La masificación del 5G representa una oportunidad única para transformar industrias y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Tecnologías como la telemedicina, el control de flota de vehículos, la gestión logística de distintos sectores económicos como la minería y la agroexportación se verán soportadas por esta nueva generación de redes. Por ello, los distintos países buscan impulsar la digitalización de sus economías apostando por el desarrollo del 5G. Para lograrlo, el primer paso es la adjudicación del espectro radioeléctrico, es decir, del corazón de la conectividad móvil, el cual debe entenderse como un vehículo para conectar a los ciudadanos, digitalizar economías y transformar sociedades.

Perú ha decidido no quedarse atrás y puso en marcha un mecanismo novedoso para asignar el espectro 5G a las 4 operadoras móviles que compiten en el mercado peruano. Si todo marcha como está previsto, a fines de agosto 2025 se asignará 400 MHz en la banda de 3.5GHZ. Pero este proceso trae novedades y aprendizajes pasados. Por ejemplo, el gobierno decidió dejar atrás el afán recaudatorio seguido en la subasta de 700 MHz del 2016, que lamentablemente desvió recursos necesarios para la modernización de las redes móviles. De acuerdo con un estudio de GSMA, el costo total del espectro sobre ingresos en dicho año en Perú se situó en 8% muy por encima del 2.4% de la mediana en Latinoamérica. También hubo lecciones de la última licitación 4G del 2023, una licitación a sobre cerrado que demandó compromisos de inversión en condiciones no razonables. ¿El resultado? El espectro subastado fue acaparado por un solo postor a cambio de un compromiso de inversión muy por encima del valor del espectro.

La política del sector ha evolucionado: migramos de una visión enfocada solo en la recaudación hacia una mirada que pone en el centro a los verdaderos beneficiarios, los hogares y empresas peruanas, quienes tendrán la oportunidad de acceder al 5G con independencia de la operadora móvil que les brinda el servicio.

Esta nueva visión parte de una realidad ineludible: los altos costos por el espectro reducen la capacidad de inversión en infraestructura de conectividad, lo que incluso puede profundizar las brechas digitales. Un enfoque más constructivo, como el que se plantea actualmente, amplía las oportunidades para los usuarios e impulsa el desarrollo de un ecosistema digital dinámico, competitivo y formal. Además, este mecanismo permitirá enfocar las inversiones en el despliegue de la nueva red, considerando que la tecnología 5G involucra costos significativamente mayores que las tecnologías anteriores por la necesidad de una mayor densidad de antenas.

En este nuevo contexto, la competencia de los operadores no se centrará en acceder al espectro 5G porque se asignará espectro a todos los jugadores del mercado, sino en el despliegue de redes móviles 5G con mayores velocidades, pero sobretodo en el desarrollo de soluciones de avanzada que atiendan las necesidades y potencien las capacidades de los distintos sectores económicos. Por ello, desde Integratel Perú estamos impulsando la implementación de soluciones 5G para sectores estratégicos como la minería, los puertos y otras industrias clave, así como en el desarrollo de servicios de Internet de las Cosas (IoT) con el objetivo de facilitar el acceso a tecnología de vanguardia que eleve la productividad y competitividad de las industrias peruanas.

En ese camino, el primer paso es la adjudicación del espectro 5G y los compromisos que deberán asumir las operadoras: ampliar la cobertura 4G en zonas rurales y carreteras, así como implementar el 5G en entidades públicas. Esto se traduce en una cobertura de más de 1.600 localidades rurales con 4G y más de 2200 kilómetros de carreteras con señal móvil entre todos los operadores. Miles de familias serán beneficiadas e industrias experimentarán una mejor conectividad en vías interurbanas que conectan ciudades, pueblos y regiones.

Pero si queremos que la masificación del 5G sea una realidad, se requiere mucho más que espectro. Si bien las carreteras de conectividad serán más anchas, necesitamos pensar en que el beneficio para los usuarios de precio y calidad se reflejará solo si los operadores tienen un horizonte adecuado de recuperación de las inversiones.

Esto último se puede realizar a través de procesos de renovación de las licencias que fomenten inversiones. Hoy existe una agenda pendiente respecto del método de renovación de las licencias de espectro que se aplica en Perú y cuyo efecto penalizador reduce el plazo de renovación en función de las infracciones administrativas (es decir, un doble castigo). Urge migrar hacia procesos de renovación automática de las concesiones de espectro, como aplicó Brasil para las licencias 5G.

Del mismo modo, necesitamos cuidar la sostenibilidad del sector. Para ello se debe trabajar en una agenda real de desregulación, pues la gran carga regulatoria que pesa sobre un mercado altamente competitivo, así como la presión sancionadora, desvían recursos necesarios para invertir: tan solo las 12 normas más representativas del sector de telecomunicaciones peruano acumulan casi 600 conductas sancionables y las multas representan al 2024 más del 11% de las inversiones, según un informe de DN Consultores. A ello se suman los costos de implementación y operación de normas sectoriales y exógenas al sector, como las relacionadas a la seguridad ciudadana. Un ejemplo concreto es que, pese a que la responsabilidad de garantizar la seguridad recae en el Estado, las operadoras móviles peruanas deben destinar aproximadamente US$ 14 millones anuales al pago por el uso de servicios de biometría y otras consultas proporcionadas por RENIEC (entidad encargada de la identificación de los ciudadanos) por una obligación legal. Estos recursos, en lugar de ser destinados al propio Estado que impuso la obligación, podrían reinvertirse para mejorar la calidad y cobertura de la conectividad en el país. La sobre regulación que enfrenta el mercado móvil peruano ha sido uno de los factores que ha afectado su sostenibilidad. Es momento de abordar este problema y buscar una solución en el corto plazo si queremos mejorar la competitividad del país a través de la conectividad.

Mientras el Perú ocupa el puesto 22 a nivel global en velocidad de internet fijo, según el ranking de Ookla a junio de 2025 —impulsado por la masificación de la fibra óptica al hogar liderada por Integratel Perú—, en velocidad de internet móvil el país se ubica en el puesto 92, lo que evidencia una brecha significativa que aún debemos cerrar.

Estamos convencidos de que es posible escalar posiciones en el corto y mediano plazo, con el esfuerzo de las operadoras móviles, pero también con más espectro disponible, menor carga regulatoria y procesos de renovación de concesiones que atraigan inversiones. Apostar por la sostenibilidad del sector y liberar condiciones para su desarrollo no es un gasto: es una inversión directa en el progreso del país. Con voluntad y trabajo conjunto del sector público y privado, podemos cerrar brechas, democratizar el acceso digital y asegurar que ningún peruano quede atrás en esta nueva era.