En América Latina el consumo de datos crece a doble dígito y se concentra en video y redes sociales. De acuerdo con SmC+ Consulting, se estima que la región necesitará más de 300.000 nuevos sitios de conexión para 2032 para sustentar la demanda de redes 4G, 5G y cerrar la deuda pendiente de llevar cobertura a zonas hoy desatendidas.

En ese contexto, la sostenibilidad financiera del sector y el uso eficiente de los recursos disponibles son claves para contar con un ecosistema saludable que invierta en el equipamiento necesario para cubrir la creciente demanda de datos. Lograrlo depende de una reducción drástica de cargas administrativas, así como de la promoción de la compartición de infraestructura de soporte que aún cuenta con capacidad instalada para la colocación de equipos de transmisión.

La dirección que los gobiernos nacionales deben tomar es clara, y se puede resumir en tres acciones principales:
i. Generar un campo regulatorio equilibrado para todos los actores del ecosistema
ii. Promover la compartición para reducir costos operativos e impacto urbanístico (podemos citar como ejemplo el Principio de Compartición establecido en la Ley 10216 de Costa Rica)
iii. Simplificar y homologar reglas locales con normas nacionales para generar predictibilidad y seguridad jurídica que habiliten la inversión y aceleren la inclusión digital

La sobrecarga regulatoria erosiona la viabilidad del mercado mediante requisitos duplicados y opacidad procedimental. Cada semana de demora por falta de certidumbre o aprobación tiene un costo real: ventanas de instalación que se pierden y cobertura que no llega a quien más la necesita. En zonas rurales, la ausencia de coordinación entre autoridades locales y nacionales o federales dificulta el retorno de inversión y frena la expansión.

Para que la población se beneficie de más y mejor conectividad, es necesario que la regulación adopte cinco acciones clave:
1. Implementar un modelo de ventanilla única que concentre permisos y trazabilidad por expediente.
2. Promover mecanismos de aprobación predecibles y controles ex post. Cuando las obras cumplen estándares y el expediente está completo, continúan. Posteriormente la autoridad verifica en campo y documentalmente, corrige, sanciona o revoca si corresponde.
3. Establecer reglas que incentiven y priorizen la compartición de forma prioritaria, y el uso eficiente de espacios y bienes públicos (postes, ductos, inmuebles, azoteas y espacios en dominio público), con condiciones transparentes y no discriminatorias.
4. Definir jurisdicción y estándares de alcance nacional para el despliegue, evitando cargas municipales adicionales no vinculadas a costos reales, sin que esto signifique ir en contra de la autonomía municipal; por el contrario, se busca empoderar a los gobiernos locales para que sean garantes del cumplimiento de las normas nacionales y de la promoción de la compartición.
5. Abrir el inventario de inmuebles y espacios públicos para alojar infraestructura con acuerdos simples y no exclusivos: contratos tipo, tarifas ancladas a costos y estándares de seguridad y urbanismo, aprovechando que estos sitios ya cuentan con energía, accesos y vigilancia. Esto reduce tiempos de obra e inversión de capital, y acerca la cobertura a donde está la gente.

Países como Brasil, Colombia, México y Perú muestran que la simplificación municipal y la estandarización nacional dan resultados concretos. En Brasil, la Lei Geral de Antenas, combinada con el movimiento Antene-se y el texto modelo de Anatel permitió actualizar la normativa en 1.000 ciudades (57% de la población). Esas ciudades concentran aproximadamente el 85% de las estaciones 5G y promedian 77 sitios por ciudad, frente a 7,5 sitios en municipios sin modernización. El estado de São Paulo lidera con 635 municipios alineados y más de 10.200 estructuras (25% del total nacional), evidenciando el impacto de la estandarización local.

En Colombia, el MINTIC publicó a finales de 2024 el “Procedimiento Único para el Despliegue de Redes e Infraestructura de Telecomunicaciones en el territorio nacional”, estableciendo requisitos únicos, instancias y tiempos procedimentales claros, y generando condiciones ágiles para los operadores y proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, en beneficio de la población y respetando en todo momento la autonomía municipal.

En México, el gobierno federal creó una Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos que habilita una ventanilla única digital, un Portal Ciudadano Único y una identidad (Llave MX) que forma el expediente electrónico del trámite. Con ello, se homologa qué se pide, cómo se revisa y en cuánto tiempo se resuelve; permitiendo que, cuando un expediente cumpla los requisitos, el mecanismo de aprobación automática con fiscalización posterior libere la obra con certeza. Su nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión asegura que el despliegue de infraestructura sea de jurisdicción federal y bloquea cobros adicionales municipales. Además, articula el uso de inmuebles y bienes del Estado bajo reglas de neutralidad y no exclusividad, convirtiendo escuelas, hospitales y oficinas públicas en palancas de cobertura.

Perú aceleró el despliegue con una regla simple (Ley 30228 publicada en 2014): si el operador presenta un plan de obras que cumple parámetros técnicos mínimos, la autorización se otorga de forma automática para iniciar trabajos. Fue una norma temporal que, con el tiempo y gracias a la Ley Perú Conectado pasó a ser permanente. Luego entra el control ex post: la autoridad revisa lo ejecutado, valida en campo que la instalación respete lo declarado y cruza documentos; si algo no cuadra, ordena correcciones, sanciona o revoca.
Conclusión y llamado a la acción

La evidencia es clara: América Latina no necesita más complejidad normativa, sino reglas simples, transparentes y homogéneas que permitan desplegar infraestructura de manera ágil, ordenada y sostenible. La demanda de datos seguirá creciendo, y con ella, la urgencia de cerrar la brecha digital y garantizar conectividad inclusiva.

Para lograrlo, es indispensable que las autoridades trabajen en conjunto con la industria de telecomunicaciones. Este esfuerzo coordinado debe traducirse en mesas de trabajo permanentes que definan estándares nacionales, simplifiquen trámites y habiliten el uso compartido de infraestructura existente. Solo así podremos acelerar la expansión de redes, reducir costos y llevar cobertura y mejores servicios a las zonas que más lo necesitan.

El momento de actuar es ahora: gobiernos, reguladores y empresas deben asumir el compromiso de construir un marco regulatorio moderno que convierta la conectividad en un motor de desarrollo económico y social para toda la región.

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Fuentes referenciadas:
Telecompaper. “Brazil reaches 1,000 cities with updated antenna laws.”
BNamericas. “Más de 270 municipios de Brasil aprueban leyes en favor de antenas.”
Mintic: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Tramites-y-servicios/Registros/396808:Procedimiento-Unico-para-el-Despliegue-de-Redes-e-Infraestructura-de-Telecomunicaciones-en-el-territorio-nacional
Diario Oficial de la Federación (México). “Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.” Publicada el 16/07/2025.
Diario Oficial de la Federación (México). “Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR).”
Diario Oficial de la Federación (México). “Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) 2025–2030.”
Congreso de la República del Perú / Ministerio de Justicia (SPIJ). “Ley N.º 29022 – Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.”
Congreso de la República del Perú / Ministerio de Justicia (SPIJ). “Ley N.º 30228 – Ley que modifica la Ley 29022 (aprobación automática, fiscalización posterior, parámetros mínimos y multa de 25 UIT por falsedad).”
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Competencias en eliminación de barreras burocráticas (referido en Ley 30228).
Presidencia de la República, Secretaria General, Subsecretaria de Asuntos Juridicos, (Brasil) Decreto No. 8874. “Ley General de Antenas”.
Telecommunications infrastructure management as a fundamental pillar for Latin America’s future. SmC+ Consulting.