La transformación digital sigue siendo un desafío pendiente en América Latina. Para avanzar en la inclusión digital, es indispensable modernizar redes, ampliar cobertura y soportar un tráfico en constante crecimiento. Esto plantea un axioma ineludible: la sostenibilidad financiera del sector como condición crítica para su supervivencia.

Una brecha que persiste
Veamos la paradoja: a pesar de que las telecomunicaciones, especialmente el acceso a internet y a la Televisión Satelital, que en muchos casos es la única ventana disponible de conexión con el mundo exterior, son cada vez más reconocidas como un derecho básico y universal de los ciudadanos, esencial para la plena ciudadanía, el ejercicio de otros derechos (educación, trabajo, expresión) y la inclusión social, pero en muchos de los países estos servicios siguen en desventaja especialmente cuando se comparan con empresas no reguladas.

En la región, la brecha de uso continúa siendo alarmante: 220 millones de personas aún no utilizan internet, principalmente por barreras de asequibilidad y falta de habilidades digitales. Las empresas deben financiar inversiones con una base de usuarios que crece lentamente, mientras enfrentan altos costos fijos derivados de regulaciones obsoletas y cargas fiscales excesivas. En algunos países, incluso se aplica el Impuesto al Consumo Extraordinario (ICE) a servicios considerados “suntuarios”, una contradicción frente al reconocimiento de la conectividad como derecho básico.

La paradoja regulatoria
Aunque el acceso a internet se reconoce cada vez más como un derecho universal, esencial para educación, trabajo y participación ciudadana, las telecomunicaciones siguen en desventaja frente a sectores no regulados. En lugar de incentivos alineados con políticas públicas coherentes, persisten asimetrías regulatorias que frenan la transformación digital.

Corregir estas distorsiones exige:
• Actualizar la noción de “mercado relevante” en un ecosistema convergente
• Revisar cargas tributarias y diseñar instrumentos de financiación
• Eliminar obligaciones heredadas de la era del cobre que ya no tienen sentido

La contribución económica del sector
Los datos son contundentes. Según GSMA, en 2024 las actividades sustentadas por el uso de los servicios prestados por las empresas de tecnología y conectividad aportaron US$550 mil millones al PIB regional, y el impacto podría alcanzar US$680 mil millones en 2030 si se adoptan medidas para expandir IA y servicios digitales. Esta transición requiere capex sostenido y disciplina financiera.

El pasado 2 de septiembre, Naciones Unidas comunicó que lograr una conectividad universal y significativa a internet para 2030 requiere una inversión de entre 2,6 y 2,8 billones de dólares, según el Plan de Acción para Conectar a la Humanidad. Considerando que en América Latina vive el 8% de la población global, la necesidad de inversión de radicaría en torno a los 225 mil millones de dólares.

Ejemplos que inspiran
Algunos países avanzan en la dirección correcta:
• Argentina: La Prestación Básica Universal (PBU) ofrece tarifas sociales para telefonía e internet. ENACOM impulsa créditos para cooperativas y MiPymes, orientados a fibra y 5G en zonas rurales. Además, se modernizan reglas de propiedad intelectual. El gobierno está atento a la “convergencia absoluta” y el Ministerio de Justicia acaba de publicar un reglamento que disciplina los aportes a las “Sociedades de Gestión Colectiva” de derechos, en una acción pionera que adecua conceptos tales como “pago por uso efectivo” y “definición de base de cálculo del derecho” para ordenar los costos de operación y reducir la litigiosidad de un importante segmento de las empresas del sector. Esta resolución es un ejemplo para adoptar regionalmente.

• Brasil: El FUST (Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones) liberó más de R$2,5 mil millones en créditos vía BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) y FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) para proyectos de fibra y 4G/5G en municipios pequeños, comunidades indígenas y zonas rurales. Además, el programa “Acessa Crédito Telecom”, con apoyo del BID, garantiza préstamos para pequeños ISPs. Por su vez, ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) demuestra consistentemente su interés por modernizar los reglamentos, reconociendo recientemente que desde el punto de vista de competencia en el sector audiovisual existe un mercado ampliado adonde los servicios son substitutos perfectos, permitiendo acciones de la Agencia para reducir las asimetrías de reglas y obligaciones entre nuevas tecnologías y empresas incumbentes.

• Chile: El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones subsidia proyectos en regiones aisladas, con concursos que superan los $6.000 millones de pesos chilenos. También se financian programas de conectividad educativa y telecentros comunitarios.

En Perú y otros países de América Latina también existen intenciones de avanzar. Allí, el sector de las telecomunicaciones es esencial para mantener una economía dinámica, pero los avances tecnológicos acelerados y los cambios disruptivos en las tendencias de consumo requieren la cooperación entre agentes del sector público y representantes del sector privado para dar un salto cualitativo. Por ello, el diálogo abierto y franco entre el sector público – que muchas veces se aísla, y el sector privado – que carga con la realidad en sus espaldas, es esencial para modernizar el marco regulatorio y para fomentar la innovación.

Claves para una política pública efectiva
El sector privado propone medidas concretas:
• Regulación anticipatoria y proporcional: revisión de mercados relevantes y eliminación de cargas obsoletas
• Política fiscal pro conectividad: reducción de impuestos específicos y precios de espectro
• Espectro eficiente: subastas con bases razonables a ser pagas con compromisos de expansión
• Corresponsabilidad en el ecosistema: colaboración con OTT para equilibrar la competencia
• Foco en la brecha de uso: programas sociales y conectividad educativa que apoyen al usuario
• Modernización de reglas de propiedad intelectual: siguiendo el ejemplo argentino de la resolución 1135/2025 que trata sobre los derechos de las Sociedades de Gestión Colectiva, de reciente publicación

Conclusión
Los casos mencionados demuestran que es posible avanzar hacia la inclusión digital, pero se requieren políticas públicas coherentes y de largo plazo que permitan planificar inversiones y garantizar sostenibilidad. Sin ello, la región corre el riesgo de profundizar la brecha digital y continuar en la zaga de la economía global.
Desde nuestra empresa apoyamos la inclusión digital a través de múltiples acciones. Se destaca Escuela Plus, un proyecto de educación audiovisual perteneciente a la Fundación Norma y Leo Werthein, responsable del área de sostenibilidad de DIRECTV Latinoamérica, SKY Brasil y sus plataformas de streaming y TV en vivo DGO y SKY+. Esta iniciativa llega a más de 9.000 escuelas en Latinoamérica.
Como conocemos el cambio social positivo que se logra apoyando a la inclusión es que hacemos un llamado a la reflexión a los reguladores y gobiernos.