En América Latina llevamos varios años debatiendo sobre la Neutralidad de Red. Por momentos hemos observado posiciones y planteamientos antagónicos entre diversos actores, y hoy afortunadamente la discusión ha avanzado desde posiciones dogmáticas a un sano debate sobre competencia y desarrollo armónico del ecosistema digital. La convergencia digital y el desarrollo de internet han configurado un Ecosistema Digital en el que las redes y los servicios ofrecidos sobre éstas no solamente coexisten sino que se necesitan mutuamente. Para lograr más conectividad se requiere más valor sobre las redes, y para el desarrollo de más contenidos y aplicaciones se requiere de más conectividad.
Esta reflexión parte del principio de que es imprescindible preservar una internet abierta a la innovación que estimule las inversiones y la competencia, tanto en las redes y servicios de acceso como en los contenidos y aplicaciones. Ello requiere una adecuada comprensión de los aspectos tecnológicos y competitivos del ecosistema digital, cómo se relacionan entre sí los distintos segmentos del mercado, y de dónde se derivan los incentivos para invertir e innovar. Es fundamental evitar que los actores en las distintas capas del ecosistema puedan “elegir ganadores” en las otras capas, evitando la integración anticompetitiva y la discriminación arbitraria entre los eslabones de la cadena de valor. El riesgo es que la posición competitiva de un participante en algún segmento puede ser transferida a otro, limitando así la libertad de elección de los consumidores.
Ahora la política pública y la regulación deben resolver problemas reales de mercado, no suposiciones teóricas. La evidencia nos dice dos cosas relevantes: primero, que en América Latina no hay casos sistemáticos de discriminación arbitraria por parte de los proveedores de acceso en relación a los servicios sobre internet, hemos importado artificialmente un debate que no responde a nuestra realidad; y segundo que hay cada vez más concentración sobre internet, en particular en los denominados gatekeepers (buscadores, redes sociales), mientras hay más competencia en la capa de conectividad. Es más fácil portar de operador que cambiarse de red social.
Sin embargo, los principios fundamentales son válidos: debemos resguardar la competencia a lo largo de todos los segmentos que integran el Ecosistema Digital, fortalecer la capacidad y libertad de elección de los consumidores, favorecer la innovación en un entorno flexible que favorezca la inversión y el emprendimiento, y que permita abordar el desafío de cerrar la brecha digital.
La pregunta es cómo protegemos esos principios. El ecosistema digital es dinámico, está en permanente evolución, con alta innovación en todas sus capas. Es esencial evitar rigideces regulatorias que limiten la capacidad de los actores para implementar diversos modelos de negocio y formas de comercialización. Además, es preciso entender que la neutralidad debe ser un principio horizontal a través de toda la cadena valor, es decir, que no aplica a unos actores sí y a otros no. La neutralidad es un principio, no un catálogo de conductas, no se trata de prohibir o limitar determinadas acciones sino de evitar o minimizar que estas tengan efectos anticompetitivos. En particular, la gestión de la red es una práctica necesaria para minimizar la congestión -especialmente en el contexto de crecimientos exponenciales del tráfico-, maximizar la calidad de servicio, y proteger a los consumidores, por tanto no se debe prohibir, sino que se deben evitar que se use con fines anticompetitivos.
Lo mismo puede decirse de los modelos de comercialización denominados zero-rated services, en los que el usuario no ve disminuida su disponibilidad de datos. Los zero-rated services pueden ser una alternativa muy válida para lograr la inclusión digital de los segmentos de menores ingresos de la población, ofrecer servicios gratuitos de información (Wikipedia), o de gobierno electrónico. La gestión de red, los zero-rated services, los servicios especializados o los “fast lanes” pueden contribuir desarrollar el ecosistema digital en su conjunto, en beneficio de los usuarios y de todos los actores de la cadena de valor. Indudablemente también podrían usarse con fines anticompetitivos. En consecuencia no se trata de prohibir, sino que de evaluar si se afecta o no la competencia. LLos principios fundamentales deben ser de información, transparencia y no discriminación arbitraria.
En ese sentido es razonable establecer prohibiciones a las prácticas de bloqueo de contenidos, aplicaciones y servicios legales, y a la degradación discriminatoria de la calidad que tuviera efectos anticompetitivos. También debe facilitarse adecuada información a los usuarios sobre las condiciones de uso de los servicios que se adquieren, y asegurar la necesaria flexibilidad comercial que permita cerrar la brecha digital. Partiendo de esa base, sin dogmas y atendiendo a la realidad de la región, es posible establecer una regulación liviana ex ante que resguarde los principios fundamentales antes mencionados a través de todo el ecosistema digital, y evaluar las prácticas comerciales de forma ex post en virtud de sus efectos reales en la competencia. Solo una aproximación equilibrada y flexible nos permitirá desarrollar tanto las redes de conectividad como la economía de internet, y fortalecer así el círculo virtuoso del ecosistema digital.