La modificación del reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es un paso positivo hacia una mejor conectividad para los ecuatorianos

El Decreto que reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicado el pasado 19 de julio, es un paso en la buena dirección para mejorar la conectividad en Ecuador. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) considera positivo que la agenda regulatoria de las telecomunicaciones tome un papel relevante y se afronten las necesarias reformas para la promoción y estímulo del sector en pos de una mejor conectividad para todos los ciudadanos del país.

La modificación del Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones apunta en la dirección adecuada para avanzar en el desarrollo digital del país, mejorar el acceso a las redes y servicios de comunicaciones por parte de los ecuatorianos y maximizar los beneficios económicos de la digitalización. Resulta muy oportuno afianzar algunas definiciones técnicas de la regulación sectorial, a fin de fortalecer la seguridad jurídica y la certidumbre para promover la inversión en un entorno propicio para el desarrollo de la industria. La actualización de adecuados criterios acorde con las recomendaciones internacionales y la puesta en marcha de mecanismos de Play or Pay para optimizar el uso de los Fondos de Servicio Universal, son muy buenas noticias para la conectividad en Ecuador.

Según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), en Ecuador es necesario invertir en el período 2020-2025 USD 4.238 millones para que alcanzar niveles de conectividad a la altura de los países más desarrollados. Lo que requiere de un marco regulatorio actualizado que promueva la inversión, la innovación y la sana competencia y de una buena coordinación público-privada para avanzar en la universalización del acceso a los servicios.

Es necesario incentivar el crecimiento del sector de las telecomunicaciones para promover la conectividad, especialmente en las zonas alejadas, para impulsar la adopción de nuevas tecnologías de comunicación e información. Se requiere transitar de un modelo con foco recaudatorio hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en alcanzar los objetivos de conectividad en materia de calidad, cobertura y asequibilidad. Y en este punto, el Decreto 126 es una señal muy positiva. Esto impulsará desarrollo económico y bienestar social ya que, por cada 10% de crecimiento en Banda Ancha se esperaría un crecimiento en el orden de US$ 1.250MM, de conformidad con el PIB de Ecuador.

Sin duda, la extensión y calidad de los servicios en Ecuador mejoró en los últimos años gracias a las inversiones realizadas. Prueba de ello es cómo las redes sostuvieron el aumento de demanda durante la pandemia, sin embargo, aún existen grandes retos y oportunidades. En relación con lo expuesto, algunas medidas prioritarias para la sostenibilidad del sector y, por ende, una mejor conectividad, son (i) la eliminación de impuestos específicos sobre las telecomunicaciones -como el impuesto al consumo especial (ICE) y los pagos por concentración de mercado -; (ii) la homologación fiscal sobre el sector desde diferentes niveles de gobierno del Estado atendiendo a criterios de maximización de la conectividad y la asequibilidad; o (iii) la adecuación del reglamento de espectro y los pagos por derecho de uso para facilitar la inversión, considerando que tal como señala el nuevo decreto “la contraprestación por tarifas de uso del Espectro Radioeléctrico debe establecerse en base a los costos de financiar las actividades de control, gestión, planificación y administración del espectro llevadas a cabo por el regulador”.

De la misma forma, es clave ampliar los esfuerzos coordinados para potenciar las habilidades digitales y combatir la piratería de contenidos audiovisuales, lo que redundaría en una mejora del uso productivo de las TIC, de la conciencia social sobre el uso de las tecnologías digitales, e impulsaría la creación de empleo y la innovación, al tiempo que reducirían la pérdida de recursos fiscales al Estado.

En definitiva, se requiere seguir trabajando para la construcción de una Agenda Digital Nacional transversal, con políticas públicas y regulatorias congruentes con los objetivos de conectividad, construidas desde el consenso y la colaboración público-privada que permita alcanzar los objetivos comunes a mediano y largo plazo. La industria TIC comparte con el sector público la preocupación por el cierre de las brechas digitales, entendiendo que el acceso de los no conectados, por brechas geográficas, etarias, económicas o de género es prioritario. Para la consecución de los objetivos de conectividad, la industria reafirma su compromiso con Ecuador.

Para conocer en detalle las propuestas de ASIET visita: http://asiet.lat/una-agenda-digital-para-el-desarrollo-de-ecuador/