La piratería podría definirse como la acción de compra, venta o reproducción de contenido protegido por derechos de autor sin contar con la respectiva autorización, lo cual afecta no solo al desarrollo de las industrias de cine, televisión, música y entretenimiento, sino también impacta en la economía del Estado, puesto que reduce sus fuentes de ingreso y expone a los ciudadanos a ser víctimas de pérdidas financieras.
Para conocer cómo opera, se describirá la piratería más conocida como IPTV que es la compartición o distribución ilegal de señales a través de las conexiones de internet. Supongamos que existe una oferta de 2000 canales de provenientes de los principales operadores de TV paga del mundo; y a eso se añade 5000 películas, todo esto por USD 120 dólares al año; parecería ser una oferta increíble y a simple vista legal. Sin embargo, este tipo de servicios operados por piratas ofrecen contenido que han sido robados y se puede acceder por aplicaciones o dispositivos que se encuentren fácilmente en el mercado.
Cuando adquirimos este tipo de contenidos estamos afectando a toda la economía del entreteniendo que incluye los productores de contenidos, las empresas y al Estado. El impacto que existe para esta industria es la decreciente inversión para generar nuevos contenidos, lo cual implica menos contenidos disponible para el usuario lo que representa menos ingresos para las empresas, resultando en la disminución de creación de puestos de trabajo en la industria y menos recaudación por parte del Estado para poder contribuir al bienestar de los ciudadanos.
A esto, hay que añadir que el usuario no cuenta con una calidad de servicio y podría dejar de recibir el servicio en cualquier momento sin que pueda recuperar su dinero, o ver vulnerada su seguridad puesto que estos sitios tienen contenido inadecuado para menos de edad o malware que podría afectar el ordenador, sin mencionar que los ciberdelincuentes podrían también apropiarse de sus credenciales y datos bancarios para así ser víctima de estafa o usurpación de identidad.
Cuando se dice que los servicios ilegales posan un riesgo existencial para los servicios de televisión por suscripción legítimos no se está exagerando ni hablando de un futuro distante. El modelo de negocios de los servicios ilegales los vuelve demasiado atractivos para los consumidores y lucrativos para las personas que ganan a través de ellos, por esta razón existe un decrecimiento acelerado del sector, pudiendo inclusive tener como conclusión la salida de los operadores legales a muy corto plazo
Al igual que el resto de América Latina y el Caribe, Ecuador se encuentra en una lucha contra la piratería. Particularmente, en el Ecuador la piratería representa el 26% del total de la señal de TV paga, con lo cual se sitúa entre los once países con mayor penetración de piratería de la región, lo que conlleva ingentes pérdidas para el Estado en materia de recaudación y de generación de empleo.
Conforme a estimaciones realizadas, los proveedores ilegales manejan un mercado de aproximadamente 4.800 millones de dólares; y en el Ecuador considerando únicamente el tipo de piratería de retransmisión ilegal de señal se estima una pérdida anual para los operadores de TV paga de aproximadamente 63 millones de dólares; y para las programadoras la cifra ascendería a 34 millones de dólares. Tal como se ha mencionado esta actividad ilícita, no afecta únicamente a los proveedores de contenido, sino que afecta a toda la economía de entretenimiento y al Estado en general por la reducción en la recaudación de ingresos; por lo que se estima que para el 2022 las pérdidas fiscales ascenderán a 236,48 millones de dólares; y en consecuencia dejarán de generarse 1.000 plazas de empleo formal.
Este impacto tiene repercusiones más profundas que la rentabilidad de los programadores y prestadores de servicios. Por efecto de la piratería se pierden plazas de trabajo, el Estado recauda menos dinero, reducción de inversiones, el acceso a nuevas tecnologías se limita, e industrias relacionadas se ven afectadas. Este problema se agrava aún más si se considera que históricamente Ecuador no ha tenido políticas fuertes para combatir la piratería y en general para la protección de la propiedad intelectual.
En el año 2018, Ecuador por primera vez expidió una sentencia en un caso de piratería de señal de TV paga satelital. La investigación tuvo una duración de 4 años y fue un trabajo conjunto entre autoridades de control y de justicia junto a organizaciones internacionales. La sentencia dictaminó pena privativa de la libertad para dos personas por un año, una reparación patrimonial de 20.000 USD y una reparación extrapatrimonial con una publicación con la duración de al menos un año sobre la ilegalidad de los servicios IKS y de IPTV. Posteriormente en el año 2019 se realizó el primer bloqueo de IPs luego de que DirecTV y la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España presentaron acciones administrativas ante el SENADI, entidad encargada de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ecuador. Esta investigación concluyó con la incautación de 250 dispositivos de TV Box, computadoras y documentación y el bloqueo de IPs que permiten el acceso a MegaPlay, LikeTV y 5 URLS y portales web en el País.
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su organismo asesor de telecomunicaciones (CITEL), reconoció que “la televisión satelital por suscripción se ha visto afectada negativamente» por el uso generalizado de dispositivos de robo de señales «hasta el punto de poner en riesgo su desarrollo futuro”. CITEL ha instado a sus estados miembros a “establecer disposiciones para prevenir la importación, comercialización y uso” de tales dispositivos de robo de señales, situación ya contemplada en la normativa ecuatoriana y que tiene que actualizarse.
Sin embargo, es preciso considerar que la evolución tecnológica de la cual dispone la piratería dista del desarrollo regulatorio, y en consecuencia los vacíos legales existentes se convierten en oportunidades para la expansión de este negocio ilícito. Por lo que es preciso disminuir los vacíos legales existentes y desarrollar un marco regulatorio que vaya acorde al desarrollo tecnológico, acompañe a la expansión digital y cuente con las medidas necesaria para su control, más aún, considerando que, mediante la piratería, se explota de manera ilegítima y con fines de lucro los productos o contenidos audiovisuales protegidos con derechos de autor, e incluso en algunos casos a través de estos sitios se roban datos personales.
Si bien es cierto que es preciso crear un entorno adecuado que evite la expansión de esta actividad delictiva, es necesario también concientizar al usuario hacer énfasis en su educación y concientizarlo tanto para que pueda diferencia una oferta licita de una que no lo es, y conozca los efectos nocivos derivados de la piratería, ya que no solo se afecta al proveedor de servicio, sino a la sociedad en general a través de la reducción de ingresos fiscales.
De igual forma es necesario unir esfuerzos; se requiere la colaboración entre los organismos estatales involucrados, academia, proveedores de servicio, organismos internacionales. Aprender de experiencias expuestas, puesto que la piratería es un fenómeno global que al utilizar la tecnología para cometer su delito, le permite vulnerar intentos individuales y asilados que pueda tener un solo actor.
Por otra parte, teniendo en consideración que, al comparar la oferta de un proveedor legal versus una ilegal, la primera es más costosa, es necesario que el Estado tenga políticas públicas alineadas para ayudar al sector eliminando cargas tributarias y regulatorias permitando el crecimiento legal de esta industria y consecuentemente, fomentar el desarrollo de la economía naranja.