¿Qué tienen en común un yate, el champagne y los servicios móviles? La pregunta suena a broma, pero en muchos países de América Latina estos elementos comparten impuestos similares. La causa es un anacronismo. En sus comienzos, hace más de dos décadas, el dispositivo móvil era considerado un artículo de lujo al que solo accedía una minoría de altos ingresos. Los gobiernos, por ende, gravaban estos servicios como bienes suntuarios. La decisión permitía aumentar la recaudación fiscal sin un impacto social negativo dado el alcance y target limitado de los servicios.

Hoy, lejos de ser un privilegio, la conectividad es una herramienta básica de inclusión social, un insumo productivo fundamental y un catalizador de desarrollo económico. Sus beneficios son tantos y tan evidentes que expandir su llegada a cada rincón geográfico y cada ciudadano es política de Estado de todos los gobiernos.

Sin embargo, los esquemas tributarios del sector no se han actualizado para reflejar este rol central en la sociedad.

Un nuevo estudio de GSMA Intelligence con base en el análisis de 18 países de América Latina revela que, en 2023, los impuestos específicos a la conectividad móvil representaron unos USD 5.000 millones. Esto equivalió, en promedio, al 7% del costo total de la conectividad. En países como Uruguay, El Salvador y Guatemala, los impuestos específicos representaron menos del 2% de ese costo; mientras que, en Brasil, Honduras, Argentina y Bolivia, fueron una proporción del 10% a casi el 15%.

Estos impuestos específicos no son fichas aisladas en el tablero económico. Provocan un efecto dominó tanto en el ámbito de la conectividad como sobre la propia recaudación fiscal de los países. En este último caso, la fila de fichas no siempre cae en el sentido imaginado.

Las fichas sobre la mesa: los impuestos específicos a la conectividad
Los impuestos específicos recaen tanto sobre la oferta como sobre la demanda de servicios móviles. Los usuarios están alcanzados por impuestos específicos a la hora de comprar dispositivos y al activar y utilizar los servicios móviles: IVA más alto, aranceles aduaneros específicos aplicados a dispositivos y tasas de activación y numeración, entre otros.

Por su parte, los proveedores de conectividad móvil están sujetos a pagos únicos o recurrentes para licencias y uso del espectro, así como gravámenes basados en ingresos y aranceles aduaneros sobre los equipos de red. Los operadores también deben contribuir un porcentaje de entre el 1% y el 3% de sus ingresos, según el país, a los Fondos de Servicio Universal (FSU). Además de altos niveles de subejecución y escasa evidencia de resultados, financiar estos fondos sigue recayendo exclusivamente sobre los operadores, a pesar de la consolidación de otros actores beneficiarios de la conectividad, como las grandes plataformas digitales.

Los impuestos específicos a la conectividad móvil son tan significativos que en algunos países de la región representaron una porción de los pagos totales de impuestos cercana al IVA o el impuesto a las ganancias.

El efecto dominó sobre la inclusión digital
Los impuestos específicos incrementan los costos y, por ende, los precios de los dispositivos y servicios, lo cual actúa como freno a la inclusión digital. Esto afecta sobre todo a las personas de menores ingresos, más sensibles a la variable precios. La asequibilidad es la principal causa que limita el uso de internet móvil entre quienes viven en zonas con cobertura.

El costo del dispositivo es la principal barrera para acceder a internet móvil para la mayoría de los usuarios. De ese costo, en 2023, un 12% correspondió a impuestos generales sobre los dispositivos móviles y 6% a impuestos específicos. Estos últimos llegaron a ser tan altos como el 20% (Brasil).

El precio de los dispositivos, más el precio de activación y todos los cargos asumidos para conectarse por primera vez (prorrateados mensualmente), sumados al precio mensual del servicio móvil, permiten calcular el costo total de propiedad móvil (TCMO, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el TCMO no debe superar el 2% de los ingresos mensuales de un usuario para que el servicio sea considerado asequible.

En 2023, el TCMO para la población con los ingresos más bajos superó notablemente ese umbral en la mayoría de los países latinoamericanos analizados, yendo desde levemente por encima del 2% hasta el 8,8%. Chile, Panamá y Paraguay fueron los únicos países donde se alcanzó la asequibilidad para el 40% de la población con ingresos más bajos, aunque no para el 20%. En Argentina, Brasil, Nicaragua y República Dominicana, la carga impositiva (general y específica) presentó la mayor incidencia sobre el TCMO, por encima del 20%. En el caso de Argentina, esto cambiará a partir de 2026 gracias a la eliminación de aranceles aduaneros e impuestos internos sobre dispositivos implementada en mayo de 2025.

El efecto dominó sobre la recaudación fiscal
Más conectividad equivale a mayor digitalización. La digitalización, por su parte, mejora directamente la capacidad de recaudación tributaria al facilitar la presentación y pago de impuestos, reducir la informalidad, mejorar la trazabilidad de las transacciones y disminuir la corrupción. La conectividad también impulsa el crecimiento económico, la productividad empresarial y el comercio internacional, todos factores que amplían la base imponible de los países, lo cual mejora indirectamente la recaudación fiscal.

Aunque parezca evidente pensar que más impuestos equivalen a una mayor recaudación, la interrupción de la reacción en cadena positiva recién descripta puede generar el efecto contrario.

Para comprobarlo, GSMA Intelligence analizó y comparó el impacto sobre la recaudación fiscal de reducir los impuestos específicos a la conectividad móvil en dos escenarios: 2016 y 2023. La simulación reveló que el efecto neto de reducir los impuestos específicos a la conectividad móvil en 2016 habría sido negativo para los ingresos de la Hacienda Pública en todos los países analizados. En cambio, una reducción similar en 2023 habría generado un impacto multiplicador en la digitalización tan positivo que las ganancias habrían superado ampliamente la disminución generada por la quita de tributos. La reducción de impuestos específicos habría causado un aumento general en los ingresos fiscales con un rango que va desde un efecto neutro cercano a USD 0 hasta un incremento de USD 37 per cápita, según el país.

El momento de cambiar y dar el empujón a la primera ficha
El sentido común indica que gravar los servicios móviles como un yate o un champagne no es una política eficiente para alcanzar la conectividad universal. Los resultados del estudio lo confirman. Reducir impuestos específicos a la conectividad móvil podría reducir el TCMO y hacer asequibles los servicios móviles para más de 30 millones de nuevos usuarios en América Latina. Todo esto sin reducir la recaudación fiscal; por el contrario, pudiendo incluso incrementarla. Las autoridades fiscales y de telecomunicaciones de la región tienen en sus manos la oportunidad de empujar la primera ficha y poner en marcha el efecto dominó de más y mejor conectividad.