Durante su exposición, Juan Jung, desarrolló características de la situación actual de la región, en donde mencionó la gran oportunidad que reprecenta 5G para IoT e Industria 4.0, y que “el futuro de América Latina depende en gran medida de la digitalización”. Al respecto mencionó lo descrito por un estudio de McKinsey en el que se advierte que si la región no produce un aumento en la productividad, “el crecimiento del PIB para los próximos 15 años será del 40% al 50% de los 15 años anteriores”.
“La digitalización es la clave para que la productividad cambie” dijo Jung, pero, se preguntó si el contexto actual de la región es adecuado para 5G, e inmediatamente comenzó a enumerar las desventajas para el despliegue, como por ejemplo, ARPU con una tendencia negativa (menor a USD10) y mucho más baja que en los países más desarrollados, (por ejemplo, Estados Unidos, USD40); Marcos de regulación obsoletos (de pre-convergencia); Restricciones para despliegues de red; Precios de espectro altos; carga impositica muy alta, entre otros.
El Director de Políticas Públicas de ASIET advirtió que, a pesar de algunas iniciativas interesantes, “América Latina se está quedando atrás en la digitalización, por ejemplo, porque “los operadores siguen invirtiendo en 4G, ya que primero deben rentabilizar estas inversiones”. Para que 5G represente un caso de exito, necesitamos reformas políticas y fiscales” dijo Juan Jung. Como contrapartida, realizó una propuesta de política fiscal para maximizar el potencial de la economía digital en nuestra región:
En primer lugar, una política fiscal que promueva las inversiones en infraestructura digital debe ser neutral en su enfoque. Todas las empresas deben pagar impuestos bajo las mismas reglas, de acuerdo con sus ventas y las ganancias que obtienen. Segundo, una política fiscal neutral debe basarse principalmente en impuestos generales, no impuestos específicos o especiales y por ejemplo, las contribuciones al Servicio Universal, uno de los impuestos especiales más importantes que se aplican a la conectividad digital, deben revisarse exhaustivamente. Y, en tercer lugar, una política fiscal en la era digital debe idear no solo una solución para el problema del impuesto a la renta (abordado por la iniciativa BEP), sino también para el problema del impuesto al valor agregado. Debe pagarse en el país donde se prestan los servicios y, se debe separar la política de espectro de la política fiscal.