Maryleana Méndez
Secretaria General de ASIET
Este artículo se ha publicado originalmente en Revista Telecomunicaciones de América Latina. Descárgala gratis aquí

Conectividad y transformación digital: modernización regulatoria para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones

La transformación digital es un catalizador positivo del bienestar económico y social de los países. El desarrollo de infraestructura digital es condición sin equa non para que esta transformación digital alcance a los sectores productivos y a las comunidades. En este sentido, las redes de telecomunicaciones son la base de la transformación digital.

Sin duda, durante las últimas décadas, se ha registrado un avance significativo de la cobertura en la región. Las políticas de conectividad y el esfuerzo inversor de operadores han logrado una penetración de fibra óptica en aproximadamente 46% de los hogares y de servicios móviles 4G para 94% de la población, si a esto sumamos la cobertura satelital se podría afirmar que estamos muy cerca de la universalidad del acceso. Sin embargo, el cierre de la brecha digital y el aprovechamiento pleno de la conectividad es un blanco en movimiento en América Latina. Uno de los retos más importantes para lograr más y mejor conectividad es la falta de incentivos para despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. El desarrollo de infraestructura tiene ya de por sí un alto costo, pero a esto se le debe agregar la complejidad de los trámites, los impuestos específicos de gobiernos locales y las regulaciones obsoletas que ponen más presión sobre la industria.
La regulación y las políticas públicas TIC deben estar alineada con objetivos de conectividad y transformación digital. Para ello se requiere innovación en el diseño e implementación de intervenciones de gobierno, la modernización de esquemas regulatorios relacionados con la inversión en conectividad, estrategias y planes sectoriales de largo plazo que ofrezcan certidumbre jurídica para operadores y otros actores relevantes de la cadena de valor y el ecosistema digital, así como su participación y colaboración activa con autoridades y reguladores para el diseño de mejores marcos normativos.

Para el desarrollo de redes se necesita un entorno habilitador basado en un marco regulatorio simple, flexible y consistente. En sentido, existen 4 ejes[1] que tendrían un efecto positivo en el despliegue de infraestructura. Primero, un proceso de actualización normativa que refleje los cambios del mercado de telecomunicaciones a partir de la evolución tecnológica y de los hábitos de consumo de usuarios. Segundo, promoción de inversión en redes mediante modificaciones regulatorias y de política pública que incrementen la competitividad, certidumbre y atractivo del sector en la región. Tercero, la adaptación de políticas de espectro radioeléctrico con el objetivo de poner más espectro a disposición de operadores, reducir los costos asociados al uso y aprovechamiento de espectro, y consecuentemente la liberación de recursos financieros para su inversión en infraestructura. Y cuarto, esquemas de incentivos y mejora regulatoria para el despliegue de redes: además de los mecanismos e instrumentos de inversión es importante avanzar en la modernización regulatoria para reducir los riesgos financieros asociados al despliegue de infraestructura.

La eliminación de barreras normativas para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones debe centrarse en reducir las facultades discrecionales de gobiernos subnacionales, la agilidad de los procesos burocráticos y el otorgamiento de permisos, el desarrollo de capacidades técnicas y administrativas en materia de infraestructura a nivel local, y la reducción de cargas fiscales relacionadas con el despliegue de redes.

Durante los últimos años, en ASIET nos hemos dado a la tarea de identificar y analizar las mejores prácticas de modernización regulatoria relacionadas con el despliegue de redes en América Latina para nutrir el debate regional sobre las estrategias más efectivas para impulsar la conectividad de los países. Dentro de los tipos de iniciativas regulatorias para incentivar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones[2]  se pueden encontrar diversas tácticas que podrían acelerar el cierre de brechas digitales y el avance tecnológico de las telecomunicaciones de manera importante en los siguientes años.

Dentro de estos ejemplos en América Latina se pueden mencionar los casos de Brasil, Perú y Costa Rica, por la emisión de las llamadas “leyes de antenas” que acotan los criterios legales y administrativos a nivel local que obstaculizan o ralentizan el otorgamiento de permisos y el uso de inmuebles públicos para instalación de equipos. Estas modificaciones regulatorias reducen o eliminan cargas administrativas para obtener permisos para celdas pequeñas, introducen el concepto de “silencio positivo” para solicitudes no contestadas en un periodo razonable de tiempo, eliminan tributaciones subnacionales por despliegue de redes, digitalizan y automatizan trámites, y restringe a los gobiernos municipales para imponer condiciones normativas innecesarias o costosas para los operadores de telecomunicaciones.

Otros países como Colombia han emprendido esfuerzos por homologar sus regulaciones municipales mediante leyes generales y generar códigos de buenas prácticas normativas en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Estas prácticas buscan reducir la variabilidad, arbitrariedad y complejidad de gestionar normativas locales desarmonizadas y obsoletas. Por otro lado, herramientas de política pública como índices o rankings locales de favorabilidad para la instalación de redes sirven para ofrecer información sobre la facilidad de despliegue entre regiones, dirigir los esfuerzos de modernización regulatoria en los aspectos más relevantes por ciudad, y acreditar a localidades con bajas barreras para el tendido de redes.

Por último, las autoridades y reguladores pueden habilitar mecanismos de compartición voluntaria de infraestructura para que los operadores puedan usar una misma red o infraestructura para diferentes servicios. También es fundamental ofrecer acceso a ductos, postes y torres de otros servicios públicos para el tendido de redes de telecomunicaciones.

Efectivamente, las redes de telecomunicaciones son la base de la transformación digital. Es por ello menester, que gobiernos y reguladores redoblen sus esfuerzos para modernizar las regulaciones nacionales y locales que desincentivan la inversión en redes, así como para promover estrategias normativas que detonen mayor cobertura, mejores servicios y nuevas tecnologías al servicio de nuestros países.

[1] Cullen International (2020) Regulation and policies to facilitate telecoms networks rollout in the Americas. https://www.cullen-international.com/news/2020/04/Regulation-and-policies-to-facilitate-telecoms-networks-rollout-in-the-Americas.html

[2] Siguiendo la tipología propuesta por Cullen International (2020) Regulation and policies to facilitate telecoms networks rollout in the Americas. https://www.cullen-international.com/news/2020/04/Regulation-and-policies-to-facilitate-telecoms-networks-rollout-in-the-Americas.html