I.- IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA BANDA ANCHA
El desarrollo de la banda ancha representa un elemento fundamental para el avance de cualquier país y adquiere una relevancia aún mayor en aquellos que, como el Perú, buscan consolidar un crecimiento sostenible. La vinculación entre penetración de banda ancha y PBI fue destacado por la UIT, quien señala que, para los países como el Perú, un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha móvil puede generar un aumento del 2,04% del PBI.

La economía digital, soportada en la banda ancha, otorga a los países múltiples ventajas; por ejemplo, en el ámbito del comercio electrónico en nuestro país, este representó un 5,4% del PBI en 2023. Según el BID, la adopción de tecnologías reduce en un tercio las ineficiencias del gasto público, mientras que el ahorro en trámites con la digitalización de procesos reduciría los costos hasta en un 95% para el 2028.

En el Perú, a pesar de haberse mantenido un crecimiento económico sostenido en los últimos años, el progreso no se distribuye equitativamente en todo el territorio, puesto que la brecha se mantiene, resultando relevante el dato al 2023 de que 76,300 centros poblados no disponen de cobertura de servicios móviles, y que el 99% de estos centros tienen menos de 500 habitantes.

II.- RENTABILIDAD DEL SECTOR Y DESAFÍOS REGULATORIOS
La rentabilidad del sector de telecomunicaciones resulta fundamental ya que de ella dependen las posibilidades de financiar nuevas inversiones en infraestructura y tecnología. No obstante, un estudio del BID de 2023 señala que, si bien las operadoras en la región están experimentando un notable y constante incremento en el tráfico de datos, este aumento en la demanda no se ha reflejado en un crecimiento proporcional de los ingresos. De hecho, se indica que los ingresos muestran una tendencia progresiva a la baja, lo que resulta en márgenes de rentabilidad cada vez más frágiles para el sector.

En cuanto al marco regulatorio, los operadores han manifestado de forma reiterada su disconformidad con el régimen sancionatorio vigente. Las principales críticas se centran en el elevado monto de las multas, la prevalencia de un enfoque punitivo sobre el correctivo, la frecuente judicialización de las sanciones impuestas y la excesiva carga normativa que deben afrontar.

Recientemente la UIT enfatizó la relevancia de promover una “regulación colaborativa” entre los actores del sector. Este enfoque resultaría fundamental para garantizar la sostenibilidad de los servicios, ya que implica una coordinación activa y conjunta entre los diferentes participantes del ecosistema digital y regulatorio.

III.- INVERSIÓN, COMPETENCIA Y REGULACIÓN
Hacia el 2023, el OSIPTEL estimó que la inversión necesaria para cerrar las brechas de conectividad y avanzar hacia la implementación de la tecnología 5G ascendía, aproximadamente, a US$ 5,000 millones. En esta coyuntura, se debe destacar que el mercado peruano muestra un alto grado de competencia, y que, según el propio regulador, la participación de los cuatro principales operadores se ha vuelto cada vez más homogénea.

En el ámbito de las inversiones y la expansión de la cobertura, el MTC realizó la licitación de la banda de 3.5GHz que garantiza una inversión de aproximadamente US$ 506 millones y establece compromisos para atender 1,516 localidades rurales con servicios 4G, lo cual es un importante avance, aunque el reto final todavía persiste.

En cuanto a la carga regulatoria, es importante destacar la promulgación de la Ley N° 31809, actualmente en proceso, que dispone la revisión integral del marco regulatorio para simplificarlo y eliminar las normas innecesarias.

A pesar de los avances mencionados, el contexto político también incide en el desarrollo del sector. El reciente reporte de la OECD advierte enfáticamente que la incertidumbre política en el país puede frenar el crecimiento, dado el debilitamiento de la confianza empresarial y del consumidor, lo que podría dificultar la adopción de reformas orientadas a favorecer el crecimiento del sector.

IV.- EL RÉGIMEN SANCIONADOR Y LA CAPACIDAD PARA INNOVAR
En octubre pasado, el OSIPTEL aprobó la Resolución N° 102-2025-CD/OSIPTEL. El informe que sustenta esta resolución reveló un crecimiento excesivo en las multas anuales impuestas en 2024 en comparación con años anteriores, alcanzando un monto total de S/ 233´159,194.5; mientras que las del TRASU fue de S/ 10´489,314, tal como se muestra:

Por dicho motivo, el régimen sancionatorio ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de los operadores, debido a la apertura de procedimientos sancionadores por infracciones de baja relevancia. En esa línea, la misma OECD ha recomendado que el regulador armonice sus procedimientos, orientándolos hacia acciones que prioricen la gestión de riesgos, lo que permitiría normalizar la relación con los operadores y revertir el deterioro de la confianza.
Este escenario podría estar generando un “chilling efect”; es decir, un ambiente de temor que inhibe la innovación y la inversión necesaria para expandir los servicios, especialmente en las zonas rurales.

V.- PROPUESTAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO
Es conveniente destacar la necesidad significativa de inversión en el país, para lo cual se debe considerar la compleja geografía del país. Frente a ello, resulta pertinente establecer nuevos criterios para definir y medir el ámbito rural, lo que permitiría identificar con mayor precisión las zonas que carecen de servicios y ejecutar proyectos con mayor eficacia.

El marco legal peruano contempló desde hace varios años un trato favorable para los operadores en zonas rurales; sin embargo, esta política no se ejecutó en medidas concretas, salvo el caso del canon por cobertura que se estableció en el 2018. En el 2023 recién se estableció la reducción del pago de tasas para operadores móviles, así como el aporte al FITEL y subsidios para el pago de servicios. A la fecha, aún está pendiente la aplicación de la reducción de pagos con cargo al aporte al FITEL.

Sin embargo, la medida no debería ser limitativa, pues el incentivo podría extenderse incorporando también a quienes despliegan fibra óptica y a cualquier modalidad que contribuya a la mejora de la conectividad en zonas rurales. En el mejor de los casos, podría considerarse la exoneración total del aporte al FITEL, a cambio de compromisos de expansión.

VI.- PROPUESTAS EN EL ASPECTO SANCIONADOR
En el ámbito sancionador persiste aún la necesidad de introducir ajustes normativos, por lo que es necesario revisar periódicamente la normativa para fiscalizar aquello que en realidad sea relevante para el mercado y los usuarios y no desgastar recursos en faltas de menor gravedad e importancia.
Asimismo, resulta recomendable adoptar modelos innovadores y otras alternativas de financiamiento aplicados en otras jurisdicciones, como el caso de los Términos de Ajuste de Conducta (TAC) del Brasil, que ha representado una alternativa para la corrección de conductas de los operadores a cambio de compromisos de expansión.

VII.- CONCLUSIÓN
El problema de la brecha digital no es únicamente técnico o financiero, sino principalmente un problema de diseño regulatorio y coordinación institucional. La solución pasa por reorientar la función del Estado, de ejecutor de proyectos a facilitador y supervisor, y, a la vez, revisar el régimen sancionador para que actúe como un promotor de inversión en lugar de un freno al desarrollo.