La justa remuneración de derechos en la industria audiovisual latinoamericana debe evolucionar para reflejar las nuevas dinámicas del consumo digital, promoviendo un equilibrio objetivo y sostenible entre creadores, distribuidores y usuarios.

Históricamente, las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC) ofrecieron una solución eficiente a un problema complejo: garantizar que los titulares de derechos de obras audiovisuales sean remunerados por su uso. Sin embargo, ante el cambio tecnológico, las reglas que rigen las relaciones comerciales entre los participantes de la cadena de valor del sector se han vuelto obsoletas, aumentando los contenciosos en las negociaciones entre los titulares de derechos y los distribuidores. La evolución acelerada del ecosistema digital, la multiplicación de los mecanismos de entrega de contenidos, la fragmentación de la audiencia, y la posibilidad de medir exactamente el uso de las obras, demandan una actualización del modelo de gestión.

La forma de gestión de derechos tiene su base en una lógica que era adecuada para un momento histórico en que la Radio y la Televisión eran abiertas, de alcance geográfico reducido, concentrados en pocos canales, con características de consumo casi fijo o muy predecible y en que los ingresos de estos “broadcasters” estaba basado en la venta de pauta publicitaria. Este mundo no existe más, el sistema está en crisis, lo que al mismo tiempo es una oportunidad para mejorar el entorno legal y regulatorio.

En virtud del momento en que las reglas o leyes que aplican al sector fueron creadas, los criterios utilizados para establecer tarifas fueron arbitrarios, poco claros o difíciles de verificar. La histórica falta de datos concretos y metodologías estandarizadas para la tarifación de los derechos de obras audiovisuales acarrea controversia constante entre las partes y alimenta un ciclo de litigiosidad con impacto en la cadena de valor.

Los derechos continúan siendo debidos – en caso de uso – pero se requiere una metodología de gestión transparente, equilibrada, objetiva y acorde a los tiempos actuales, que permita garantizar la correcta retribución por el uso de las obras protegidas. Adoptar un enfoque basado en evidencia de uso, racionalidad financiera y tecnología auditable en un marco de diálogo, permitirá consolidar un ecosistema más robusto, en el que el derecho de autor no sea motivo de conflicto, sino motor de la sostenibilidad de la industria audiovisual.

En la actualidad las empresas de Televisión Paga – independientemente del medio de entrega de la programación, se enfrentan a un escenario de doble o triple pago (“bis in ídem” / “double jeopardy”) por el contenido. Inicialmente, el uso de obras licenciadas es abonado a los programadores de contenido, que por su vez remuneran a los titulares de derechos, pero inmediatamente después las SGC reclaman nuevamente derechos (que en esencia ya han sido pagados y reconocidos) y volver a recibir por el uso y retransmisión de esos mismos contenidos, bajo la modalidad de derechos conexos. Este mecanismo, en muchos casos, no contempla con claridad si dichas obras han sido efectivamente utilizadas, ni reconoce que los operadores contribuyeron económicamente a la cadena de valor. El pago reiterado sobre un contenido en la misma modalidad debe acabar.

En la mayoría de los países de la región, las tarifas que imponen las SGC no responden a criterios objetivos, ni se ajustan a parámetros verificables de uso o valor generado. Se calculan sobre ingresos totales – que tenía lógica en el tiempo de la radio como único canal de distribución. Hoy incluyen rubros no vinculados al uso de obras (como equipos, seguros u otros servicios), se aplican por catálogo, no por consumo y se negocian de manera desigual, arbitraria y sin evidencia, a “ojo de buen cubero”.

Esta situación genera una creciente judicialización y una sensación extendida de arbitrariedad desde la perspectiva de los operadores de TV por abonados. Las SGC usan mecanismos legales y para-legales para interferir en las relaciones de comercio entre proveedores y usuarios con efecto deletéreo para el ecosistema digital.

El sistema necesita mayor previsibilidad y objetividad, y gracias a las tecnologías disponibles, hoy es posible medir con precisión el consumo real de cada obra: minutos vistos, frecuencia de reproducción, alcance y audiencia. Utilizar información real y datos permite establecer tarifas correctas, directamente vinculadas al valor generado por la visualización de las obras protegidas.

En base a los criterios expuestos, es recomendable desarrollar un modelo de tarifación basado en tres ejes fundamentales: a) retribución por uso efectivo; b) cálculo sobre ingresos atribuibles al contenido protegido; y c) simplificación de procesos de recaudación. El cálculo de las tarifas correspondientes a los distintos derechos de autor fortalece los derechos de los titulares a través de mecanismos adecuados a la realidad tecnológica actual.

Los casos positivos de acuerdos alcanzados en países como Chile, por ejemplo, demuestran que es posible avanzar hacia una regulación eficiente, que permite a las SGC ser remuneradas correctamente y a los operadores planificar dentro de un entorno previsible y de muy bajo nivel de litigiosidad.

Este debate es estratégico. Si no se corrige el rumbo, el sistema de gestión colectiva colapsará por su propio peso. Las SGC seguirán presionando sobre una base cada vez más pequeña de operadores legales, mientras el grueso del consumo migra hacia la piratería o a entornos sin regulación ni trazabilidad o desaparecerá atropellado por el avance de la inteligencia artificial.

Se busca construir un nuevo equilibrio. Donde el derecho a cobrar y el deber de rendir cuentas estén garantizados. Adonde todos los participantes de la cadena de valor tengan reglas proporcionales y la legitimidad se gane por transparencia.

América Latina puede liderar esta transición. La clave está en construir consensos y actualizar los marcos normativos con una mirada estratégica. Reformar no implica romper, sino mejorar. Si impulsamos esta mejora estaremos protegiendo a los autores y garantizando la vitalidad del contenido regional en un entorno digital cada vez más desafiador y pulverizado.