Garrett Hardin¹ acuñó el concepto «tragedia de los comunes» para ilustrar cómo los recursos compartidos que carecen de un sistema que incentive su uso óptimo tienden a ser sobreexplotados, y eventualmente agotados. Utilizó como ejemplo un predio donde varios pastores llevan sus animales a comer, gratis. Cada uno tiene el incentivo de agregar más animales para maximizar su beneficio, y el uso excesivo lleva a la degradación del predio perjudicando a todos en el largo plazo. En los bienes privados existe exclusión en el consumo, pues para consumir debe pagarse un precio; y también existe rivalidad, pues si yo consumo el bien ya nadie puede consumir el mismo. En los bienes públicos no existe ninguno de los dos, las fuerzas del orden nos protegen a todos y nadie paga directamente por ello. En cambio, los “bienes comunes” son aquellos que no tienen exclusión, pero sí rivalidad. El concepto se ha aplicado para regular la contaminación (pagos), la pesca o la explotación forestal (cuotas), y la infraestructura vial (peajes), sectores donde una cantidad finita de recursos debe ser utilizada sosteniblemente.

«La tragedia de los comunes» nos ayuda a entender el debate en torno a las redes de Internet y el uso excesivo que de ellas hacen las empresas proveedoras de contenido. En nuestro caso, las redes instaladas no tienen exclusión de cara a los proveedores de contenido (Netflix, Meta, YouTube, Amazon, TikTok y otros) pues ninguno paga por introducir contenido en el ciberespacio, pero si tienen rivalidad dado que el ancho de banda en uso por uno no puede ser utilizado al mismo tiempo por otros. El recurso limitado en cuestión es la capacidad de transmisión de datos en las redes instaladas, y aunque es posible invertir para ampliarlas, ello requiere un mecanismo de financiamiento y su retorno. Si los ingresos no cubren los costos, no habrá ampliación.

Tanto los usuarios finales como los proveedores de contenido usan las redes para la transmisión de datos, aunque solo los primeros pagan por el servicio de conectividad. Los proveedores de contenido utilizan las redes sin pagar, y argumentan que los usuarios finales son quienes demandan su contenido y pagan por el acceso a internet. Implícito en este argumento está la visión que solo los usuarios finales deben considerarse en el financiamiento de la infraestructura instalada, y en aquella por instalar. Sin incentivos alineados entre operadores de telecomunicaciones y proveedores de contenido, o su contribución a la expansión y mantención de las redes, se corre el riesgo de llevar al sistema hacia una situación insostenible, limitando la capacidad de nuevas inversiones.

Más aún, mientras que el alza de tráfico implica mayores costos para los operadores de telecomunicaciones, para los proveedores de contenido implica mayores de ingresos (de ahí que su incentivo sea aún más fuerte al sobreuso). Esto ha dado lugar al debate sobre la “contribución de sostenibilidad” (o “justa contribución” como se le ha llamado en Europa), para que los proveedores de contenido contribuyan en el pago de la infraestructura. La “contribución de sostenibilidad” no solo amplía la capacidad de inversión en el largo plazo, necesaria para enfrentar el crecimiento exponencial en el consumo de datos, también ordena los incentivos entre las partes. Sin preocupación por el efecto de su sobreconsumo en otros, los grandes proveedores de contenido envían enormes volúmenes de datos sin implementar medidas que racionalicen su uso para reducir la congestión que generan. En nuestra región la situación es aún más crítica debido a varios factores estructurales, como la necesidad de ampliar la cobertura y cerrar la brecha digital, el desafío de la geografía, menores ingresos per cápita, carga regulatoria y burocrática excesiva; además de otros factores coyunturales como altas tasas de interés, tipo de cambio desfavorable, y muy altos costos de seguridad, despliegue y operación. En definitiva, en América Latina la capacidad de red no solo es finita, sino que enfrentamos desafíos mayores a los europeos en mantenerla y expandirla.

El esquema descrito resulta inviable en el largo plazo. Con incentivos para sobre utilizar las redes, pero rivalidad en el consumo entre grandes usuarios, la capacidad instalada no dará abasto. Esto ya ocurre a nivel mundial y en Chile, donde el video en streaming ha llegado a copar el 75% de la capacidad instalada, fundamentalmente por cuatro grandes proveedores: Amazon, Meta, Netflix, y Tik Tok. A futuro el desafío es aún mayor, consideremos que el tráfico de datos se duplica cada año para notar que la situación ya es dinámicamente insostenible, y agreguemos que el impacto de la Inteligencia Artificial está por dimensionarse, pero que incrementará ostensiblemente el tráfico.

Desde el punto de vista de las empresas de telecomunicaciones el modelo actual no es sostenible. Esto lo han dicho claramente, pero es además evidente en sus balances, el precio de sus acciones, y la tasa de interés que el mercado financiero exige para nuevas inyecciones de capital. Si las empresas de telecomunicaciones son responsables de mantener y expandir la infraestructura de red, mientras que los proveedores de contenido generan la mayor parte del tráfico de datos sin considerar la externalidad negativa de su sobreconsumo, es fácil prever que a corto plazo se requerirá un ajuste.

Manteniendo la vista en soluciones privadas, es posible implementar tarifas basadas en el sobreuso de la red (por ejemplo, cualquier proveedor que consuma más del 5% de la capacidad de red), donde los proveedores de contenido paguen por el volumen de datos que transmiten por sobre un umbral. No se entrega ningún privilegio por este pago, es decir no habrá distinto trato en términos de velocidades, solo se cobra por el sobreuso.

Es claro por el debate en Europa, Asia y recientemente nuestra región, que de no existir un acuerdo privado deberá intervenir el Estado. Descontemos la opción obvia pero inviable en nuestros países de aportes públicos para mantener las redes, en Chile el aporte público a la infraestructura es apenas 1%. Un marco como el que discute hoy en Brasil o en Europa podría obligar a los proveedores de contenido a contribuir con los costos de infraestructura, o implementar un pago para financiar la expansión y mantenimiento de las redes. Las políticas deben equilibrar la necesidad de inversión con la promoción de un entorno competitivo y accesible para los servicios de internet.

En América Latina, donde las limitaciones financieras y estructurales son más profundas, y las necesidades de cerrar brechas digitales es mayor, la sobreutilización y la falta de incentivos a optimizar los tráficos por parte de los grandes proveedores de contenido llevará a problemas de congestión y presión financiera sobre los operadores de telecomunicaciones. Para evitar el deterioro de este recurso limitado y crecientemente necesario, necesitamos encontrar soluciones que aseguren sostenibilidad de largo plazo. Debemos ya considerar la implementación de tarifas por sobreuso de la red. La colaboración privada es la opción más deseable, aunque en su ausencia habremos de requerir en el presente la regulación adecuada, para así asegurar un futuro sostenible y eficiente para el acceso a internet.

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[1] Garrett Hardin, «The Tragedy of the Commons», Science, Vol. 162, No. 3859 (December 13, 1968), pp. 1243-1248