La nueva ola que viene con el actual gobierno argentino está suponiendo el inicio de una serie de cambios en muchas de las áreas de acción gubernamental. Una de estas áreas es la que afecta al sector de las telecomunicaciones y el ecosistema digital en su conjunto; de esta forma se ha abierto en la actualidad un proceso abierto de reforma que va a desembocar en una nueva legislación, de cómo culmine este proceso va a depender el futuro del sector para los próximos años.
La reforma se antoja necesaria y urgente; esto es debido a que muy probablemente Argentina posea en la actualidad una de las legislaciones menos convergente de América Latina. Esta situación viene heredada desde por lo menos los inicios de la década del 2000. Desde entonces, la política sectorial ha estado caracterizada por la provisionalidad, la temporalidad, la falta de consenso y ciertas asimetrías regulatorias. Hemos observado durante estos años como la CNC ha estado intervenida hasta el año 2015 y los grandes proyectos legislativos como la Ley de Medios de 2009 y la Ley Argentina Digital de 2015 no contaron con el consenso necesario para generar un avance firme del sector.
Mientras esto pasaba en estos 16 años, el sector de las telecomunicaciones ha sufrido considerables transformaciones. En un contexto de cambios como el que nos encontramos, los paradigmas tradicionales que en el pasado sentaron las bases para el diseño de los esquemas regulatorios, son desafiados constantemente; llevando a que la regulación del pasado se encuentre ahora obsoleta y no refleje los cambios que demanda actualmente el sector. La regulación de la era preconvergente era autónoma por servicio; de esta forma por un lado teníamos los servicios de voz fijos y móviles y los primeros desarrollos de internet resultaban una vía de comunicación complementaria. La regulación estaba enfocada principalmente a promover y regular la competencia, a establecer requisitos de interconexión, de servicio universal o de calidad del servicio. Sin embargo en la actualidad las transformaciones tecnológicas han provocado que todo esto cambie; ahora mismo aunque los servicios de voz siguen siendo importantes, la conectividad es un servicio en sí mismo, existen modelos de prestación complementarios y cada vez más innovadores. Los servicios ya no son autónomos y se tiende cada vez más al empaquetamiento de los mismos con sectores otrora alejados como la TV de pago que ahora en la actualidad converge en un mismo punto. Además muchos de los servicios son sustitutorios, a las tradicionales llamadas de voz se le suma por ejemplo la voz ip y al tradicional sms se le suma la mensajería instantánea. La regulación en Argentina todavía se encuentra en la primera etapa y no refleja todos estos cambios a los que he hecho referencia.
Si uno se centra especialmente en el caso argentino, este además sufre en la actualidad de unas evidentes asimetrías regulatorias, particularmente entre los servicios de telecomunicaciones y los de TV Paga. Esta cuestión han afectado sin lugar a dudas considerablemente a la competencia. De esta forma, en Argentina se evidencia una discriminación competitiva basada en un período de protección para ciertos actores que dura ya 16 años y que el DNU 267 prevé alargar como mínimo dos o tres años más. Una discriminación competitiva por tanto, basada en un desequilibrio que consiste en que las empresas que ofrecen radiodifusión por suscripción pueden ofrecer servicios de telecomunicaciones pero al revés esto no sucede, y al mismo tiempo las empresas que proveen TV por satélite se ven impedidas de poder ofrecer otros servicios. Estas asimetrías no solamente dificultan una competencia armónica e igualitaria entre los distintos actores sino que además en última instancia perjudican los consumidores, limitando las ofertas comerciales y su capacidad de elección.
Es por tanto que la nueva legislación argentina debe servir para promover el avance hacia un marco equilibrado de competencia en el contexto actual de convergencia del sector, un marco basado en criterios de neutralidad tecnológica que permita que todos los operadores puedan ofrecer todos los servicios que su infraestructura pueda permitir. Se debe proceder por tanto a regular el servicio independientemente de la forma en la que este se provea. Esto supondría de facto la eliminación de asimetrías tanto en los servicios provistos directamente sobre las redes como de aquellos que se proveen a través de Internet. Esta igualdad, basada en la idea de a mismos servicios, mismas reglas unida a otra serie de estímulos deben suponer un marco normativo que facilite la inversión en infraestructuras, generando confianza y certidumbre debiendo minimizar las discrecionalidades además de establecer criterios claros para la asignación de más y mejor espectro radioeléctrico.
Por último, este modelo de acuerdo tiene que contemplar a todos los actores implicados, tanto grandes como pequeños, ya que todos se deben sentir integrados. Argentina posee una importante diversidad de actores; si nos referimos al mercado de televisión además de los tradicionales medios de radiodifusión, en lo que a sobre todo TV Paga se refiere, existe una importante gama de participantes, donde a las principales cableras se les suman pymes y cooperativas con especial importancia estas dos últimas en pequeñas localidades. Es necesario que la nueva regulación siga preservando esta variedad de actores y establezca las condiciones oportunas para que esto así sea; existen mecanismos regulatorios suficientes para ello y por tanto la defensa de la pervivencia de este modelo diverso no debe ser óbice para la eliminación de las actuales asimetrías existentes.
Debe ser ahora por tanto que Argentina avance hacia una regulación convergente del ecosistema digital que la convierta en la vanguardia dentro Latinoamérica. Se antoja indispensable, pero la oportunidad está abierta, por tanto es preciso aprovecharla.