La severidad de la pandemia y la contingencia sanitaria por el COVID-19 han causado estragos en la sociedad y generaron enormes e inéditos problemas en los sectores productivos. Los servicios públicos y privados de salud, por ejemplo, se encuentran rebasados al tratar de atender a enfermos avanzados por el coronavirus. Hacia la primera quincena de junio, las estadísticas oficiales han registrado más de 19 mil fallecimientos por la pandemia. Muchas empresas cerraron sus puertas y actualmente enfrentan serias dificultades. Cerca de 100 mil MiPYMES podrían quebrar, lo que significaría una pérdida de más de medio millón de empleos. En este rubro, de acuerdo con el IMSS y el INFONAVIT, se han perdido 17,676 empleos diariamente desde el 18 de marzo hasta los primeros días de mayo. La CONCAMIN estimó que en México 1 millón 170 mil empresas cerrarán como consecuencia de la contingencia sanitaria.
Esta difícil situación se tradujo en un llamado a la acción que obligó al sector de telecomunicaciones, radiodifusión y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a reinventarse casi por completo para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales, ahora primordialmente en los hogares. El objetivo es tratar de asegurar el bienestar y la salud de todas las personas, así como mantener la actividad en el gobierno, las empresas, el comercio y las instituciones educativas, al tiempo en que se superan retos como el aumento del teletrabajo; la prueba de resiliencia de la infraestructura de comunicaciones fija y móvil; el crecimiento en el tráfico de datos y la potencial saturación de las redes; y el mantenimiento o expansión de infraestructura en medio de un alto riesgo de contagio.
Como una primera medida, y con el liderazgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la industria de las telecomunicaciones, la radiodifusión y las TIC cerró filas con el gobierno para determinar qué apoyos podían ejecutarse de inmediato en beneficio de la población. A este esfuerzo también se sumaron la sociedad civil organizada y la academia.
Entre otros resultados, los operadores ofrecen acceso gratuito a sitios con información oficial sobre las medidas sanitarias y otorgaron bolsas de mensajes SMS sin costo a las autoridades para difundir actualizaciones sobre la pandemia por periodos determinados. Se diseñaron paquetes de servicio de bajo costo y se ofrecieron facilidades de pago a los usuarios para mantenerlos conectados e informados.
Para reducir los efectos negativos de la pandemia sobre la educación y la salud, los proveedores de alta tecnología ofrecieron a estudiantes y profesores acceso gratuito a distintas plataformas para las clases en línea, evitando así que alumnos de todos los niveles perdieran sus respectivos ciclos escolares. Los servicios de salud también fueron beneficiados por aquel esfuerzo colaborativo. Los proveedores de Internet en zonas rurales, por ejemplo, acordaron con la SCT mantener la conectividad en hospitales y centros de salud, dando prioridad a aquéllos ubicados en zonas rurales. Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de Salud y con el apoyo de TELECOMM, organismo descentralizado de la SCT, y de algunos de sus proveedores, se dispuso temporalmente de una red satelital de banda ancha de alto desempeño que permitió al personal médico en 35 centros de salud y hospitales de 10 estados acceder a la telemedicina para intercambiar información en tiempo real sobre la curva de contagio de la COVID-19 y sobre los diagnósticos y tratamientos para los enfermos.
Aparte de su estela de dificultades, enfermedad y muerte, la pandemia de COVID-19 exhibió dramáticamente las diferencias entre las personas conectadas y las que aún permanecen fuera del mundo digital. De no haber sido por los medios radiodifundidos, por ejemplo, miles de personas en comunidades rurales y con altos o muy altos grados de marginación hubieran padecido la pandemia sin acceso a la información sanitaria y a otros servicios esenciales como la teleeducación. Esto, reveló que México aún carga una deuda de inclusión digital con más de 11 millones de personas desconectadas y con otras 13 millones que carecen de recursos para adquirir dispositivos de conectividad.
Otra triste realidad evidenciada por la pandemia es que, aún en zonas donde existen la cobertura y la conectividad, mucha gente sigue fuera del mundo digital por su falta de conocimiento y de habilidades digitales. Para contrarrestar esta situación, en los 32 Centros de Inclusión Digital que la SCT opera en todo el país, se abrieron cursos en línea y se concretó una alianza con Coursera, plataforma líder mundial de aprendizaje digital, a fin de ofrecer sin costo más de 3 mil cursos en línea y 50 mil becas en el desarrollo de habilidades que demanda la era digital.
Sin embargo, la pandemia reveló algunos aspectos rasgos positivos dignos de mención. Uno de ellos fue la activa participación de las radiodifusoras públicas en la comunicación sobre medidas sanitarias; en el apoyo a la teleeducación para más de 11 millones de alumnos en todo el país; y en la producción de contenidos de entretenimiento para los niños, y de asistencia médica, nutricional y emocional para quienes requerían esta ayuda en casa. Otro aspecto destacable fue el proceso de diálogo iniciado por la SCT y la Secretaría de Gobernación con las autoridades estatales y municipales para facilitar el mantenimiento y el despliegue de infraestructura para garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Éstas y otras muchas experiencias indican que el mundo no será el mismo al terminar la actual contingencia. En tanto llega la nueva realidad, podemos adelantar una reflexión sobre nuestro posible futuro: ya nos ha quedado claro que las telecomunicaciones, la radiodifusión y las tecnologías de la información se pueden convertir en verdaderos instrumentos de supervivencia. Es, por tanto, indispensable que estas herramientas tecnológicas sean confiables y seguras para toda la población y se construyan con características tales que les permitan ser resilientes, interoperables, flexibles y evolutivas.
Algunos efectos de la pandemia de COVID-19 llegaron y permanecerán. Ante ello, nuestro sector tiene la responsabilidad transversal de construir una base tecnológica y una infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión más robusta para que toda la población, sin excepciones, se vea beneficiada. Debemos convertir aquel llamado a la acción en el fundamento para intentar reconstruir un mundo mejor, más conectado y, consecuentemente, más justo y equitativo.