En marzo pasado, mientras el virus de COVID-19 avanzaba con preocupación, los países comenzaban a cerrar sus fronteras y a establecer restricciones a la circulación o medidas más estrictas, como el aislamiento y las cuarentenas obligatorias, buscando reducir la propagación de los contagios.
Lo que no se detuvo, sino que muy por el contrario se aceleró notablemente como consecuencia de estas medidas, fue el proceso de adaptación de personas, organizaciones y sectores de la economía para incorporar herramientas digitales que les permitan seguir funcionando en un contexto de movilidad restrictiva. El cambio súbito hacia un entorno digital, signado por clases en línea, trabajo remoto, asistencia médica y servicios gubernamentales a distancia y entretenimiento desde casa, determinó una creciente demanda de conectividad, tanto móvil como fija, en todas partes.
Este proceso no tiene vuelta atrás: la demanda de conectividad seguirá siendo alta y expandiéndose hacia sectores que, antes de la pandemia, no lo consideraban un elemento económicamente relevante. Incluso aquellos rubros como pequeños emprendimientos, negocios familiares, talleres, mercados, entre otros, han encontrado en la conectividad un elemento que les permite continuar ofreciendo sus productos y servicios.
La infraestructura pasiva como columna vertebral
Una infraestructura sólida y con capacidad suficiente es la base de todo ecosistema de conectividad. La infraestructura pasiva, es decir, los sitios de telecomunicaciones y la fibra óptica son la primera capa de esta cadena de valor, permitiendo que los operadores móviles y otros proveedores de servicios de comunicaciones monten en ellas sus equipos y emitan señal. Para que esto ocurra, estos sitios (torres, mástiles y espacios en edificios o en vía pública) deben existir en un número suficiente y proporcional al de la demanda de los usuarios. Distintos análisis coinciden que en la región se requiere entre 3 y 4 veces la infraestructura actual para satisfacer la demanda de conectividad.
La gran mayoría de los gobiernos reconocieron la esencialidad de los servicios de telecomunicaciones durante la emergencia del COVID-19, aunque solo algunos pocos entendieron este rol crítico de la infraestructura pasiva. Son bien conocidas las restricciones y barreras que existen al despliegue de infraestructura digital, que pasan por la sobrerregulación o insuficiencia de ésta, plazos administrativos largos, pagos de derechos desproporcionados, falta de seguridad jurídica, restricciones de distanciamiento de sitios o de uso de suelo, entre otros.
También sabemos que los gobiernos y entidades territoriales, son por excelencia el nivel de gobierno clave para la facilitación del despliegue de infraestructura digital, ya sea por sus competencias naturales como por su cercanía al ciudadano, que es el beneficiario final de estos servicios.
Hacia una política pública digital integral
Adicionalmente, la infraestructura y la conectividad deben complementarse con una política pública que incorpore la capacitación de las personas para el uso de dispositivos e Internet. No sólo tenemos una brecha de conectividad relacionada con la cobertura, también tenemos una brecha de uso, en la que la población que vive en lugares donde hay cobertura simplemente no hace uso de la conectividad porque no tiene las herramientas de aprendizaje necesarias para explotarla. Una política pública digital integral, debería tener elementos que contribuyan a cerrar esos dos tipos de brechas.
La pregunta de todos los gobiernos que quieren empezar a trabajar para mejorar la conectividad en sus demarcaciones es ¿por dónde empiezo? ¿cuáles son los elementos fundamentales que debería tener una política pública digital integral? Hay dos elementos que no deberían quedar fuera:
- Aplicar el principio de simplificación administrativa y máxima facilitación al despliegue, mantenimiento y mejoras de la infraestructura digital, tanto activa como pasiva, lo que se traduce en el mínimo indispensable de trámites con los menores tiempos de respuesta posibles, estableciendo ventanillas únicas, medidas como el silencio administrativo positivo o licencias automáticas. Ello no sólo incentivará la inversión en este tipo de infraestructura, sino que, ayudará a cerrar la brecha digital. A mayor facilitación, menor brecha digital.
- Incentivar la educación digital en la población, para que un mayor número de personas aprenda a usar un dispositivo y a buscar contenido en Internet, como herramientas que les apoyen a digitalizar su educación, negocio y profesión. Desde luego, dándole prioridad a los sectores que se identifiquen como prioritarios dentro de cada agenda de gobierno (ej.: niños y niñas, adultos mayores, pequeños emprendedores). A mayor educación digital, menor brecha de uso digital.
En adición a este último punto, no debe soslayarse el tema de la desinformación. Más allá de que toda la evidencia científica disponible ha demostrado que las señales de radiofrecuencia vinculadas a infraestructura de telecomunicaciones no generan efectos adversos en la salud pública, en el último tiempo han comenzado a circular noticias falsas, campañas y teorías conspirativas incitando a oponerse a su despliegue.
Por ello, todos los actores que integramos el ecosistema digital -gobiernos, reguladores, empresas privadas y sociedad civil- debemos participar y apoyar activamente campañas de comunicación respecto de los beneficios de la conectividad y la necesidad de contar con más infraestructura que acompañe el progreso económico y social de las comunidades.