Durante mucho tiempo, el regulador de las telecomunicaciones fue concebido como un árbitro que se ocupaba de administrar el espectro y hacer cumplir las normas, interviniendo cuando surgía un conflicto. Ese modelo cumplió una función en un contexto histórico específico, pero resulta insuficiente ante mercados que cambian con mayor rapidez que las leyes llamadas a ordenarlos. América Latina hoy necesita autoridades capaces de anticiparse y escuchar al sector antes de tomar decisiones vinculantes. De ahí nuestra insistencia en superar la idea del regulador pasivo y avanzar hacia instituciones con un espíritu más dinámico.

El desafío que se nos presenta entonces es el de adaptarnos sin que ese cambio signifique debilitar las reglas. La inversión requiere previsibilidad y las empresas necesitan conocer las condiciones bajo las cuales desplegarán infraestructura durante los próximos años. Al mismo tiempo, corresponde al Estado garantizar una competencia efectiva y proteger a los usuarios mediante estándares de calidad. La mejora regulatoria adquiere valor cuando logra conciliar esas responsabilidades y evita que las normas se conviertan en una carga desconectada de los problemas que se buscaba resolver.

La experiencia de la República Dominicana puede ofrecer algunas enseñanzas en esa dirección. Nuestra Ley General de Telecomunicaciones fue promulgada en 1998, cuando el fax todavía mantenía suficiente relevancia económica como para aparecer en el articulado. Desde entonces cambiaron las redes y los servicios junto con las formas de consumo, al tiempo que cambiaba también la relación de los ciudadanos con la tecnología. Pretender gobernar esa realidad exclusivamente con categorías jurídicas concebidas para un contexto analógico termina produciendo incertidumbre y obliga al regulador a responder mediante soluciones parciales.

Por esa razón, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones inició un proceso de reforma integral de la Ley 153-98. La actualización normativa, sin embargo, no puede reducirse a sustituir un texto por otro sino que exige también revisar la manera en que se elaboran las reglas mismas. INDOTEL presentó lineamientos preliminares y abrió una consulta dirigida a prestadoras, especialistas, universidades, organizaciones sociales y ciudadanos, con el objetivo de reconocer problemas antes de cerrar respuestas y de someter las decisiones públicas al conocimiento acumulado por quienes participan del sector.

La consulta pública suele ser considerada una etapa formal del procedimiento administrativo. Entendida de esa manera, corre el riesgo de convertirse en un expediente que se completa una vez que la decisión ya está tomada. Su verdadero valor aparece cuando efectivamente permite identificar consecuencias no previstas y contrastar alternativas para lograr una mejor aplicación posterior de la norma. Una regulación consultada puede reducir conflictos futuros porque ofrece mayor claridad sobre sus razones y sobre las obligaciones que establece.

Escuchar en ningún caso implica trasladar la decisión pública a los actores regulados. El regulador es el responsable final de evaluar los comentarios recibidos y resolver de acuerdo con el interés general, explicando los criterios adoptados. En 2024, INDOTEL sometió a consulta una nueva definición del servicio de banda ancha. Las prestadoras expusieron sus posiciones y propusieron diferentes velocidades mínimas. Después de ponderar esas observaciones, el Consejo Directivo elevó el estándar del internet fijo a 30 megabits por segundo de descarga y 10 de subida. La consulta mejoró la deliberación, pero la decisión mantuvo como prioridad la calidad que recibe el usuario.

La misma resolución dispuso que la definición sea revisada cada tres años. Ese punto expresa una forma concreta de flexibilidad regulatoria. Los estándares técnicos no pueden permanecer inmóviles mientras aumentan las necesidades de conectividad y aparecen nuevos usos de la red. Establecer revisiones periódicas permite actualizar la regulación con reglas previamente conocidas, evitando tanto la obsolescencia como la improvisación.

Otro instrumento al que hemos recurrido es el sandbox regulatorio. Frente a una innovación que no encaja adecuadamente en la normativa existente, la autoridad no debería verse obligada a escoger entre impedirla o admitirla sin condiciones. En cambio, puede autorizar una prueba limitada y supervisar sus resultados, para luego poder determinar qué ajustes son necesarios antes de adoptar una regla general. La experimentación monitoreada convierte la experiencia en evidencia y permite que la innovación avance sin riesgos para el sector dentro de límites definidos en ese contexto determinado.

La consulta y los mecanismos de revisión, incluida la experimentación regulatoria, pertenecen a una misma concepción institucional. La flexibilidad positiva debe estar sujeta a procedimientos con plazos definidos y supervisión efectiva, ya que de otro modo puede degenerar en discrecionalidad. Las empresas requieren saber que las condiciones no cambiarán arbitrariamente y los ciudadanos necesitan tener certezas por parte del Estado de que la adaptación tecnológica no reducirá sus derechos. El equilibrio allí surge de instituciones capaces de modificar sus instrumentos sin abandonar sus responsabilidades.

Para América Latina, esta discusión tiene consecuencias directas sobre la inversión. La región necesita ampliar redes y extender servicios de calidad hacia territorios que aún permanecen al margen, con un mejor aprovechamiento del espectro. Cada decisión de inversión evalúa costos presentes y riesgos de largo plazo. Una regulación confusa o envejecida eleva esos riesgos, mientras que una autoridad previsible que actualiza sus reglas a partir de evidencia genera mejores condiciones para invertir.

Desde REGULATEL entendemos que ningún país debe enfrentar solo estos desafíos. La tecnología atraviesa fronteras y obliga a compartir aprendizajes entre autoridades que, aun dentro de realidades distintas, enfrentan preguntas semejantes. La cooperación regional puede evitar errores repetidos y ayudar a que las mejores prácticas circulen con mayor rapidez.

El futuro digital de América Latina dependerá también de la calidad de sus instituciones regulatorias. La autoridad pública conserva un papel decisivo cuando escucha sin perder autonomía y ofrece certezas mediante una adaptación institucional, no improvisada. Allí comienza una regulación que sirve al desarrollo, el objetivo final al que deben orientarse nuestras políticas públicas.