La academia especializada en el análisis de cómo promover el desarrollo del sector de TIC lleva a cabo investigación independiente, rigurosa y basada en evidencia que ha proporcionado a la política digital con una guía sobre la contribución de estas herramientas a los diferentes sectores de la sociedad, sobre las tendencias tecnológicas así como mejores prácticas para impulsar su desarrollo. Asimismo, ha alertado sobre riesgos de implementaciones o falta de ellas de políticas que crean barreras a tal desarrollo.
Las reformas en telecomunicaciones implementadas en América Latina desde los años ochenta fueron diseñadas, en gran medida, en base a los resultados de investigación realizadas desde la academia. La literatura académica desde los años ochenta mostró con análisis técnicos y a través de evidencia empírica que el sector de telecomunicaciones requería de competencia efectiva para su crecimiento (Amstrong, Cowan y Vickers, 1994; Colville, 1986). Los avances tecnológicos en la provisión de telecomunicaciones tales como, el microondas, la fibra óptica y la telefonía celular fueron anulando la condición de monopolio natural que poseía el sector hasta los años setenta del siglo pasado. La recomendación fue abrir el sector a la competencia. Y, en efecto, la liberalización y privatización generaron un círculo virtuoso de desarrollo. Este progreso del sector ha sido documentado tanto desde la perspectiva de su contribución a indicadores de bienestar (Katz, Flores-Roux, Callorda, 2017), como desde la identificación de los mecanismos de impacto (Galperin, Viecens, 2016).
Sin embargo, a pesar de ello, se ha perpetuando la reproducción de desigualdades. La pandemia mostró lo que desde la academia había marcado hace más de treinta años: la importancia de la conectividad asequible y de calidad (Muñiz, 2021). A pesar de los esfuerzos de ampliar la conectividad, los programas de cobertura, en su gran mayoría, no fueron un componente central e integral de agenda digital en la región. Desde los telecentros hasta los más recientes Planes Nacionales de Banda Ancha no han sido suficientes para cumplir con la urgencia de que aún las poblaciones más vulnerables se apropien de las TIC (Mariscal, 2022). Aún el innovador concepto de microtelcos, promovido más desde la sociedad civil, es un modelo, en general, que no ha ofrecido ni la calidad ni el alcance suficiente para que las zonas más alejadas se incorporen a la sociedad del conocimiento.
Hoy en día, la investigación académica debe evolucionar para contribuir a fortalecer la política digital frente a nuevos retos. La política digital enfrenta la necesidad de resolver pendientes de conectividad de larga data al mismo tiempo en que surgen nuevos desafíos en un contexto de grandes avances tecnológicos y de una creciente globalización. Los países de la región requieren de una nueva agenda digital, que a diferencia de las anteriores, sea integral, colaborativa y esté a la altura de los riesgos que el uso de las plataformas digitales representan para vastos sectores de la población.
La aparición de la banda ancha como tecnología de propósito general, el acelerado proceso de digitalización y dataficación así como la presencia de tecnologías como la inteligencia artificial presentan nuevas oportunidades así como grandes desafíos para el desarrollo de la región. En particular, el uso extendido de las tecnologías y el hecho de que las sociedades se encuentren cada vez más atravesadas por la conexión a internet en todos los aspectos de sus vidas, si bien representa numerosas oportunidades, también supone grandes riesgos, pues las plataformas tecnológicas no son neutrales (CDHCM, 2021; Gordon, 2017; Hoffmann, 2020).
El uso extendido de la tecnología impone importantes desafíos en materia de derechos, pues no solo se mantienen importantes niveles de exclusión y brecha digital, sino que, aquellas poblaciones conectadas se enfrentan a grandes riesgos de sufrir violencia digital. Específicamente, aquellos grupos sociales que han sido históricamente vulnerados como mujeres, infancias, identidades diversas, personas de la comunidad LGBTIQ+, entre otros, son quienes continúan siendo víctimas de actos de violencia, revictimización y ataques dentro de las plataformas tecnológicas que violan sus derechos humanos más básicos y agravan su situación de vulnerabilidad fuera del mundo en línea (CEDAW, 2017; Harris and Vitis, 2020; Hicks, 2021; McNeal et al, 2018; West, 2014).
Sin embargo, el problema de la ciberviolencia sigue siendo subestimado por los propietarios de datos, las plataformas, los proveedores de internet y los hacedores de políticas públicas. No hay mediciones claras del problema, ni hay consenso sobre soluciones para abordar la violencia en Internet en la región (Barker and Jurasz, 2017; Goulds et al. 2020; ONU, 2018). Los tomadores de decisiones no tienen un consenso sobre la naturaleza del problema y las posibles soluciones, dejando todo este trabajo en manos de los actores de la sociedad civil, quienes abogan por soluciones de gobernanza que den cuenta de la magnitud de este problema público. Por lo tanto, una mayor investigación sobre este tema es fundamental para proporcionar conocimiento y desarrollar soluciones colectivas entre todos los actores relevantes.
Más aún, el desarrollo de nuevas tecnologías se da en un contexto en donde un recurso clave para el funcionamiento del modelo de negocio de las grandes empresas son los datos privados. Los gobiernos y la sociedad en general dependen de estas empresas para el desarrollo de infraestructura digital y para desarrollar soluciones de interés público. Sin embargo, los gobiernos tienen poco control sobre la gestión de datos personales de estas empresas y, no existe un enfoque compartido sobre cómo regular la privacidad y la protección de datos personales.
La región ha experimentado recientemente con nuevas políticas para enfrentar los desafíos de privacidad y la libertad de expresión. Uno de los modelos que resaltan es la mayor interacción entre la política de competencia y la política de protección de datos personales. Estas políticas hoy comienzan a interactuar en un territorio desconocido, ya que los datos, la privacidad y la competencia efectiva son componentes críticos de una política integral para mitigar estas tensiones y maximizar los beneficios de la inteligencia artificial en la región. Algunos países de América Latina están siguiendo el enfoque europeo para la protección de datos (General Data Protection Regulation, GDPR), con adaptaciones locales pero con un claro efecto en el ámbito de las políticas. Un ejemplo clave es el caso implementado por las autoridades alemanas, Bundeskartellamt, que llevó a cabo una investigación de alta repercusión en América Latina contra Facebook por abuso de explotación donde la privacidad es considerada como un factor que afecta la competencia. En 2021, la agencia antimonopolio de Argentina inició una investigación similar contra Facebook-WhatsApp por conducta anticompetitiva y ordenó la suspensión de los términos de servicio de WhatsApp, así como de su política de privacidad. En ese mismo año, Brasil siguió un proceso muy similar que consideró la privacidad como un componente de la competencia (Maqueo & Viecens, 2022).
Desde la investigación académica se ha insistido en que es crucial darle mayor importancia al tema de la exclusión digital en la agenda pública. Y, más aún, que esta agenda debe de ser transversal, integral, colaborativa al interior del gobierno así como con los sectores privados, sociales y académicos. Por esta razón y en respuesta a estas necesidades, desde Centro LATAM Digital (CLD) y otros numerosos centros académicos, se impulsan líneas de investigación que permiten explorar las experiencias de diferentes grupos sociales como mujeres, migrantes, identidades diversas, entre otras, en torno al uso de las tecnologías digitales, además del uso de ciertas tecnologías como, por ejemplo, la Inteligencia Artificial, como parte del diseño de políticas públicas que protejan sus derechos más básicos. La academia también tiene que actualizar sus líneas de investigación para contribuir con mayor eficiencia al diseño e implementación de una nueva agenda digital basada en evidencia.
Agradezco la colaboración de Silvana Andrea Leiva, Victoria Abatte y Adrián García en la elaboración de este artículo.