Transformar el Ecosistema Digital del país para alcanzar la inclusión y lograr la transformación productiva son algunos de los principales retos que tendrá el nuevo ejecutivo de Paraguay.
Entre los muchos retos que tendrá que afrontar el ejecutivo que surja de las elecciones presidenciales paraguayas del próximo domingo, uno de los más importantes tiene que ver con el desarrollo un ecosistema digital moderno y pujante. Ya no es posible hablar del sector de las telecomunicaciones de forma separada, sino de un mundo digital que afecta a todos los sectores de la economía. El desarrollo de internet y la digitalización de los procesos productivos debe ser uno de los principales objetivos de política pública del nuevo gobierno.
La cuestión no es baladí, en un país con un modelo económico enormemente vinculado a la explotación de recursos naturales primarios, no realizar un cambio en los patrones de productividad puede suponer un ralentizamiento económico que el país no se puede permitir, incompatible con los anhelos de desarrollo. La puesta en marcha de políticas públicas para incentivar la digitalización es la clave para dinamizar las estructuras productivas y permitir una transformación que lleve a generar más empleo de calidad y mejorar los estándares de vida de todos los paraguayos.
Transformar la productividad a través de la digitalización para aumentar el crecimiento, debe ser una prioridad transversal de la agenda de gobierno. Entre los muchos retos que plantea la digitalización de los procesos productivos, el primero y fundamental es conseguir cerrar las brechas de conectividad, que accedan a internet los paraguayos y paraguayas que aún no lo hacen, y lograr una infraestructura de telecomunicaciones de primer nivel capaz de ofrecer servicios de telecomunicaciones de calidad que satisfagan las demandas de toda la población. Es cierto que Paraguay ha avanzado mucho en los últimos años en materia de conectividad, sin embargo queda aún mucho trabajo por realizar, sobre todo si pensamos que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), todavía la mitad de la población no utiliza internet y el uso de la las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en empresas y pymes sigue siendo muy débil. Con estos mimbres todavía no estamos en condiciones maximizar el desarrollo de la economía digital.
El esfuerzo inversor y comercial de la industria ha hecho que acceder hoy en día a servicios de telecomunicaciones sea mucho más asequible de lo que lo era 10 años atrás; sin embargo las brechas digitales relacionadas con el contexto socioeconómico, el sexo, la edad y la zona geográfica siguen presentes. La realidad nos dice que no basta con la importante labor del sector privado, sino que son necesarias políticas públicas de primer orden que faciliten el acceso al mayor número de ciudadanos independientemente de su condición.
Paraguay necesita una agenda de política digital capaz de crear un ecosistema favorable a la inversión, donde unas de las máximas premisas sean la estabilidad y la seguridad jurídica. Una política de espectro razonable y orientada a la maximización de los servicios junto a regulaciones armonizadas que faciliten el despliegue de infraestructura, como ya se viene trabajando desde el periodo anterior, es fundamental. Adicionalmente, la flexibilidad comercial se ha demostrado como una herramienta efectiva para que las empresas puedan ofrecer planes comerciales adaptados a las necesidades de los usuario.
Toda política de masificación del uso de las TIC que quiera tener éxito debe partir de las más altas instancias y afectar de manera transversal a todos los sectores. Las políticas de masificación del uso de internet deben afectar a todas las áreas, incluida la impositiva, dado que un limitante grave del uso de internet es el alto nivel de aranceles que en Paraguay tiene el acceso a equipos, sobre todo si tenemos en cuenta que hay que añadirle el IVA que estos soportan. A quien más afecta las altas tasas impositivas es a los consumidores, sobre todo los de más bajo poder adquisitivo, que deben hacer enormes sacrificios para acceder a tecnología. Ni que decir tiene el importante esfuerzo inversor que supone digitalizar pequeñas empresas de bajos recursos, es clave fomentar la digitalización de Pymes y medianas empresas, generadoras del mayor número de los empleos. Es interesante en este sentido que puedan implementarse políticas impositivas livianas como las desarrolladas por el gobierno colombiano, que han permitido el acceso a TIC a un importante porcentaje de la población con especiales dificultades.
Cuando hablamos de política pública, cómo regulamos el sector resulta fundamental. En este sentido, para maximizar la confianza y la estabilidad, es fundamental que el nuevo gobierno sepa adecuar la regulación a un contexto de convergencia tecnológica como el actual, revisando viejos paradigmas del pasado que a día de hoy resultan obsoletos y generando una carga regulatoria moderada y razonable que no suponga un freno al desarrollo del sector. La clave de la convergencia es que hoy todas las redes (cobre, fibra, móvil, cable, satélite) pueden ofrecer todos los servicios (telefonía, internet y contenidos audiovisuales), y que los consumidores pueden satisfacer sus necesidades de comunicación a través de diversas soluciones tecnológicas. Entender esto y aplicarlo a la actualización regulatoria es ineludible.
Una cuestión esencial para tener una infraestructura de telecomunicaciones de clase mundial es, como mencionamos, la disponibilidad de espectro. Paraguay debe seguir avanzando decididamente en este sentido, fundamentalmente destinando nuevas bandas a servicios móviles que le acerquen a las recomendaciones de organismos internacionales como la UIT. Pero sobre todo, si queremos afianzar las inversiones, hay que cambiar el horizonte temporal de la vigencia de las licencias de espectro: 5 años resulta un período insuficiente, sobre todo si a esto le unimos precios por encima de la media regional. El espectro radioeléctrico no es valioso por sí mismo, sino por su potencial de generar un alto impacto social y facilitador del desarrollo social, económico y del bienestar general. Es fundamental por tanto que la disposición de espectro otorgue la seguridad jurídica necesaria que garantice la inversión en el sector.
El cambio de paradigma económico fruto de la revolución digital no es una elección, el impacto de las nuevas tecnología ha venido para quedarse. Por ello, el nuevo gobierno paraguayo necesita hacer bandera de esta transformación con una política pública al más alto nivel, donde el diálogo intrasectorial resulta fundamental. El diálogo público privado y la colaboración debe ser una guía para los próximos 5 años. El próximo es un nuevo período gubernamental clave para el desarrollo económico y social del país, donde es ineludible la elaboración de una agenda país que consolide el desarrollo digital de Paraguay, y en la que participemos todos los actores involucrados, desde el sector público y privado, a la sociedad civil y la academia.