El despliegue y fortalecimiento de la infraestructura digital es fundamental para impulsar el desarrollo social y económico de los países de América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Para lograrlo, es urgente universalizar y democratizar el acceso a internet. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran que una mayor conectividad no solo reduce el desempleo, sino que también incrementa los ingresos, generando oportunidades más equitativas para toda la población.

Hoy, más de 230 millones de personas en la región aún no acceden a internet móvil, a pesar de la mayoría vivir en zonas ya cubiertas por redes móviles. Esto evidencia que la brecha digital no es solo una cuestión de infraestructura, sino una falla del lado de la demanda, alimentada por la falta de asequibilidad, habilidades digitales limitadas y desigualdades persistentes, especialmente de género.

En este contexto, el Estado desempeña un papel clave por medio de la inversión pública y el diseño e implementación de políticas públicas que ayuden a cerrar estas brechas. Según el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha del BID, en América Latina y el Caribe se necesitan más de US$ 70.000 millones en inversión de capital para cerrar la brecha digital y acercarse a los niveles de los países de la OCDE. Esta cifra deja claro que el financiamiento público no será suficiente: es indispensable movilizar también capital privado.

En este sentido, la banca multilateral puede desempeñar un papel estratégico. Además de proporcionar financiamiento a los gobiernos, puede actuar como articuladora de soluciones técnicas, estructuradora de proyectos y promotora de mecanismos financieros innovadores que reduzcan riesgos y atraigan inversión.
Innovaciones financieras para acelerar la conectividad universal y significativa

En el caso del BID, el Banco está poniendo a disposición de los países de América Latina y el Caribe varios instrumentos de innovación financiera para acelerar la conectividad universal y significativa: líneas globales de crédito para conectividad, garantías de crédito y bonos de infraestructura digital para mejorar la resiliencia y sostenibilidad del ecosistema digital.

Varios países de la región están utilizando dichos instrumentos con el respaldo del BID, incluyendo:
• En Brasil, el programa Acessa à Crédito Telecom conecta pequeños proveedores de servicio de internet ISP con financiamiento adaptado a través de garantías y plataformas de datos.
• En El Salvado, junto con la Unión Europea y Corea, para llevar conectividad y formación digital a comunidades rurales.
• En República Dominicana, se está implementando un Plan Social de Conectividad que incorpora obligaciones y criterios de asequibilidad directamente en las licitaciones para despliegue de infraestructura de banda ancha.
• En Perú, el caso de Internet para Todos representa un modelo ejemplar de financiamiento mixto. BID Invest, Meta y Telefónica invirtieron en una iniciativa público-privada que lleva internet asequible a zonas rurales remotas, demostrando que la rentabilidad financiera y el impacto social pueden ir de la mano.

Más allá del financiamiento: creando un círculo virtuoso
La articulación de soluciones técnicas por parte de la banca multilateral también puede ayudar a solventar las fallas de mercado. Estas soluciones deben apoyarse en modelos exitosos de otros países que han utilizado recursos financieros obtenidos por los Fondos de Servicio Universal para fomentar la oferta y la demanda de nuevas conexiones de Internet a hogares de personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

La implementación de estos modelos puede impulsar que las inversiones sean sostenibles, al impactar positivamente a los ciudadanos y pequeñas empresas, mediante la transformación digital que conlleve al acceso a nuevas oportunidades de desarrollo para estas poblaciones priorizadas. Al mejorar su situación económica, podrán ampliar la base de usuarios que pagan por el servicio de internet y alimentar nuevamente el recaudo del Fondo de Servicios Universales de los países de la región, creando así un círculo virtuoso.

La banca multilateral puede apoyar el desarrollo de proyectos a nivel regional que permitan la unión de infraestructuras fronterizas y la creación de una red de datos latinoamericana, fomentando así la colaboración entre países y creando sinergias para una inversión más eficiente, especialmente en áreas distantes. Estos proyectos eliminarían las brechas de conectividad en las fronteras de los países mediante la armonización de frecuencias e interconexión de las redes, generando proyectos enfocados en el costo beneficio para los ciudadanos.

Impacto económico y social
Recientes estudios de impacto del BID demuestran que los retornos sobre el desarrollo son significativos si los gobiernos logran expandir la conectividad.
Las intervenciones impulsadas por el Banco en la región evidenciaron que la banda ancha fija tiene un impacto positivo tanto en los ingresos totales como en los laborales. Como resultado del despliegue del servicio de última milla, se registra un aumento significativo del 6,92 % en los ingresos totales. Asimismo, se observa un incremento de 0,84 puntos porcentuales en la población ocupada, según el estudio Medición del impacto socioeconómico del desarrollo de infraestructura de última milla en América Latina y el Caribe, publicado por el BID.

Adicionalmente, el estudio demuestra que la banda ancha tiene un efecto positivo en la calidad del empleo, reflejado en un aumento de la formalidad laboral. En promedio, esta mejora se traduce en un incremento de 0,66 puntos porcentuales en la formalidad, equivalente a un aumento relativo del 1,84 %.

Enfoque catalítico
En resumen, la banca multilateral puede jugar un rol estratégico para apoyar a los gobiernos cerrar las brechas de conectividad y atraer una mayor inversión privada al sector. En el caso del BID, el Banco adopta un enfoque catalítico combinando recursos públicos con instrumentos privados para desbloquear capacidades locales, reducir barreras estructurales y construir ecosistemas digitales sostenibles, inclusivos y viables. Para lograrlo, se necesita impulsar la colaboración entre gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil.

La transformación digital es un camino, no un destino. Y la conectividad, como derecho y como herramienta, será la infraestructura clave del siglo XXI para asegurar que ese camino sea justo, sostenible e inclusivo para todos.