América Latina y el Caribe, como región, aún enfrenta el desafío de desarrollar su ecosistema digital como una condición necesaria para lograr un crecimiento con equidad y la transformación de su aparato productivo. Para ello, debe aumentar en primer lugar la tasa de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones a los niveles que evidencian los países desarrollados. Las economías de la OECD, por ejemplo, destinan un 50% más de recursos a la expansión de redes de comunicaciones en términos per cápita que el promedio de países de América Latina y el Caribe. La región solo invierte un poco más que África y algunos países emergentes de Asia Pacífico. De continuar esta brecha, no se podrán internalizar los beneficios de la economía digital y, peor aún, las brechas sociales seguirán creciendo al limitarse, por ejemplo, la oferta de servicios digitales de calidad y una mayor asimilación de tecnologías digitales en los sectores económicos, entre otros.
Dentro de las razones que explican esta situación están la ausencia de incentivos institucionales y de mercado que promuevan una mayor invesión en infraestructuras para habilitar la transformación digital de las economías. De no superarse la dificultad que enfrentan algunos países para modernizar el andamiaje normativo a la realidad del mundo digital, será dificil masificar el uso de internet en cerca de 300 millones de personas que aún no lo usan o no puede acceder a este servicio. Igualmente, para ese universo de 99.5% de pequeñas y medianas empresas que representa el tejido empresarial de la región, se dificultará superar las barreras de productividad y competitivdad, con un impacto negtivo en su contribución al crecimiento económico de los países.
Es fundamental, por ejemplo, repensar el diseño y uso de los fondos de universalización, así como imaginar nuevos mecanismos que apalanquen la inversión en zonas remotas y donde todavía los costos de despliegue y acceso hacen imposible la conectividad de hogares de bajos ingresos. Un claro ejemplo de innovación en este sentido es Internet para Todos, IpT, la empresa de telecomunicaciones que se hemos creado con aportes de Telefónica, Facebook, el BID Invest y CAF para ofrecer servicios de internet móvil a cerca de 8 millones de personas en Perú que viven en centros poblados y alejados de los beneficios del mundo digital.
No se puede desconocer que desde finales de la década de los 90, cuando se empezaron a implementar ambiciosos programas de masificación de internet y a crear las condiciones para la expansión del ecosistema digital, han habido avaces importantes. El Observatorio del Ecosistema Digital de CAF, por ejemplo, muestra cómo la digitalización en América Latina entre 2004 y 2015 creció en más del 100%, impulsada por una combinación de factores que revelan la importancia de la solidez institucional, la intensidad competitiva y la expansión de redes y una mejor estructura de costos que facilitó la asequibilidad de los servicios. Los retos hoy en día son ciertamente diferentes.
Consumidores y empresas viven una realidad digital limitada por conexiones de alta velocidad en hogares y negocios, barreras al desarrollo de las industrias digitales regionales y la digitalización de las cadenas de producción que facilite la inserción de los países en las cadenas globales de valor.
Promover la digitalización de los países de América Latina y el Caribe es crítico por cuanto la inversión en redes de banda ancha y la innovación digital en América Latina, siendo aún limitadas, han evidenciado un rápido avance que ha significado cerca de 200 mil millones de dólares al PIB regional en un período de once años. Detrás de esta dinámica, se evidencia nuevamente un componente relevante de políticas públicas, así como importantes iniciativas privadas que trascienden los diferentes estadios de la nueva cadena de valor de internet.
Este proceso marca importantes retos para los esquemas de regulación tradicionales, así como nuevas tensiones que aparecen en cualquier proceso de destrucción creativa. Los mercados de conectividad e internet, sujetos a rápidos avances tecnológicos y economías de red, evidencian unos patrones de creación y transferencia de rentas que dejan de ser estáticos en el muy corto plazo, y requieren de un proceso institucional y de iniciativa privada de respuesta igualmente flexible para maximizar las oportunidades de creación de riqueza que aparecen en el entorno digital. Acá no podemos ser parsimoniosos.
Lo anterior necesitará fortalecer las capacidades de innovación digital de la región, mediante la coordinación de las diversas fuentes de financiación público-privadas, el aumento en las tasas de inversión en infraestructura de banda ancha, y un refinamiento en las competencias del capital humano que soporta el desarrollo del ecosistema, entre muchos otros temas.
En este nuevo escenario, la Agenda Digital de CAF ha venido contribuyendo con diferentes iniciativas a la expansión del ecosistema digital de América Latina y el Caribe con acciones que van desde la expansión de la conectividad de banda ancha, la modernización de los esquemas regulatorios e institucionales y la digitalización de los sectores productivos. En materia de infraestructuras, por ejemplo, se han financiado proyectos para el despliegue y mejora de la infraestructura de telecomunicaciones de red troncal y red de acceso, de conectividad internacional y el uso eficiente de la red, de conexión de los puntos estratégicos del país o la instalación de nodos de intercambio dentro del país (IXP), redes de distribución de contenidos (CDN) e infraestructura critica para el desarrollo de internet.
Los retos en la nueva agenda digital para América Latina y el Caribe van desde la ubicuidad de Internet, la convergencia tecnológica, las redes de alta velocidad, la economía digital, el gobierno digital y el uso de tecnologías emergentes en la gestión de las ciudades y la competitivdad de los sectores económicos, sin dejar de lado las necesidades pendientes de resolver en el acceso y uso de las TIC. Por ello, CAF ha promovido acciones orientadas a la profundizar la digitalización de los sectores económicos con base en tecnologías maduras y emergentes (IoT, cloud, big data, analytics, cibersegurdad, etc) para mejorar la productividad de los países, junto con importantes aportes a la armonización y coordinación de políticas para un mejor acceso regional a bienes y servicios digitales transados sobre plataformas de internet.