
Otro caso de interés el del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de Chile (FDT). Instrumento financiero del Gobierno de Chile que tiene por objeto promover el aumento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o urbanas de bajos ingresos, con baja o nula disponibilidad de servicios debido a la inviabilidad económica de ser atendidas por parte de la industria de telecomunicaciones. El FDT, no ejecuta directamente los proyectos que diseña, sino que los adjudica mediante concursos públicos a empresas e instituciones que los viabilicen. Iniciativa que a la fecha tiene más de 14 proyectos entre operación e implementación y en los que destacan programas para la conectividad en la educación, el proyecto de fibra óptica austral, fibra óptica nacional y proyectos regionales de última milla, entre otros.
Con el fin de ampliar y generar nuevas oportunidades desde este ámbito, desde CAF hemos lanzado un Laboratorio de Transformación Digital desde el que analizaremos las mejores prácticas a nivel regional e internacional y exploraremos modelos de financiamiento innovadores para el cierre de la brecha digital tales como el modelo de empresas especializadas, bonos de infraestructuras, esquemas de garantías perdidas, modelos de financiamiento combinado, entre otros.
4. Actualmente existen trabas al despliegue de infraestructura en América Latina, ¿cuáles son los principales desafíos que desde CAF ven para asegurar más y mejor conectividad para los latinoamericanos?
Con el objetivo de analizar y tipificar las barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, desde CAF hemos realizado diversos estudios tipificando casos como los de Colombia, México y Perú en donde logramos identificar multitud de barreras que fueron tipificadas en cuatro grandes grupos: (i) procedimientos necesarios para el despliegue, (ii) condiciones medioambientales, (iii) temas de salud, y (iv) tecnología.
De entre todas las barreras entre las que destacan requerimientos de información por parte de múltiples instituciones, la ausencia o prolongación de plazos para la obtención de permisos, tasas desproporcionadas o la incertidumbre jurídica, la falta de uniformidad en las normativas es uno de los factores que frena en mayor medida los despliegues.
Por ejemplo, la organización territorial de México divide el país en 32 entidades federativas y más de 2.400 municipios, por lo que, potencialmente, y bajo el amparo de las competencias otorgadas por la Constitución de México, podría haber tantas normativas distintas como municipios, lo que dificulta en gran medida la consecución de los planes de implementación. Ámbitos en los que México viene trabajando con importantes investigaciones que derivaron en recomendaciones a los Estados o lineamientos de compartición.
Por su parte además de marcos o códigos de buenas prácticas para favorecer la expansión de infraestructuras, países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y España han adoptado la figura del silencio positivo administrativo en leyes o marcos regulatorios sectoriales, fijando plazos máximos para la resolución de solicitudes y permisos para el despliegue.
Ámbitos en los que en definitiva el diálogo público privado sigue siendo decisivo para fomentar la colaboración e identificación de proyectos y espacios que maximicen el impacto de las inversiones sectoriales, así como la búsqueda conjunta de soluciones que permitan impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades.