La economía global opera bajo un grado de incertidumbre sin precedentes en el pasado reciente, incluso superior al registrado durante momentos de gran inestabilidad como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de la COVID-19. Frente a los shocks geopolíticos derivados del cambio de rumbo en la política comercial de Estados Unidos y de la guerra con Irán, la OCDE revisó a la baja, en 0,1 puntos porcentuales, su proyección de crecimiento mundial para 2026.
Cuando los vientos externos no ayudan, mantener una trayectoria de crecimiento sostenido depende por completo de los motores internos del crecimiento —el consumo de los hogares y la inversión pública y privada— o de un aumento de la productividad de la economía, es decir, de la capacidad de generar más ingresos a partir del mismo conjunto de insumos.
Desde esta perspectiva, el diagnóstico de la economía brasileña es preocupante y resulta válido para buena parte de los países de América Latina. Según datos de The Conference Board, entre 2010 y 2025 la productividad total de los factores en Brasil cayó casi un 12 %. Un panorama similar se observa en el resto de América Latina, donde la productividad retrocedió alrededor de un 7 %. El producto por hora trabajada en países como Paraguay, Ecuador y Brasil se ubica entre los US$ 19 y US$ 23, muy lejos de los niveles registrados en las economías avanzadas. Reducir esta brecha continúa siendo el principal objetivo de la política económica de la región y el punto de partida de cualquier agenda de competitividad.
El crecimiento de la productividad depende de múltiples factores y, aunque no existe una solución única para impulsarlo, la literatura especializada demuestra claramente que las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) constituyen una alternativa atractiva y aún subaprovechada en la región. Datos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) muestran que la inversión promedio per cápita en telecomunicaciones (US$ 25,2) es casi diez veces inferior a la registrada en los países que más invierten en el sector, como Canadá (US$ 247,0) y Bélgica (US$ 240,3).
Las telecomunicaciones y las TIC deben entenderse como sectores transversales de toda la economía, como palancas sobre las cuales los demás sectores ganan eficiencia. La relación entre la inversión en TIC y el aumento de la productividad es ampliamente reconocida por la literatura económica reciente. Los beneficios provienen de dos frentes. Por un lado, la reducción de los costos de información y transacción, la automatización y una mayor integración de las cadenas productivas generan mejoras en la eficiencia. Por otro, también se producen beneficios en términos de inclusión económica y social al aumentar la conexión entre las personas y los mercados. A mayor conectividad, mayor innovación, mayor productividad y mayor bienestar social.
El actual contexto tecnológico amplifica esta oportunidad. El mundo atraviesa un gran ciclo de inversión tecnológica. En apenas cinco años, las inversiones en inteligencia artificial generativa ya superan, en proporción al PIB, los máximos históricos alcanzados por otros grandes ciclos de inversión en infraestructura, como el de los ferrocarriles, que se extendió durante más de tres décadas en el siglo XIX.
La experiencia reciente de Brasil con el Internet de las Cosas (IoT) ilustra cómo medidas acertadas y un tratamiento regulatorio adecuado pueden traducirse en inversiones concretas. En 2020, tras identificar que la carga de tasas sectoriales obstaculizaba la masificación de los dispositivos máquina a máquina (M2M), Brasil eliminó los impuestos aplicados a estos equipos.
Como resultado, el parque de dispositivos IoT se expandió significativamente incluso en un contexto de bajo crecimiento económico. Ecoa Consultoría estimó, en un estudio econométrico realizado para Conexis, que aproximadamente el 21 % de ese crecimiento fue consecuencia directa de la desgravación fiscal. En otras palabras, una parte importante de esa inversión no se habría producido sin la mejora del régimen tributario. El crecimiento de estos dispositivos no constituye un fin en sí mismo, sino que guarda una correlación directa con el crecimiento económico general. En otro modelo econométrico desarrollado por Ecoa, basado en series históricas de más de 100 países, se estimó que un aumento del 1 % en las conexiones M2M está asociado con un incremento de la productividad del orden del 0,045 %.
Los beneficios de promover un marco regulatorio adecuado no se limitan a la eficiencia productiva. En Brasil, el sistema público de pagos instantáneos (PIX), cuya viabilidad depende directamente de la infraestructura y la conectividad proporcionadas por el sector de las telecomunicaciones, superó los 153 millones de usuarios en 2025. Un estudio econométrico de Ecoa demuestra la existencia de una relación causal entre la expansión del PIX y un aumento en la formalización de la economía. Entre 2022 y 2024 se estima que alrededor de 840.000 microemprendimientos se formalizaron gracias al incremento en la adopción del PIX, lo que representa aproximadamente R$ 46.000 millones de ingresos anuales.
Otra innovación tecnológica posibilitada por el sector de las telecomunicaciones y con un enorme potencial de impacto social es la incorporación de herramientas de telesalud en el sistema público de salud brasileño. Según estimaciones de Ecoa, la implementación de la telesalud contribuye a reducir aproximadamente 39.500 internaciones anuales por causas evitables, generando ahorros para el sector público y una mejor calidad de vida para la población.
Ejemplos como estos demuestran que la inversión en infraestructura digital representa un impulso positivo con efectos directos e indirectos sobre la economía, que trascienden las fronteras sectoriales y se traducen, en última instancia, en mayor productividad y bienestar social.
El contraste entre el potencial económico y los resultados alcanzados debe orientar la agenda regulatoria de Brasil y de la región. Brasil ocupa el puesto 84 en calidad regulatoria en el Network Readiness Index. Este desempeño no difiere sustancialmente del resto de América Latina, donde marcos regulatorios diseñados para épocas tecnológicas anteriores conviven con altos costos e incertidumbre jurídica.
Por ello, la agenda de desarrollo de América Latina debe estar guiada por esfuerzos orientados a impulsar el crecimiento de la productividad, la única palanca capaz de sostener una trayectoria de crecimiento de largo plazo. Bajo esta premisa, las telecomunicaciones y las TIC deben entenderse como la columna vertebral que hace posibles nuevas actividades económicas y potencia los sectores ya existentes. Convertir la mejora regulatoria del sector en una prioridad representa un camino de alto retorno socioeconómico al alcance de los responsables de las políticas públicas de la región. El caso brasileño demuestra que, cuando la regulación es adecuada, la inversión responde, con beneficios para toda la sociedad.
Nota: Este artículo fue escrito en colaboración con Henrique Vicente y Matheus Escobet.
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Versão em português
Telecomunicações e TICs como vetores de produtividade
A economia global opera sob um grau de incerteza sem precedentes no passado recente, superando momentos de grande instabilidade como a crise econômica de 2008 e a pandemia da Covid-19. Diante dos choques geopolíticos gerados pela mudança nos rumos da política comercial norte-americana e da Guerra do Irã, a OCDE revisou em 0,1 p.p. para baixo a projeção de crescimento mundial em 2026.
Quando os ventos externos não ajudam, a manutenção de uma trajetória de crescimento sustentado depende inteiramente dos vetores internos de crescimento (consumo das famílias e investimentos público e privado) ou de um aumento de produtividade na economia, isto é, na capacidade de gerar mais renda a partir do mesmo conjunto de insumos.
Sob essa ótica, o diagnóstico da economia brasileira é desconfortável e válido para boa parte dos países da região da América Latina. Segundo dados da The Conference Board, entre 2010 e 2025 a produtividade dos fatores no Brasil recuou quase 12%. Panorama semelhante é observado no restante da América Latina, em que a produtividade retrocedeu cerca de 7%. O produto por hora trabalhada em países como Paraguai, Equador e Brasil situa-se na faixa de US$ 19 a US$ 23, muito distante do valor observado nas economias avançadas. Reduzir essa distância continua sendo o objetivo central da política econômica da região e ponto de partida para qualquer agenda de competividade.
O crescimento de produtividade é função de múltiplos fatores e, embora não haja bala de prata para destravá-lo, é evidente na literatura especializada que as Telecomunicações e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) constituem alternativas atraentes e subaproveitadas na região. Dados divulgados pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) evidenciam: o investimento per capita médio em telecomunicações (US$ 25,2) é quase 10 vezes inferior ao observado nos países que mais investem no setor (Canadá – US$ 247,0 e Bélgica – US$ 240,3).
Telecomunicações e TIC precisam ser vistos como setores transversais em toda economia, como alavancas sobre as quais os demais setores ganham eficiência. A relação entre investimento em TIC e ganhos de produtividade é amplamente reconhecida pela literatura econômica recente. Os ganhos vêm de dois lados. Menores custos de informação e transação, automação e maior integração de cadeias geram ganhos de eficiência produtiva. Ao mesmo tempo também há ganhos com inclusão econômica e social ao aumentar conexão entre pessoas e mercados. Aumentam as conexões, aumenta a inovação, aumenta a produtividade e o bem-estar social.
O atual momento tecnológico amplifica essa oportunidade. O mundo vive um grande ciclo de investimento tecnológico. Em apenas 5 anos, investimentos em inteligência artificial generativa já superam, em proporção ao PIB, os picos históricos de outros investimentos em infraestrutura, como é o caso do ciclo de investimentos em ferrovias que durou mais de três décadas no século XIX.
A experiência brasileira recente com a Internet das Coisas (IoT) ilustra como medidas assertivas e tratamento adequado se convertem em investimento observável. Em 2020, a partir do diagnóstico de que a carga de taxas setoriais inibia a massificação de dispositivos máquina a máquina (M2M) o Brasil zerou tributos sobre esses equipamentos.
Como resultado o parque de dispositivos IoT expandiu de forma acentuada mesmo em ambiente de crescimento frustrado. A Ecoa Consultoria estimou, em estudo econométrico contratado pela Conexis, que cerca de 21% desse crescimento decorreu diretamente da desoneração. Em outras palavras, parte relevante desse investimento não teria ocorrido sem o aprimoramento nas regras tributárias. O crescimento desses dispositivos não é um fim em si mesmo e guarda correlação direta com o crescimento econômico geral. Em outro modelo econométrico desenvolvido pela Ecoa, com base em série histórica de mais de 100 países, é possível estimar que um aumento de 1% nas conexões M2M está associado a um avanço de produtividade da ordem de 0,045%.
Os ganhos da promoção de um desenho regulatório adequado não se esgotam na eficiência produtiva. No Brasil, o sistema público de pagamentos instantâneos (PIX), cuja viabilidade depende diretamente da infraestrutura e conectividade proporcionada pelo setor de telecomunicações, superou o patamar de 153 milhões de usuários em 2025. Estudo econométrico da Ecoa demonstra a existência de um efeito causal entre a penetração do PIX e um aumento de formalização da economia. Entre 2022 e 2024, estima-se que cerca de 840 mil microempreendimentos foram formalizados devido ao aumento de penetração do PIX, o que significaria cerca de R$ 46 bilhões de renda anual.
Outra inovação tecnológica viabilizada pelo setor de telecomunicações e com alto potencial de impacto social é a adoção de ferramentas de telessaúde no sistema público de saúde brasileiro. De acordo com estimativa da Ecoa, a implementação da telessaúde contribui para uma redução de cerca de 39,5 mil internações por causas evitáveis ao ano, economizando recursos públicos e garantindo maior qualidade de vida à população.
Exemplos como esses deixam claro: o investimento em infraestrutura digital representa um choque positivo com efeitos diretos e indiretos na economia, que extrapolam as fronteiras setoriais e se revertem, em última instância, em mais produtividade e bem-estar social.
O contraste entre potencial econômico e realização precisa definir a agenda regulatória do Brasil e da região. O Brasil ocupa a 84ª posição em qualidade regulatório no Network Readiness Index. Esse desempenho não destoa do restante da América Latina, região onde marcos desenhados para eras tecnológicas anteriores convivem com alto custo e incerteza jurídica.
Assim, a agenda de desenvolvimento da América Latina deve ser guiada por esforços em prol de impulsionar ganho de produtividade, única alavanca capaz de produzir uma trajetória de crescimento sustentado no longo-prazo. Tendo a produtividade como premissa, as telecomunicações e as TIC precisam ser entendidas como espinha dorsal, que viabilizam novas atividades econômicas e potencializam setores já existentes. Tratar a melhoria regulatória do setor como prioridade é um caminho com alto retorno socioeconômico ao alcance dos formuladores de política da região. O caso brasileiro mostra que, quando a regulação acerta, o investimento responde, com benefícios para toda a sociedade.
Nota: Esse artigo contou com colaboração de Henrique Vicente e Matheus Escobet.