1- ¿Cuán Informados estamos los Latinoamericanos en cuanto a derechos digitales y Privacidad? ¿Cuáles son los errores más frecuentes?
Yo diría que los latinoamericanos estamos poco informados respecto de nuestros derechos digitales (esto es, los humanos básicos aplicados a internet). La razón para esto es que no conocemos el potencial de internet y su influencia en todas las esferas de la sociedad. Pensemos, por ejemplo en la información alrededor de las elecciones, el consumo de noticias, el uso que se le ha dado en otros países para realizar protestas, etc. Esto nos muestra que hay mucho en juego en el uso de esta tecnología, inclusive nuestras prerrogativas más básicas.
De esta idea surge también los errores más frecuentes. Por ejemplo, solemos menospreciar las consecuencias para la privacidad que tienen los términos de uso de aplicaciones de todo tipo. Consecuentemente, no prestamos la suficiente atención a casos de censura contra grupos vulnerables o amenazas a la libre expresión como las propuestas de prohibición del anonimato.
2- ¿Qué nivel de protección como usuarios tenemos actualmente? ¿En qué situación estamos en comparación con regiones como EEUU o la Unión Europea?
Respecto de la protección de datos personales, el nivel es aceptable en los países donde existe legislación, aunque siempre sería bueno reforzar los mecanismos de contralor. Hay otros como Brasil y Paraguay que aún no cuentan con ley de protección de datos, lo que deja los usuarios en un vacío legal peligroso.
Respecto de la libre expresión, necesitamos leyes que aclaren la responsabilidad de los intermediarios de internet (proveedores de servicios, de conectividad y de hosting). Esas leyes deberán otorgar a los usuarios un nivel aceptable de protección y a los intermediarios una limitación de su responsabilidad de manera que encuentren predictibilidad e incentivos claros para desarrollarse.
En algunos casos, dependiendo de los países, será necesario tipificar nuevas figuras penales y en otros descriminalizar conductas, como el hacking ético. En todos los casos, es recomendable que las políticas públicas alrededor de internet sean trabajadas mediando la participación de los grupos interesados.
3- ¿Cómo podemos mejorar el sistema actual y qué hacer desde nuestro lugar de usuarios de Internet?
Como usuarios, podemos apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los académicos que se ocupan de la protección de los derechos digitales. También es útil informarse sobre los principios de la internet abierta, su funcionamiento y cuáles son nuestros derechos al utilizarla.
También podemos exigir al gobierno y empresas las garantías y niveles de protección adecuados para el aprovechamiento de la tecnología. Por último, las instancias de participación también son fundamentales: los mecanismos de gobernanza de internet brindan espacio a los usuarios finales para incorporar sus preocupaciones.
4- ¿Qué capacidad tenemos los usuarios para hacer primar nuestro derechos frente a la imposición de las condiciones de uso de determinados servicios en Internet?
La capacidad que tenemos frente a los servicios en línea es poca, ya que se trata de contratos de adhesión (es decir, que no son negociables). Hay que aceptarlos totalmente o abstenerse. Pero aún en estos casos, existen normas de orden público en diversos países que se imponen a estos contratos y establecen protecciones mínimas, aunque los hayamos aceptado sin reservas.
Ya fuera del área legal, debemos recordar que internet es una tecnología abierta y libre por lo que es posible encontrar opciones que se adaptan mejor a nuestras necesidades (o incluso desarrollarlas). Por lo tanto, la regulación de los servicios más importantes es sólo una respuesta posible, ya que la propia naturaleza de la red permite el surgimiento de cualquier otro servicio que pueda desplazarlos. La elección / co-creación del consumidor será lo que marque la diferencia.
5- ¿Cuál es el rol que le corresponde al Estado en este tema de Privacidad y Derechos digitales?
Al estado le corresponde el rol de elaborar una regulación inteligente, basada en incentivos y en estándares tecnológicos. A su vez, esa regulación debe incorporar mecanismos de cooperación internacional transparentes y legítimos (como los tratados de asistencia mutua). Las leyes de protección de datos también deben ser dinámicas para adaptarse a tecnologías futuras en la medida de lo posible. En todos los casos, es menester encontrar un equilibrio que compatibilice la protección de la intimidad y de los datos personales con el resguardo de la libertad de expresión El acceso a información.
6- ¿Cómo se puede evitar la superposición de “seguridad” vs. “derechos civiles” en casos de alerta?
Estos temas a menudo se presentan como una falsa dicotomía. La seguridad y los derechos fundamentales, como la privacidad, no están enfrentadas sino que se relacionan íntimamente y de hecho se refuerzan. Pensemos, por ejemplo, en la protección de la privacidad mediante el cifrado. Si bien el cifrado “fuerte” evita que se conozca el contenido de los mensajes cuando éstos se encuentran bajo escrutinio judicial, también constituye la tecnología fundamental para la protección de las infraestructuras críticas de internet y de las millones de transacciones que se realizan día a día. El creciente uso de la “internet de las cosas” presenta un desafío a este respecto, Lo que muestra que la tecnología debe avanzar hacia una compatibilización de valores incorporados a la red por diseño y permitir a la vez, limitaciones a las libertades que cumplan con requisitos de necesidad y proporcionalidad (y sean, por lo tanto, compatibles con los derechos humanos).
7 -¿Cómo podemos empoderar a la ciudadanía desde la educación y el acceso a la información para que hagan valer sus derechos y no caer en la espiral de “entregar a cambio de“?
Mediante el incentivo de la apropiación de la tecnología, en todos los grupos etarios y socioculturales. Para lograr la apropiación es importante conocer cómo funciona internet y cuáles son los principios que la convierten en una tecnología abierta, neutral y de potencial ilimitado. Para conservar ese potencial económico, cultural y político será necesario cambiar la visión actual de internet como un bien/servicio de consumo (escaso, fragmentado, unidireccional); y volver a la visión de esta tecnología como una herramienta habilitadora de derechos y potenciales humanos.