En un contexto de menor crecimiento económico y con la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cada vez más cerca, la digitalización deja de ser un buen propósito para convertirse en una condición indispensable para impulsar la productividad, la competitividad y el bienestar de la ciudadanía.
La transformación digital ya no admite demoras. En un escenario internacional marcado por la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial y la creciente demanda de conectividad, América Latina enfrenta el desafío de crear las condiciones necesarias para que la inversión, la innovación y el desarrollo digital avancen al ritmo que exige la economía global.
El contexto económico refuerza esta necesidad. En este sentido, las proyecciones de crecimiento para la región continúan siendo moderadas y, a pocos años del horizonte fijado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance resulta insuficiente. Además, la digitalización constituye una herramienta transversal para revertir esta tendencia, incrementar la productividad, mejorar los servicios públicos, fortalecer la competitividad y generar nuevas oportunidades para las personas y las empresas. Todo ello descansa sobre un elemento esencial: redes de telecomunicaciones modernas, resilientes y con capacidad de expansión.
Paradójicamente, mientras la innovación tecnológica avanza a una velocidad sin precedentes, el despliegue de infraestructura continúa enfrentando obstáculos que pertenecen a otra época. A manera de ejemplo, en apenas tres años, la inteligencia artificial generativa transformó la manera de producir conocimiento y de interactuar con la tecnología. Sin embargo, en numerosos municipios de América Latina, la instalación de una nueva infraestructura de telecomunicaciones puede requerir un tiempo similar debido a procesos regulatorios complejos, permisos excesivos y marcos normativos desactualizados.
Esta brecha entre la velocidad de la innovación y la velocidad de ajuste de las políticas públicas y regulatorias representa uno de los principales riesgos para el desarrollo digital de la región. A ello se suma un desafío estructural: el acceso al espectro radioeléctrico. El incremento sostenido de sus costos y la menor disponibilidad respecto de las economías más avanzadas limitan la capacidad de expandir las redes en un contexto donde el tráfico de datos continúa creciendo de forma exponencial. Menos espectro implica más necesidad de infraestructura, más consumo energético y mayores costos para llevar conectividad de calidad a la ciudadanía.
Estos desafíos exigen una visión renovada sobre el papel de la regulación. Más que un mecanismo de control, debe convertirse en un habilitador de la inversión y de la innovación. La transformación digital requiere reglas modernas, previsibles y orientadas a promover la competencia efectiva entre todos los actores del ecosistema digital, evitando asimetrías regulatorias que desincentiven el desarrollo tecnológico.
Al mismo tiempo, la evolución del sector demanda que la regulación en sentido amplio acompañe la transformación de las empresas de telecomunicaciones hacia modelos tecnológicos cada vez más integrales, con la escala necesaria para desarrollar nuevos servicios digitales, impulsar la adopción de inteligencia artificial y responder a las crecientes necesidades de ciudadanos, empresas y gobiernos. Este proceso también requiere garantizar un acceso suficiente, asequible y sostenible a la energía, un recurso indispensable para soportar la infraestructura que hará posible la economía digital.
Frente a este escenario, se presentan prioridades muy claras para la agenda regional: impulsar una digitalización productiva y sostenible; promover una competencia equilibrada dentro del ecosistema digital; generar condiciones que incentiven la inversión en infraestructura; asegurar la disponibilidad de espectro en condiciones razonables; simplificar los procesos administrativos para el despliegue de redes, y por último, no menos importante, brindar seguridad jurídica de largo plazo que favorezca proyectos de inversión con horizontes de varias décadas.
De esta manera, es preciso señalar que América Latina cuenta con el talento, la capacidad empresarial y el potencial para convertirse en un actor relevante de la economía digital. Convertir esa oportunidad en una realidad dependerá de la capacidad de construir consensos entre gobiernos, congresos, reguladores, organismos internacionales, academia, sector privado y sociedad civil. La transformación digital no constituye únicamente un desafío tecnológico: es una política de desarrollo económico y social que definirá la competitividad de la región durante las próximas décadas.
Finalmente, cabe destacar que en la edición del 2026 del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) se acordó que el momento de acelerar es ahora. La decisión de modernizar las reglas, estimular la inversión y construir las redes del futuro determinará si América Latina aprovecha plenamente la revolución digital o si continúa avanzando por debajo de su verdadero potencial.