ASIET remitió la semana pasada una carta dirigida a la CONATEL en la que expresa su enorme preocupación por las informaciones recientes respecto a la posibilidad de que se establezcan sanciones graves para los operadores de telecomunicaciones en Honduras, ante la identificación de la supuesta transmisión de señales desde los centros penitenciarios.
El compromiso por parte de las empresas de telecomunicaciones para colaborar a enfrentar este tipo de problemas se ha plasmado en acciones concretas, en diversas iniciativas que la industria ha implementado conjuntamente con las autoridades en materia de intervención de las comunicaciones para la persecución del delito; la identificación y verificación de aparatos robados; o el desarrollo de sistemas de comunicación de emergencia.
Desde la Asociación hemos dado seguimiento a las medidas consideradas en el país para evitar el uso de las tecnologías de la información por parte de los internos en los centros penitenciarios, en congruencia con lo estipulado por la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios en septiembre de 2015. Ante la identificación de delitos cometidos desde dichos centros, mediante el uso de los servicios de telefonía e internet, y las dificultades que las autoridades encargadas de estos experimentan para impedir el ingreso de dispositivos, creemos que es fundamental que se analicen de forma amplia las implicaciones de las medidas adoptadas.
Es necesario tener en cuenta la complejidad técnica de las acciones requeridas . La configuración de las redes se basa en reforzar la continuidad de los servicios, no de interrumpirlos. Por eso, las redes se diseñan de forma que las áreas de cobertura se superponen, así, si una radiobase falla se reciben señales desde otra. Lo anterior se traduce en que la desconexión de una radiobase no genera una zona “de silencio”, sino que el vacío de conectividad se cubre automáticamente por otras celdas cercanas, por lo que no es una tarea sencilla desde el punto de vista técnico crear efectivamente zonas no conectadas, y en cualquier caso es imposible desconectar ciertas áreas sin afectar la disponibilidad y calidad de las comunicaciones de las zonas aledañas habitadas. Esta situación es la que se produce con la desconexión de las celdas cercanas a los recintos penales, especialmente si estos se encuentran ubicados en espacios urbanos.
Por otra parte, debemos atender a que las empresas privadas del sector han invertido de manera conjunta alrededor de US$7,500,000 en la adquisición y puesta en operación de bloqueadores, repuestos, operación y mantenimiento para el bloqueo de señales de telefonía móvil en los 24 centros penales del país, inversión que seguirá creciendo ante la demanda de bloqueo en los nuevos centros que están en construcción y los gastos mensuales por la operación y mantenimiento de dicho sistema.
Finalmente, entendemos que la erradicación de los delitos cometidos desde los diversos centros de privación de la libertad debería observarse como una tarea conjunta, en la que se privilegie la coordinación y la comunicación en lugar de la determinación de faltas. El éxito en la prevención de los ilícitos que se busca erradicar no solamente se basa en las posibilidades técnicas que proporcionan el bloqueo de señales y la suspensión de servicios; su logro recae fundamentalmente en impedir el ingreso de equipos terminales a los centros penitenciarios, en la información que la población tenga sobre la manera en que se llevan a cabo los delitos y en la implementación de inteligencia policial para la desintegración de las organizaciones del crimen organizado.
Conocedores de los esfuerzos que el Gobierno hondureño y CONATEL realizan en este importante tema, así como de la capacidad de las autoridades responsables de darle seguimiento, confiamos en que sus implicaciones habrán de ser revisadas a detalle, y esperamos que las consideraciones que planteamos puedan ser de utilidad para la importante labor que realizan.