La transformación digital suele asociarse con infraestructura, conectividad, inteligencia artificial, centros de datos o nuevas tecnologías. Sin embargo, una de las lecciones más importantes que hemos aprendido en América Latina y el Caribe es que el éxito de la transformación digital depende tanto de la infraestructura visible como de otra mucho menos evidente: la calidad de nuestras instituciones y de nuestros marcos regulatorios.

La región ha logrado avances significativos en conectividad. Más de 418 millones de personas utilizan Internet móvil y el ecosistema móvil genera aproximadamente 520 mil millones de dólares al año, equivalentes a cerca del 8% del PIB regional. Sin embargo, más de 225 millones de personas continúan sin utilizar Internet móvil y persisten importantes brechas de acceso, adopción y uso productivo de las tecnologías digitales.

Estas cifras reflejan una realidad que observamos con frecuencia en nuestro trabajo regional: los desafíos de la digitalización ya no son exclusivamente tecnológicos. Son, cada vez más, desafíos institucionales. Desde la experiencia acumulada por los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), he llegado a una conclusión clara: la mejora regulatoria constituye una infraestructura invisible que influye directamente en la capacidad de los países para atraer inversión, fomentar innovación, fortalecer la competencia y acelerar el desarrollo digital.

El primer reto consiste en cerrar la brecha entre la velocidad de la innovación y la velocidad de adaptación regulatoria. La inteligencia artificial, las plataformas digitales, la computación en la nube y los nuevos modelos de negocio evolucionan más rápido que muchos procesos regulatorios. Frente a esta realidad, el desafío no consiste en regular más rápido ni producir más normas, sino en construir instituciones capaces de aprender, adaptarse y tomar decisiones fundamentadas en evidencia. La mejora regulatoria debe entenderse como una capacidad permanente de aprendizaje institucional.

Un segundo reto es la tendencia a replicar modelos regulatorios desarrollados en contextos muy diferentes a los de América Latina y el Caribe. Los marcos de referencia internacionales son útiles y ofrecen lecciones valiosas, pero difícilmente constituyen soluciones universales.

La experiencia acumulada a través de acompañamientos técnicos que está desarrollando la CITEL en once países de las Américas nos ha mostrado que los desafíos regulatorios pueden ser similares, pero las capacidades institucionales, prioridades de política pública y condiciones de mercado suelen ser muy diferentes. Por ello, las soluciones regulatorias deben adaptarse a las realidades nacionales y no trasladarse automáticamente de un contexto a otro.

El tercer desafío es la insuficiente utilización de evidencia en los procesos regulatorios. Durante décadas, muchas decisiones se tomaron principalmente a partir de experiencias previas, percepciones o referencias internacionales. Hoy contamos con herramientas que permiten fortalecer significativamente la calidad del análisis regulatorio.

Los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), los Análisis de Impacto Normativo (AIN), las evaluaciones ex ante y ex post, las estrategias de datos abiertos y el uso de nuevas herramientas analíticas permiten construir regulaciones más eficientes y mejor adaptadas a la realidad.

En los procesos recientes de mejora regulatoria impulsados por la CITEL, se analizaron 59 instrumentos regulatorios, más de 812 páginas y más de dos millones de caracteres utilizando metodologías basadas en evidencia e inteligencia artificial para evaluar consistencia regulatoria e identificar oportunidades de mejora. Estas herramientas permiten fortalecer la calidad de la información disponible para la toma de decisiones y reducir la incertidumbre regulatoria.

El cuarto reto tiene que ver con la implementación. Una regulación bien diseñada no garantiza por sí misma buenos resultados. En distintos países hemos observado que existe una diferencia significativa entre aprobar una política pública y ejecutarla efectivamente.

Por ello, la mejora regulatoria debe incorporar desde el inicio mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación. Las hojas de ruta, los observatorios de seguimiento y los indicadores de cumplimiento permiten monitorear avances, identificar obstáculos y realizar ajustes cuando sea necesario. La experiencia acumulada en el marco de la Resolución AG/RES.2966 sobre expansión de las telecomunicaciones en áreas rurales y de la Resolución CP/RES.1288 sobre mejores prácticas en mejora regulatoria demuestra que la calidad regulatoria depende tanto de la formulación de políticas como de la capacidad institucional para implementarlas y darles seguimiento.

Un quinto desafío consiste en comprender que la mejora regulatoria es una responsabilidad compartida. Los avances más importantes observados en la región han sido el resultado de la colaboración entre gobiernos, reguladores, sector privado, academia, organismos internacionales y sociedad civil.

Precisamente esa visión colectiva inspiró los 14 lineamientos de mejora regulatoria aprobados por los Estados Miembros y Miembros Asociados de la CITEL. Estos lineamientos incluyen herramientas como AIR y AIN, transparencia regulatoria, simplificación normativa, regulación adaptativa, datos abiertos, gobierno electrónico, inteligencia artificial, fortalecimiento institucional, hojas de ruta y mecanismos de experimentación regulatoria.

En los últimos años, los sandbox regulatorios han ganado visibilidad dentro de los debates sobre innovación regulatoria. Sin embargo, constituyen solo una de las múltiples herramientas disponibles. Dependiendo del contexto, pueden resultar igualmente relevantes mecanismos como AIR y AIN, observatorios, laboratorios regulatorios, innovación abierta o regulación adaptativa. La verdadera innovación regulatoria no consiste en adoptar una herramienta específica, sino en desarrollar instituciones capaces de aprender y adaptarse continuamente.

Mirando hacia los próximos años, considero que la región debería concentrar sus esfuerzos en cinco prioridades: fortalecer el uso de AIR y AIN, consolidar estrategias de datos abiertos regulatorios, invertir en capacidades institucionales y talento regulatorio, promover enfoques de regulación adaptativa basados en evidencia y fortalecer los mecanismos regionales de cooperación para acelerar el aprendizaje colectivo.

La transformación digital requiere infraestructura visible. Pero también necesita una infraestructura invisible compuesta por instituciones sólidas, procesos regulatorios eficientes y capacidades permanentes de aprendizaje.

La mejora regulatoria no debe verse como una agenda administrativa ni como un ejercicio exclusivamente técnico. Debe entenderse como una política estratégica de desarrollo. Porque, en última instancia, la calidad de nuestras regulaciones influirá directamente en nuestra capacidad para atraer inversión, promover innovación y generar oportunidades para millones de ciudadanos en las Américas.