El Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina entre 2003 y 2016 ha crecido un 48%, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Sin embargo, la brecha en PIB per cápita que separa a la región latinoamericana del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países que aportan el 70% del mercado mundial, ha crecido de US$ 23.117 en 2003 a US$ 28.553 en 2016.
Por otro lado, la contribución de la productividad total de los factores de capital, trabajo y materias primas, denominada productividad multifactorial, al crecimiento económico de la región para los últimos catorce años ha sido negativa (-0,48%). La caída de la productividad multifactorial de América Latina se contrapone a la tasa de crecimiento de la misma variable, para igual período, en otras economías como China (3,52%), Corea del Sur (3,46%), Rusia (1,92%), e India (1,76%).
La experiencia internacional demuestra que la digitalización es un factor muy importante en el crecimiento de la productividad. Nuestros estudios indican que un aumento del índice de digitalización de 1% resulta en un incremento de 0,32% en el producto bruto interno, de 0,26% en la productividad laboral, de 0,23% en la productividad multifactorial y de 0,09% en la contribución de las TIC a la productividad laboral[1].
En este contexto, la pregunta clave es ¿Cómo América Latina puede acelerar el desarrollo de su digitalización y desplegar una infraestructura digital de clase mundial? Este interrogante se genera teniendo en cuenta que el tráfico de telecomunicaciones se encuentra creciendo en la región un 20% anualmente. Frente a esto, quien más invierte en infraestructura es el ámbito privado para evitar que las redes caigan por no soportar el creciente tráfico de datos y así, superar el desafío de soportar dicho crecimiento. Ante este panorama, el ámbito público, aparece solamente como un contribuyente a la causa.
La inversión en infraestructura de Telecomunicaciones, se encuentra a la baja en todo el mundo, motivada por el descenso en los ingresos de las empresas. La inversión de los países de la OCDE es tres veces mayor que la que se da en los países de Latinoamérica y el Caribe. Esta diferencia, se traduce en puntos claves como los avances en la penetración de Fibra Óptica, la velocidad de Banda Ancha (fija y móvil) y en menor medida la cobertura 4G.
Por este motivo, es que América Latina debe establecer prioridades en la mejora de su infraestructura de telecomunicaciones para llevarla a un nivel de clase mundial. La primera de esas prioridades es el despliegue aun mas intenso de última milla en redes de banda ancha. Existen en la actualidad en muchos países de la región, redes troncales nacionales que han expandido la cobertura hasta los puntos de presencia, pero no en la última milla. La cobertura promedio de banda ancha fija es del 93%, pero existen grandes diferencias de calidad de servicio entre las zonas metropolitanas y el resto del territorio.
En segundo lugar, generar redes de banda ancha ultra-rápidas. Las conexiones de fibra óptica representan tan solo 6% de las líneas de banda ancha. El despliegue limitado afecta la calidad de servicio, siendo la velocidad de descarga promedio de 6.4 Mbps. En este caso, la investigación demuestra que si se lograra una duplicación de velocidad de descarga, se generaría un aumento adicional del PIB de 0.30%[2].
Por último, el despliegue de redes 5G. Esta tecnología es crítica en términos de impacto en la digitalización de la producción y entrega de servicios públicos. La región ya está rezagada en sus planes de despliegue y es muy importante tener en cuenta al momento de implementarla, que la inversión requerida es extremadamente alta, aunque también lo son sus beneficios.
Para el logro de estos objetivos, es necesario el aumento de las inversiones, es decir, revertir la tendencia que tienen a la baja, y para ello es fundamental la presencia de las inversiones por parte de las empresas privadas de telecomunicaciones. El aumento de estas, depende de la migración a niveles de competencia moderados que incentive a los empresarios a tener que mejorar su infraestructura para poder ser más competitivos.
Las estructuras industriales consolidadas deben estar acompañadas con estímulos a la inversión. En el 2006, el mercado de telecomunicaciones de América Latina generó ventas por US$ 111,281 millones. A estos ingresos, se le debe restar los costos que afrontan las empresas para la prestación del servicio, por lo que les queda un monto de margen bruto de US$ 35.429 Millones. Pero de ese margen, han surgido inversiones por US$ 22,711 millones, -dividido en Infraestructura por US$ 22,109 millones y Pagos por espectro y permisos por US$ 602 mil-. A su vez, el mercado paga US$ 5,980 millones en Impuesto a la renta y cargas sociales, y US$ 3,460 millones en Contribuciones, impuestos y tasas especiales.
De esta forma, se puede observar como el nivel de gastos por inversión y pago de contribuciones, impuestos y tasas especiales, reducen ampliamente el margen de ganancia de las empresas (US$ 3,278 Millones), y, en consecuencia, perjudica la capacidad de inversión. Por eso, es importante encontrar una solución a la asimetría que se genera entre los ingresos y las inversiones.
En estructuras de mercado concentradas, la función regulatoria es fundamental a dos niveles: el Monitoreo en tiempo real de comportamientos que afecten el bienestar de consumidores y el Diseño de remedios correctivos. En entornos convergentes con cadenas de valor integradas, el regulador debe tener capacidad para controlar la existencia de asimetrías: Control de dominancia y/o asimetrías a lo largo de la cadena de valor y Necesidad de capacidad técnica en áreas nuevas.
Por su parte, la función de creación de incentivos a la inversión, se basa en garantizar simetrías entre sectores económicos en lo que se refiere al marco tributario, obtener Incentivos a la inversión privada para despliegue de infraestructura en zonas rurales y aisladas, y realizar políticas públicas que creen las condiciones para que se canalice la inversión privada en tecnologías digitales avanzadas (ejemplo, IoT, y 5G).
En este último caso, el Estado debe garantizar inversión donde el sector privado no invierte, construir redes troncales en regiones rurales y aisladas, realizar la promoción de redes de distribución de última milla para resolver la brecha digital (cooperativas, espectro no licenciado) y tener un manejo eficiente de los fondos de servicio universal.
El retorno económico y social de estas recomendaciones es claro. En caso de que América Latina converja en el desarrollo de su digitalización con los niveles de los países de la OCDE, la región alcanzará al 2030 un PIB per cápita adicional de US$ 983 (o sea, US$ 11.164). El escenario de convergencia en la digitalización logrará generar para la región un PIB acumulado adicional de US$ 708.460 millones entre 2017 y 2030 y 411.000 empleos anuales. Por otro lado, si la digitalización no se acelera, el PIB latinoamericano pasaría de representar 22,55% del de la OCDE a 21,81%, con lo que la brecha económica se ampliaría aún más que en la actualidad.
En este punto reside el gran desafío latinoamericano. En un contexto de disminución de las tasas de crecimiento, una de las palancas más importantes para estimular el crecimiento económico es el aumento de la productividad y para que la misma aumente, se debe incrementar la digitalización.
[1] Katz, R. La digitalización: una clave para el futuro crecimiento de la productividad en América Latina.
[2] Rohman & Bohlin (2012), «Does Broadband Speed Really Matter for Driving Economic Growth?”