1. ¿Qué papel puede jugar la regulación para incentivar la innovación y sostenibilidad del actual ecosistema audiovisual?
En el entorno digital contemporáneo, la regulación debe entenderse como una herramienta dinámica, estratégica y corresponsable. Su propósito no es solo establecer reglas, sino identificar cuándo intervenir, cuándo ajustar lo existente y cuándo permitir que el ecosistema evolucione con libertad, sin afectar la protección de los usuarios ni frenar la inversión, la innovación o el desarrollo del sector.
Desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Sesión de Contenidos Audiovisuales, entendemos que regular hoy implica observar el entorno, anticipar sus cambios y actuar con oportunidad. Por eso, nuestra labor se estructura en cuatro ejes estratégicos:
1. Innovación informada y centrada en las audiencias:
Con base en estudios como el Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales 2024, promovemos decisiones basadas en evidencia que orienten al ecosistema hacia entornos más seguros, confiables y respetuosos de los derechos, especialmente de los más vulnerables.
2. Corresponsabilidad frente a desafíos complejos:
Impulsamos soluciones construidas de forma colectiva con actores públicos, privados y sociales, para responder a fenómenos como la desinformación, el impacto de nuevas tecnologías y la exposición nociva de ciertas audiencias.
3. Participación activa e innovación regulatoria:
Fomentamos la participación ciudadana en los contenidos audiovisuales como motor de transformación, y promovemos esquemas colaborativos como el Grupo para la Protección de la Infancia frente al Contenido Publicitario, reconociendo el valor de la autorregulación con mecanismos de seguimiento y mejora continua.
4. Diversidad e identidades culturales:
Apoyamos una oferta audiovisual plural a través de acciones como talleres creativos inclusivos y la actualización normativa sobre cuotas de pantalla y contenidos dirigidos a la infancia.
Nuestro compromiso es con una regulación que evoluciona con el sector, protege sin frenar y potencia un ecosistema audiovisual más ético, diverso y sostenible.
2. ¿Qué nivel de responsabilidad deben asumir las plataformas digitales respecto al contenido que distribuyen y el uso de las redes de telecomunicaciones?
Las plataformas digitales deben asumir un nivel de responsabilidad proporcional a su influencia sistémica en los entornos informativos y de conectividad, pero también diferenciado según su rol, tamaño e impacto. Pero este no es un desafío que pueda abordarse de forma individual ni con respuestas fragmentadas. Se requiere una visión de corresponsabilidad, donde cada actor —plataformas, operadores, reguladores, medios, sociedad civil y Estado— asuma su responsabilidad acorde con su rol en la cadena de valor y trabaje de forma articulada.
Por ejemplo, de acuerdo con el contenido que distribuyen, las plataformas digitales, especialmente aquellas que distribuyen contenido audiovisual, juegan un papel central en la conformación de percepciones culturales, como también en la configuración de valores, actitudes y comportamientos sociales. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH (2024) y por la UNESCO, advierten sobre los riesgos de desinformación, discurso de odio, discriminación algorítmica y manipulación emocional en línea en el nuevo entorno mediático.
No se puede seguir esperando que la autorregulación, por sí sola, sea suficiente para enfrentar estas problemáticas, ni tampoco se puede tener temor a impulsar respuestas por fuera del entorno estrictamente regulatorio. Trabajar de la mano con organizaciones sociales, entidades públicas, medios, operadores, plataformas y expertos es clave para construir entornos más seguros, sostenibles, éticos y protectores.
En contenidos, las plataformas deben adoptar estándares claros de moderación, transparencia y apelación y disponer respuestas ágiles a las quejas de los ciudadanos. En redes, su creciente participación —más del 42 % del consumo audiovisual en Colombia proviene de plataformas OTTy que servicios como YouTube y Netflix son responsables de un porcentaje significativo del tráfico en redes fijas y móviles-exige avanzar hacia esquemas de corresponsabilidad técnica que garanticen la sostenibilidad de la infraestructura y de los mercados.
Desde la CRC, creemos en nuevas fórmulas de abordaje de intervención que sobre la base de la evidencia promueva soluciones construidas conjuntamente, que no frenen la innovación, pero que permitan responder en forma efectiva a las amenazas reales a nuestros derechos y democracia. La protección del bienestar colectivo exige actuar con responsabilidad conjunta.
3. ¿Es necesario un nuevo modelo de gobernanza para los contenidos audiovisuales digitales?
Sí. el ecosistema audiovisual digital actual exige con urgencia un nuevo modelo de gobernanza: uno que trascienda la lógica binaria entre regulación estatal y autorregulación privada, y avance hacia esquemas colaborativos, corresponsables y adaptativos, donde todos los actores asuman compromisos claros y diferenciados.
Los desafíos complejos que vivimos no pueden abordarse desde esquemas tradicionales de gobernanza unilateral. Por eso, organismos como la UIT, la UNESCO y la OCDE han respaldado la transición hacia modelos de gobernanza de quinta y sexta generación, basados en coregulación y en autorregulación medible y verificable y participación multisectorial activa, en el que las múltiples partes interesadas trabajan articuladamente para lograr objetivos públicos hacia una transformación digital inclusiva y sostenible.
Diversos países han comenzado a implementar esquemas de gobernanza compartida que muestran cómo es posible construir respuestas corresponsables frente a los desafíos del entorno digital. En América Latina, destacan iniciativas como NODIO en Argentina, un observatorio impulsado por la Defensoría del Público que articula plataformas, universidades, medios y sociedad civil para monitorear la desinformación y promover el control social; Australia ha desarrollado marcos de corregulación para la protección infantil, como los Safety Codes promovidos por el eSafety Commissioner . Incluso en el caso de la Orden Ejecutiva sobre Inteligencia Artificial en EE. UU. (2023), se promovieron acuerdos voluntarios con plataformas tecnológicas para priorizar la seguridad algorítmica, la transparencia y la rendición de cuentas (Casa Blanca 2023). Estos casos ilustran cómo los marcos de gobernanza híbrida —basados en regulación, autorregulación regulada y participación multisectorial— pueden fortalecer la protección de derechos y la integridad del ecosistema digital.
4. En relación a este tema, ¿qué desafíos enfrenta el regulador desde el punto de vista de protección a las audiencias y lucha contra la piratería en la región?
Los desafíos en materia de protección a las audiencias y lucha contra la piratería en el ecosistema digital latinoamericano son múltiples y complejos, debido principalmente al avance vertiginoso de las tecnologías, la fragmentación y desactualización de las competencias institucionales, y el desbalance geopolítico que han frenado la intervención efectiva con un enfoque de responsabilidad compartida en el que todos los actores respondan desde su rol en la cadena de valor.
En relación con la protección de las audiencias es evidente que las plataformas digitales han transformado los hábitos de consumo audiovisual, exponiendo a los usuarios —especialmente niños, niñas y adolescentes— a contenidos sin los controles tradicionales que aplican en la televisión. En este contexto, el principal desafío del regulador es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las audiencias; de ahí el enfoque pedagógico y de promoción de corresponsabilidad que se ha abordado desde el regulador, que explicamos previamente. Ante la preocupación a nivel global y de nuestros propios legisladores sobre la desactualización de los marcos normativos y los riesgos en los entornos digitales y la inteligencia artificial, la CRC ha realizado los análisis de viabilidad de técnica y legal de los múltiples proyectos de ley que han cursado en las últimas legislaturas y participado activamente en las diferentes discusiones. Nuestra visión es que no se debe satanizar a ningún actor ni a la tecnología, pero sí avanzar hacia esquemas de intervención en que todos actuemos y trabajemos para construir espacios digitales más seguros, innovadores, justos y democráticos.
Además, durante 2025, la CRC ha sellado una alianza con la Registraduría, Colombia Check y la Misión de Observación electoral para implementar una estrategia para contrarrestar la desinformación en épocas electorales y está desarrollando una iniciativa de alfabetización mediática en cinco regiones del país, para fortalecer las capacidades de análisis crítico de las audiencias, el fomento de entornos audiovisuales seguros y la mitigación de la desinformación. Estas acciones responden a un enfoque contemporáneo de gobernanza de medios, donde la protección de la audiencia ya no recae exclusivamente en el Estado, sino que se construye desde una lógica colaborativa y territorial.
En relación con la piratería de contenidos audiovisuales, tanto por señal abierta como por plataformas digitales no autorizadas, se evidencia una amenaza estructural para la sostenibilidad de las industrias culturales en América Latina. De acuerdo con la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, la región pierde más de 10 mil millones de dólares anuales por piratería, afectando directamente a productores, distribuidores, operadores legales y al propio Estado a través de evasión tributaria. En Colombia, este fenómeno se expresa en la proliferación de aplicaciones ilegales, listas IPTV (M3U), decodificadores no autorizados y transmisión de eventos deportivos o películas sin derechos.
Combatir la piratería digital en Colombia exige una política pública robusta y articulada que convoque no solo a las autoridades competentes —como el Ministerio TIC, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el aparato judicial— sino también a la sociedad civil, la academia y a los actores del ecosistema digital. Aunque el país cuenta con una hoja de ruta definida en el CONPES 4062 y ha suscrito compromisos internacionales como el Pacto Global Antipiratería Audiovisual, la permanencia de Colombia en la Watch List del USTR revela que los esfuerzos aún son insuficientes. Se requiere un marco normativo más ágil y eficaz, con herramientas como bloqueos dinámicos en tiempo real, intervención sobre VPN, DNS e IPs usadas con fines ilícitos, y corresponsabilidad de intermediarios digitales. Modelos como el de AGCOM en Italia muestran que es posible responder con celeridad y firmeza a esta amenaza. Además, deben fortalecerse las estrategias de pedagogía digital, porque la piratería también se combate generando conciencia entre los usuarios.
**Notas al pie
1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2024). Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet (CP 50128s) [Informe]. Organización de los
Estados Americanos. https://scm.oas.org/pdfs/2024/CP50128s.pdf
2. Unesco. (2023, 6 de noviembre). Documento disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339
3. Finck, M. (2017). Digital regulation: Designing a supranational legal framework for the platform economy (LSE Law, Society and Economy Working Papers No.
15/2017). London School of Economics and Political Science, Law Department. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=.
4. Defensoría del Público. (2020, 9 de octubre). NODIO: Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Defensoría
del Público. https://www.defensadelpublico.gob.ar/llego-nodio-el-observatorio-de-la-desinformacion-y-la-violencia-simbolica/
5. eSafety Commissioner. (2022). Safety by Design: Codes and Industry Standards. https://www.esafety.gov.au/industry/safety-by-design
6. Casa Blanca. (2023). Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/
7. Alliance Against Audiovisual Piracy. (2023). Alliance against audiovisual piracy: The audiovisual industry in LatAm has lost more than US$10.3 billion due to
piracy. Produ.com. https://www.produ.com/ushispanic/noticias/alliance-against-audiovisual-piracy-the-audiovisual-industry-in-latam-has-lost-more-than-
us10-3-billion-due-to-piracy/
8. AGCOM. (2024). Proposta di aggiornamento della normativa sulla pirateria: attuazione del Decreto Omnibus e allineamento al Digital Services Act. Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni. Notificado bajo el procedimiento TRIS. https://www.agcom.it