La piratería audiovisual es un fenómeno creciente en América Latina que dejó de ser un problema exclusivo de la industria para convertirse en una cuestión de alto impacto social.

Según datos de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) a diciembre de 2025, el 42,6% de los hogares con banda ancha en la región consume algún tipo de contenido pirata online, lo que equivale a aproximadamente 46,3 millones de hogares. Considerando un promedio de cuatro personas por hogar, esta cifra alcanza a más de 185 millones de individuos: un universo que incluye tanto a víctimas como a usuarios que, en muchos casos, resultan ser victimarios victimizados por el propio ecosistema ilegal.

¿Por qué hablamos de un problema social con víctimas y victimarios victimizados? Porque la piratería audiovisual dejó de ser percibida únicamente como una infracción a la propiedad intelectual que genera pérdidas económicas a titulares de derechos y distribuidores. Se trata de un fenómeno estructural que desincentiva la inversión, afecta la creación de contenido, debilita la cadena de valor y destruye empleo.

El caso del fútbol resulta ilustrativo. La evasión en el pago de suscripciones impacta directamente en los ingresos de los clubes, restringiendo su capacidad para invertir en infraestructura, competir en salarios, retener talento y sostener su función social. Esto incluye la promoción de otros deportes, el desarrollo de divisiones formativas y la generación de oportunidades para jóvenes. Lo que muchos aficionados desconocen es que, en algunos casos, los derechos audiovisuales constituyen la principal —o incluso la única— fuente de ingresos de las instituciones deportivas.

La piratería también perjudica de manera directa a los usuarios. Las organizaciones ilegales desarrollan bases de datos, exigen permisos invasivos sobre dispositivos y promueven servicios ilícitos adicionales, como el juego clandestino, fenómeno que se ha vinculado con el aumento de la ludopatía infantil. A esto se suma la ausencia de controles de clasificación de contenidos, que expone a menores a material inapropiado. Estas plataformas operan fuera de toda regulación, sin protección al consumidor, sin estándares de calidad y, en muchos casos, mediante prácticas fraudulentas.

Se acreditó que detrás de la piratería operan grandes organizaciones criminales transnacionales que explotan la actividad mediante vacíos legales y regímenes sancionatorios leves, utilizando su capilaridad para generar importantes ingresos y canalizar o expandir otras actividades delictivas.

Afortunadamente, diversas autoridades en América Latina dimensionaron la magnitud y complejidad del problema. Incluso en ausencia de marcos regulatorios específicos, algunos países desarrollaron —a partir de visión estratégica y voluntad política— esquemas de combate altamente efectivos, basados en dos pilares fundamentales: (i) bloqueos en línea e (ii) investigación y persecución penal.

En este contexto, tres países se destacan por sus avances y nivel de compromiso: Brasil, Argentina y Uruguay.

Brasil se posiciona como el caso más avanzado de la región, siendo el único que desarrolló una estrategia integral 360° a nivel gubernamental. Esta articula la acción del Ministerio Justicia, ANATEL y ANCINE, en coordinación permanente con el sector audiovisual.

El Ministerio de Justicia lidera la denominada “Operación 404”, una iniciativa focalizada en detectar, investigar y desarticular redes de piratería. Esta estrategia se traduce en causas penales concretas, con allanamientos masivos y condenas severas —las más altas de la región—, incluyendo casos de distribuidores de IPTV con penas de hasta nueve años y dos meses de prisión efectiva en régimen cerrado.

Las investigaciones no solo abarcan delitos de propiedad intelectual, sino también infracciones vinculadas a defensa del consumidor, lavado de activos y asociación ilícita. Inicialmente concebida como una operación local, la Operación 404 adquirió proyección internacional con la participación de Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Reino Unido y Estados Unidos.

Por su parte, ANATEL detectó que numerosos dispositivos TV Box utilizados para distribuir contenido ilegal carecían de homologación y contenían malware, constituyendo un riesgo para los usuarios. En respuesta, desarrolló un laboratorio especializado desde el cual coordina regularmente bloqueos masivos de dominios y direcciones IP asociadas a las infraestructuras que alimentan estos dispositivos. Asimismo, promueve iniciativas colaborativas —como hackathons— para optimizar estrategias de combate, e impulsó la prohibición de importación de estos dispositivos, complementada con órdenes de bloqueo dirigidas a los proveedores de internet en todo el país.

Finalmente, ANCINE dictó en 2025 —y reglamentó en 2026— una normativa específica que habilita el bloqueo de servicios piratas por infracción a los derechos de propiedad intelectual, medida actualmente en plena implementación.

Este enfoque coordinado ha permitido que Brasil registre hoy el menor nivel de piratería online per cápita en América Latina.

Argentina, a su vez, pese a carecer de regulación específica y contar con una Ley de Propiedad Intelectual vigente desde 1933, desarrolló acciones pioneras y de alto impacto. Fue el primer país de la región en ordenar el bloqueo de un sitio web (Cuevana, en 2011) y en alcanzar, en 2019, el dictado de bloqueos dinámicos de direcciones IP para la protección de eventos deportivos en vivo, siendo el segundo país en el mundo en hacerlo, luego del precedente de la Premier League en el Reino Unido. Argentina también fue el primer país de la región que avanzó con la incautación de dominios piratas.

Asimismo, la justicia argentina interrumpió el registro marcario de MagisTV, ordenó a Google la remoción de su aplicación de Android y llevó adelante el caso penal de antipiratería más grande de al menos América Latina, y sin dudas uno de los más grandes de la historia a nivel global, que permitió desarticular una organización global que operaba 28 aplicaciones, con más de 6,2 millones de suscriptores pagos y más de 20 millones de descargas al momento de los allanamientos —que se extendieron durante 24 horas—, incluyendo aplicaciones listas para ser activadas. Argentina logró implementar bloqueos dinámicos tanto en el ámbito civil como en el penal y es, incluso, el único país que logró erradicar a MagisTV y sus variantes, que ya no operan ni se comercializan en el territorio, ni distribuyen contenidos televisivos argentinos. Sin embargo, estos avances tan significativos no siempre fueron acompañados de manera consistente por algunos intermediarios clave del sector privado.

Por su parte, Uruguay fue el primer país de América Latina en legislar la prohibición de importación de dispositivos TV Box —incluso en tránsito— y en establecer un sistema de bloqueos administrativos de servicios piratas a través de URSEC, tanto en esquemas permanentes como en mecanismos específicos para la protección de eventos deportivos en vivo.

En definitiva, América Latina es una región que no quedó rezagada: comprendió la complejidad del fenómeno y comenzó a implementar soluciones innovadoras, comparables, y en muchos casos superadoras, respecto de las adoptadas en mercados más desarrollados.

Si antes el principal desafío radicaba en la articulación público-privada, hoy el reto central se encuentra en lograr un acompañamiento más activo y consistente por parte de los intermediarios del propio ecosistema digital.