Una eventual imposibilidad de establecer esquemas que promuevan el uso justo de internet puede afectar la estabilidad en la provisión de banda ancha para toda la población.
Las políticas de uso justo y los esquemas de precios basados en los niveles de consumo constituyen alternativas efectivas para promover la eficiencia en la oferta de servicios, además de que ofrecen opciones que resultan más atractivas para los consumidores.
En años recientes, Costa Rica ha avanzado de forma importante en materia de conectividad y acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Entre el 2010 y 2015 el número de usuarios de internet creció en más del 60 por ciento y los precios de los servicios móviles se colocaron como los más asequibles en América Latina, según el Foro Económico Mundial. Sin embargo, el país mantiene rezagos importantes que es necesario atender: más del 35 por ciento de la población no tiene acceso a internet y las velocidades promedio con que se ofrece dicho servicio a los costarricenses, pese a su sostenida mejora, continúan siendo de las más lentas en América Latina.
La regulación vigente ha tendido a desalentar las inversiones y ralentizar la aparición de esquemas comerciales novedosos; ante el considerable aumento en el uso de internet en la utilización de nuevas aplicaciones y recursos en la red por parte de los usuarios del país, se observan retos notables para el sostenimiento de los servicios y el alcance de los objetivos de conectividad planteados.
Aunque las empresas buscan invertir constantemente en el despliegue, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura para generar un mercado competitivo, buscando ofrecer velocidades de conexión adecuadas, la naturaleza compartida de la conectividad permite que las acciones de los usuarios con mayores niveles de consumo afecten el desempeño y la experiencia de uso de los demás. Quienes tienen la posibilidad de contratar planes de uso de internet ilimitado tienden a incrementar su consumo de forma tan intensiva que pueden generar que los servicios provistos al resto de los usuarios tengan un desempeño inapropiado.
Debido a que los costos de red se distribuyen uniformemente en toda la base de clientes, el consumo excesivo de los usuarios con uso ilimitado es subvencionado por el resto de usuarios. Como los usuarios que pueden consumir de manera ilimitada pagan el mismo precio independientemente del uso que hagan de internet, no tienen motivos para racionalizar el aprovechamiento de la capacidad de las redes. En última instancia, esta situación resulta injusta para aquellos que no requieren utilizar internet de forma tan intensiva o que prefieren solamente hacer uso de aplicaciones que exigen menor consumo de datos, ya que en conjunto terminan asumiendo los costos generados en la operación de toda la red y asumiendo las insuficiencias que pudieran generarse en el desempeño de los servicios que reciben.
Frente a estas circunstancias, las políticas de uso justo y los esquemas de precios basados en los niveles de consumo que en el marco de la inconveniente regulación tarifaria los operadores han logrado ofertar, constituyen alternativas efectivas para promover la eficiencia en la oferta de servicios por parte de los proveedores de la red, además de que ofrecen opciones que resultan más atractivas para los consumidores, particularmente para aquellos que no tienen la posibilidad de pagar un plan ilimitado.
Dadas las condiciones actuales de la oferta de servicios y los objetivos de conectividad vigentes, una eventual imposibilidad de establecer esquemas que promuevan el uso justo de internet puede afectar la estabilidad en la provisión de banda ancha para toda la población; además de incentivar una competencia basada únicamente en el precio, sin propiciar que se sustente en criterios de calidad o en la diferenciación de los servicios de acuerdo a las necesidades diversas de cada usuario.La política de uso justo de internet adoptada así como las ofertas comerciales vigentes en Costa Rica son congruentes con los esquemas de precios implementados a nivel mundial con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de las redes y generar un acceso equitativo a la banda ancha por parte de diversos sectores poblacionales. Con base en la observación de los aspectos mencionados y atendiendo a las experiencias y prácticas implementadas en la actualidad, ASIET reconoce los esfuerzos que SUTEL realiza en esta área al tiempo que llama a completar la liberalización de precios contemplada en la Ley General de Telecomunicaciones para allanar el camino a más y mejores ofertas para los usuarios del país.