La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) ha solicitado al Presidente de la República, el excelentísimo Señor D. Horacio Cartes, que vete la Ley sobre activación de líneas telefónicas, ya que tal como está planteada dicha normativa es inaplicable y generaría severos efectos nocivos para los consumidores y el mercado
Las telecomunicaciones contribuyen de forma fundamental a la seguridad pública, facilitando la comunicación entre las familias, las llamadas de emergencia, o la posibilidad de recibir alertas en caso de urgencia. Las telecomunicaciones realizan aportes concretos para la seguridad ciudadana día a día, por ello, para tener más seguridad se requieren más telecomunicaciones, y no menos. Cada decisión que afecte en esta materia debe considerar la importancia que la conectividad tiene para el desarrollo social.
Desde el respeto a la institucionalidad paraguaya, ASIET le ha solicitado mediante carta enviada esta misma semana al Presidente de la República que en pleno uso de sus facultades constitucionales vete la Ley que regula la activación de líneas telefónicas, ya que la entrada en vigor de dicho proyecto sería muy perjudicial para los usuarios y el sector en su conjunto. Creemos que debe atenderse a que:
- El plazo de un año dado a los usuarios ya existentes para acudir físicamente a brindar sus datos nuevamente a su operador generaría importantes dificultades logísticas y operativas a los afectados, lo que implicaría que eventualmente muchas personas y empresas que no puedan cumplir con lo pautado verían desactivadas sus líneas y se dificultaría la incorporación de nuevos usuarios, sobre todo vinculados a segmentos desfavorecidos o a regiones alejadas de los centros urbanos.
- La existencia de un registro no garantiza que la información proporcionada por parte de los usuarios sea real y la obligación de que sean los concesionarios quienes verifiquen la veracidad de dichos datos es poco factible, además de implicar una alta carga de costos a las operadoras. En el país existen más de 7 millones de líneas celulares, por lo que los afectados por dificultades podrían ser miles de usuarios.
Por ello, entendemos que es necesario revisar el procedimiento de registro y los plazos establecidos en la iniciativa, de forma que todos los sectores de la población puedan cumplir con lo estipulado en la norma sin dificultades.
Respecto a la responsabilidad penal de los representantes de las empresas prestadoras, creemos que se trata de una medida extrema que no se condice con la permanente voluntad de esta industria por contribuir al desarrollo del Paraguay. Entendemos además que una medida como ella podría causar que las operadoras limiten su actividad comercial únicamente a la venta directa en sus locales, causando perjuicios económicos para miles de trabajadores dedicados a estas tareas al suponer la desaparición de numerosos puntos de venta tercerizados, dificultando aún más el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones. La desaparición de estos puntos de venta podría implicar además el surgimiento de nuevos mercados ilegales de venta de terminales. Con los peligros que esto supone o la comisión de nuevos delitos relacionados con la usurpación de la identidad de los usuarios.