Una de las características más llamativas de los productos de banda ancha fija suministrados por los operadores de telecomunicaciones es, sin duda, la ausencia de límites que ponen al consumo de sus clientes. Esto es algo que carece de parangón en otros sectores económicos. Sin embargo, se puede explicar por las específicas estructuras de producción de los servicios de telecomunicación en un entorno de exceso de capacidad y de necesidad de incrementar la penetración del servicio.
En la actualidad, operadores presentes en diversos países, tanto en Latinoamérica como en otras áreas geográficas, están introduciendo límites en la cantidad de datos que los clientes pueden descargar en cada periodo. Estos límites se conocen generalmente como data-caps, aunque en Brasil se les llama franquicia. Así, se define un límite máximo de consumo de datos por periodo asociado al pago recurrente. Una vez se supera este límite, se pueden proponer varias posibilidades comerciales. Pero lo relevante es que este tipo de ofertas ponen un límite periódico al consumo de datos por parte del cliente, algo habitual en las ofertas de Internet móvil pero poco explorado hasta el momento para la red fija.
En la mayor parte de los países, la introducción de estas nuevas ofertas comerciales no ha presentado mayor problema para las instancias gubernamentales y regulatorias, por entenderse dentro de la libertad comercial propia de los países con economía de mercado. Sin embargo, hay algunas excepciones, entre las que la más destacable es la de Brasil. En efecto, en este país, ANATEL, la autoridad reguladora de telecomunicaciones, prohibió por plazo indeterminado la aplicación de data-caps en ofertas de banda ancha fija. Con posterioridad, se ha presentado en el Senado Federal de dicho país un proyecto de ley para establecer de forma definitiva tal prohibición, que ha sido aprobado recientemente y enviado a la Cámara de Diputados, donde en estos momentos se está discutiendo.
Hay pocas dudas sobre la mejora que supone para el bienestar social (…) que los agentes compitan sin trabas para encontrar el precio y estructura que mejor satisfaga las necesidades de los usuarios en cada momento.
En principio, la intervención en el mercado puede estar justificada por razones económicas o razones políticas. En el primer caso, el análisis es meramente económico, y la regulación tiene sentido si gracias a ella se incrementa el bienestar social; en otro caso, dicha intervención debería evitarse.
Si las razones son políticas, el análisis económico no puede justificar ni refutar la regulación, pero sí puede identificar los efectos económicos de la misma y aclarar qué impacto tienen sobre el bienestar social. Esto es, si con la medida se alcanzarán los objetivos políticos planteados y qué coste tendrá para la sociedad.
En cuanto al análisis económico, es importante utilizar un paradigma adecuado para identificar los fallos en el funcionamiento del mercado. Así, la eficiencia cataláctica aporta una visión dinámica del mercado, que describe mejor la realidad que la estática tradicional basada en el modelo de competencia perfecta. Su punto de partida es el hecho incontestable de que cada persona es diferente y tiene distintos gustos, algo que se descarta desde el principio en el modelo de competencia perfecta. Cada individuo trata de optimizar la eficiencia económica de sus recursos con respecto a sus objetivos (si es que conoce ambos); pero esta eficiencia económica no proporciona información sobre la eficiencia del mercado o de la regulación, en la que se ha de considerar la eficiencia económica de todos los miembros del mercado. En este contexto, la regulación será eficiente en la medida en que facilite la eficiencia económica individual.
Para conseguir sus objetivos, los individuos han de poder adquirir tanto el conocimiento como los recursos necesarios. Un mercado eficiente deberá, por tanto, facilitar a los participantes ambos procesos de adquisición. Así pues, las instituciones eficientes deberían facilitar el uso y descubrimiento de información, por un lado, y la obtención de los recursos físicos necesarios, por otro. En la medida en que los individuos sean capaces de llevar a cabo ambas acciones con más facilidad, podrán mejorar su eficiencia económica.
Sobre esta base, se puede identificar el entorno institucional ideal que se puede usar como paradigma contra el que comparar el funcionamiento de las instituciones vigentes y así evaluar las propuestas políticas o regulatorias. El entorno institucional se caracteriza en términos de dos elementos, como posibilitadores de los dos procesos de adquisición antes referidos, cuya mejora conduce al incremento en la eficiencia económica: 1) Propiedad privada, como la institución que permite a los individuos el acceso y control de los recursos requeridos para llevar a cabos sus planes; y 2) Sistema de precios, como el instrumento más eficiente a la hora de difundir información sobre las oportunidades de intercambio.
A la luz de esto, el análisis de eficiencia cataláctica consiste en ver si la regulación propuesta viola los derechos de propiedad, y/o distorsiona el sistema de precios. En caso de que así sea, entonces dicha regulación daña la eficiencia cataláctica y consecuentemente reduce el bienestar social.
Centrándonos en la propuesta del Senado brasileño de prohibir las franquicias en las ofertas de banda ancha fija, es claro que viola los derechos de propiedad de los operadores de red en Brasil, puesto que limita el uso de sus activos al dueño de la red fija de banda ancha, ya que impide una estructura de precios determinada. Aunque los efectos no son tan directos, la medida propuesta también distorsiona el sistema de precios, pues fuerza la aparición de estructuras tarifarias menos adecuadas a las necesidades del usuario, por lo que altera sus componentes de precio.
En suma, la medida analizada reduce la eficiencia cataláctica del mercado, y en consecuencia el bienestar social, y por lo tanto debería descartarse desde el punto de vista económico.
Para analizar los efectos en el mercado consecuencia de la medida, se ha utilizado el método de las construcciones imaginarias, que consiste en describir inicialmente el funcionamiento del mercado no intervenido, para, una vez se tiene esta operativa, introducir la medida regulatoria propuesta, y deducir sus efectos.
De este análisis, se ha observado que la principal consecuencia de la prohibición sería la adopción en Brasil de una estructura de precios menos eficiente que la que se está implantando en otros países, principalmente en servicios móviles, para dar respuesta a los mismos cambios en las necesidades de los clientes. A ello hay que añadir la posibilidad de que el mercado no acepte otras estructuras de precios, y por tanto se reduzcan las expectativas de los ingresos incrementales que justificarían las inversiones requeridas para adaptar la red a las nuevas necesidades. Todo ello, haría que el acceso y uso de Internet en Brasil fuera más difícil, provocando precisamente los efectos contrarios a los declarados por los proponentes en su medida: mayores dificultades tanto para empresas de la nueva economía como para los servicios gubernamentales basados en Internet.
Las conclusiones obtenidas no son sorprendentes, y son coherentes con el escaso debate que se ha producido en general sobre el tema, como lo prueba la exigua literatura existente al respecto, así como con la inexistencia de prohibiciones análogas en la mayor parte de los países. Hay pocas dudas sobre la mejora que supone para el bienestar social, no tanto una estructura de precios concreta como pueda ser la analizada, sino la posibilidad de que los agentes compitan sin trabas para encontrar el precio y estructura que mejor satisfaga las necesidades de los usuarios en cada momento.
Por ello, la recomendación final de este artículo no puede ser otra que evitar este tipo prohibiciones o eliminarlas en el caso de que existan.