El reciente informe de CAF “Instituciones para la productividad. Hacia un mejor entorno empresarial” afirma que la principal limitación para el desarrollo de América Latina es su baja productividad y el escaso crecimiento de esta. En Telefónica consideramos que el avance en la digitalización es clave para el aumento de la productividad y la reducción de la brecha de progreso económico de Latinoamérica respecto a las regiones más avanzadas. El desarrollo de las personas y de los países va a depender de su integración en el mundo digital: los “excluidos digitales” van a ser los nuevos excluidos.
La digitalización requiere conectividad y pese al avance logrado en la región en los últimos 20 años aún muchos en Latinoamérica viven en zonas sin conectividad a internet. De acuerdo con nuestras estimaciones, alrededor del 15% de la población de la Región –unos 100 millones de personas- viven en zonas sin cobertura de internet, la puerta de entrada al mundo digital.
El imperativo de no dejar a nadie fuera del futuro hace que la conexión de los no conectados comience a instalarse como prioridad en las políticas públicas de la región. Recientes declaraciones de los presidentes de México y Colombia ponen de manifiesto la importancia de este tema en sus agendas de gobierno.
El reto de extender la conectividad a zonas rurales no es nuevo, hace más de 20 años que los gobiernos y los operadores estamos trabajando para llevar la conectividad a todos los rincones de Latinoamérica. Pero pese a que los resultados han sido muy positivos, subsisten zonas a las que no ha sido posible llegar por su lejanía, por las dificultades orográficas que presentan o por costes de inversión extremadamente altos.
El enfoque tradicional de extensión de servicios no ha permitido llegar a todos y eso obliga a buscar nuevos modelos que permitan llegar a las zonas que aún permanecen sin servicio. Con esta aproximación Telefónica lanzó Internet para Todos en Perú, una iniciativa concebida como un modelo abierto a la colaboración con terceros, innovador técnica, comercial y operativamente, y diseñado para aprovechar al máximo las oportunidades que dan las nuevas tecnologías y la digitalización. Decenas de comunidades y miles de personas en zonas remotas cuentan ya con acceso móvil a internet gracias a esta iniciativa que, tras su éxito, se ha convertido recientemente en un operador mayorista de telecomunicaciones independiente en colaboración con Facebook, BID Invest y CAF.
Estos nuevos modelos para conectar las zonas rurales no son posibles si no se plantea también una aproximación distinta desde el punto de vista de la regulación y las políticas públicas, que asuma la premisa de que la regulación debe facilitar los casos de negocio de las zonas rurales y no ser una carga más que los impida, dificulte o encarezca.
La nueva regulación para las zonas rurales requiere suprimir obsolescencias regulatorias, adaptándose a la realidad de estas zonas y abriendo la puerta a la innovación, también desde el lado regulatorio.
Este nuevo enfoque innovador debe aplicarse tanto a temas operativos, como la regulación de calidad de servicio o de atención a los clientes, como a aspectos más conceptuales, como el Servicio Universal o la visión de la competencia en redes en áreas rurales. Cuestiones como el uso de los fondos de servicio universal, el permitir a los operadores el cambio del pago de tasas regulatorias por compromisos de inversión o el facilitar las asociaciones público-privadas para proyectos rurales, deben repensarse para que actúen como verdaderos estímulos al desarrollo de la conectividad rural.
También es necesario revisar la política de espectro, para que este insumo clave para la industria no sea un freno sino un facilitador del despliegue de redes y servicios rurales. La creencia de que falta espectro en las zonas rurales no es real, hay mucho espectro no utilizado en las zonas rurales y deben buscarse mecanismos para facilitar que ese espectro se ponga en uso de manera eficiente. Por ejemplo, reduciendo su coste, permitiendo el pago de las tasas de espectro con inversiones, autorizando nuevos modelos de uso del espectro y facilitando que los operadores con espectro no utilizado lo pongan a disposición de otros operadores.
Además de los reguladores sectoriales, otras autoridades nacionales también pueden facilitar la extensión de los servicios a las zonas rurales, por ejemplo, estableciendo un marco fiscal favorable para estas áreas, ya sea con incentivos fiscales específicos a la inversión, con una fiscalidad más favorable para los servicios rurales e incluso con un trato arancelario diferenciado para equipos y dispositivos dirigidos a estas zonas.
Las autoridades locales, por su parte, también pueden facilitar la llegada de las infraestructuras de conectividad a las zonas rurales, agilizando los plazos para la obtención de los permisos, reduciendo o eliminando las tasas municipales y autorizando el uso de espacios públicos para la instalación de infraestructuras.
En conclusión, hay mucho que debe hacerse en las distintas instancias de la regulación y las políticas públicas para favorecer el desarrollo de la conectividad en las zonas rurales y ayudar a incorporar estas zonas a las oportunidades que ofrece la digitalización.