Latinoamérica necesita fuertes inversiones en redes de telecomunicaciones
Internet es un elemento clave para el desarrollo económico y social. A su vez, el acceso a Internet depende de la conectividad de banda ancha, tanto fija como móvil. En estos momentos, la conectividad se enfrenta a grandes retos en Latinoamérica. Aunque ya más de la mitad de la población utiliza Internet, aún quedan muchos ciudadanos sin conectar. Esta brecha digital se manifiesta de dos maneras: zonas sin cobertura de red (brecha de cobertura) y ciudadanos que, aun viviendo en zonas con cobertura, o no quieren o no pueden permitirse contratar una conexión a la red (brecha de demanda). La brecha digital, además, afecta desproporcionadamente a los habitantes de zonas rurales y a las personas de menor nivel socioeconómico.

Otro factor que plantea un reto a las redes de telecomunicaciones latinoamericanas es el vertiginoso crecimiento del tráfico de Internet, que se espera que continúe en el futuro: se prevé que el tráfico de Internet móvil crecerá en Latinoamérica a una tasa anual acumulada del 28%, dos puntos por encima de la media mundial.
La principal causa de estos fuertes aumentos del tráfico es el crecimiento del tráfico de vídeo en streaming, que pasó de ser un 29% del tráfico mundial de Internet en 2011 a ser el 66%, en 2022, y eso sin incluir el tráfico de videollamadas ni el intercambio de vídeos entre usuarios. Los analistas del mercado prevén que el tráfico de vídeo en streaming siga creciendo más que el del resto de aplicaciones hasta llegar al 80% del tráfico mundial en 2028.

Como consecuencia de lo anterior, Latinoamérica necesita fuertes inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones, tanto para terminar de cerrar las brechas digitales como para hacer frente al vertiginoso crecimiento del tráfico. En un reciente informe, desde NERA estimamos que en los próximos años sería necesario que los operadores de telecomunicaciones latinoamericanos aumentasen sus inversiones en unos 38.000 millones de dólares por encima de las inversiones necesarias para mantener sus redes actuales:
▪ 17.100 millones de dólares ampliar la cobertura de las redes: las de fibra óptica al 65% de los hogares, las de 5G al 81% de la población, y la de 4G al 99%
▪ 21.000 millones de dólares hasta 2028 para ampliar la capacidad de las redes fijas y móviles para poder absorber el aumento del tráfico (12.000 millones en redes y 8.900 en espectro).

Estas inversiones son necesarias para que el desarrollo económico y social continúe. Si no se realizasen, la brecha digital de Latinoamérica con el resto del mundo desarrollado aumentará, y también lo hará la brecha digital interna de cada país. Además, si los operadores no pudiesen invertir en aumentar la capacidad de las redes, la calidad de los servicios se deteriorará por que el aumento del tráfico de video producirá congestión en las redes, que degradará también la calidad de todos los demás servicios de Internet.

Retos para la sostenibilidad de las inversiones en redes
En un mercado libre, se esperaría que el crecimiento de la demanda de un servicio se tradujese en un aumento tanto de los ingresos como de los gastos de los operadores que prestan dicho servicio. Sin embargo, no es ése el caso de las telecomunicaciones en Latinoamérica. Los ingresos están disminuyendo, aunque los costos sí que aumentan. En el conjunto de Latinoamérica los ingresos de los operadores descendieron un 38% entre 2012 y 2022, el ARPU de banda ancha fija un 33% y el ARPU móvil un 53%. Como consecuencia, los retornos sobre el capital obtenidos por los operadores de telecomunicaciones latinoamericanos están siendo inferiores a su coste de capital.

Dada la baja rentabilidad actual de las redes de acceso a Internet, y la dificultad de que los usuarios finales aumenten su gasto por la caída de sus rentas y el aumento de la pobreza, es muy dudoso que los operadores de telecomunicaciones consigan fondos en los mercados financieros para acometer dichas inversiones, a no ser que haya cambios en la organización del mercado.

La crisis del modelo de regulación y de mercado de los 90
En los años 90 se implantó en la región un modelo de competencia entre operadores privados sujetos a una regulación sectorial muy detallada y que soportan importantes cargas fiscales y de servicio específicas del sector. Este modelo ha tenido un gran éxito en la extensión de las telecomunicaciones de voz y datos a la gran mayoría de los latinoamericanos.

Sin embargo, al mismo tiempo que se desarrollaban las redes y servicios en competencia, la extensión de Internet y la banda ancha cambiaban radicalmente el modelo de mercado. Así como en los 90 las redes y los servicios estaban verticalmente integrados y los operadores de telecomunicaciones controlaban el conjunto de las actividades, Internet y la tecnología IP han promovido la separación entre la conectividad de red y los servicios y aplicaciones. Ahora la mayoría de los servicios y aplicaciones son prestados a los usuarios finales por proveedores over-the-top (OTT) utilizando la conectividad de las redes de banda ancha. Los operadores se han visto limitados al suministro de la conectividad, ya sus servicios finales (voz, SMS, televisión paga) tienen una presencia cada vez menor en el mercado. Así, los proveedores OTT compiten de dos maneras con los operadores de telecomunicaciones por el valor creado por los servicios digitales:

• Por un lado, con servicios substitutivos de servicios de los operadores. Las llamadas por WhatsApp o Teams compiten con las llamadas de voz, la mensajería electrónica compite con los SMS, y el video por streaming compite con los servicios de TV paga. En este caso, los OTT y los operadores compiten en el mismo mercado.
• Por otro lado, porque para los usuarios de servicios OTT, dichos servicios y la conectividad son complementarios, de modo que el valor total de los servicios digitales para el usuario debe distribuirse en el pago de ambos componentes. Cuanto más bajo sea el precio de la conectividad (por ejemplo, por regulaciones que lo fuercen a la baja), mayores serán los ingresos de los OTT y mayor parte del valor total captarán.

La capacidad de captar valor por los grandes OTT no se debe sólo a las cargas regulatorias de los operadores, sino a su enorme tamaño. El tráfico de Internet no está solamente muy concentrado en un único tipo de aplicación, sino también en unos pocos agentes a escala mundial: más de la mitad del tráfico de Internet de todo el mundo fue generado por tan sólo siete proveedores de servicios OTT: Google, Netflix, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon y TikTok.

Sin embargo, a pesar de estos grandes cambios, la regulación sigue tratando a los operadores como si todavía pudiesen controlar la totalidad del ecosistema. Así, los operadores están sometidos a fuertes restricciones regulatorias y soportan pesadas cargas fiscales, mientras que los grandes OTT no están sujetos prácticamente a ninguna regulación (en muchos casos, ni siquiera a las regulaciones ordinarias mercantil y de protección al consumidor) ni pagan apenas impuestos.

Esta situación en la que el valor que la regulación permite capturar a los operadores de red cada vez es menor, y al mismo tiempo son necesarias grandes inversiones en infraestructuras, hace muy difícil la sostenibilidad del ritmo inversor y de las infraestructuras mismas de la región.

Alternativas para la sostenibilidad: eliminar las asimetrías regulatorias y fiscales
Para asegurar la sostenibilidad de las inversiones es necesario aumentar su rentabilidad. Las políticas públicas pueden entonces centrarse en facilitar aumentos de ingresos de los operadores, reducir sus costos, o ambas cosas. En ambos casos hay que eliminar las asimetrías regulatorias y fiscales entre operadores y proveedores OTT.

En el caso de Latinoamérica, dada la precaria situación de muchos usuarios finales, la única manera posible de aumentar los ingresos de los operadores sería que los OTT pagasen por los servicios de red nacionales. Esto puede ser el resultado de negociaciones comerciales entre OTT y operadores de red en un mercado libre sin restricciones regulatorias asimétricas que reduzcan el poder de negociación de los operadores.

También hay maneras de reducir los costos de los operadores:
1. Reduciendo el crecimiento del volumen de tráfico poniéndole un precio.
2. Reduciendo el precio del espectro.
3. Poniendo nuevo espectro a disposición de los operadores sin aumentar su gasto total en espectro.
4. Reduciendo o eliminando las contribuciones, tasas e impuestos sectoriales. Un reciente estudio de GSMA concluye que “la eliminación de impuestos especiales a la industria y a los usuarios de internet, […] podría reducir la brecha de conectividad entre 6 y 16 pp según el país.”
5. Reduciendo o flexibilizando la regulación económica innecesaria del sector de telecomunicaciones, lo que facilitaría la mejora de la rentabilidad de los operadores.

En distintas zonas del mundo se están planteando enfoques distintos para ello. Por ejemplo, hasta 2024 los EE.UU. habían dejado sin regular a los OTT, pero también habían desregulado a los operadores. En la Unión Europea se ha seguido un enfoque más intervencionista, manteniendo la regulación ex ante de los operadores y extendiéndola a los OTT. En Brasil se está debatiendo la consideración de los OTT como grandes clientes de las redes, y se los ha incluido en los mismos análisis de mercado que los operadores. En el caso de Corea del Sur, hay negociaciones comerciales entre operadores y grandes OTT supervisadas por el regulador.

Latinoamérica no puede permitirse el lujo de retrasar más las inversiones en la modernización de sus redes de telecomunicaciones. La reducción de las asimetrías regulatorias y fiscales entre operadores y OTT es un paso necesario para hacer sostenibles dichas inversiones. Países como Brasil están siendo pioneros en este debate, y el resto debería planteárselo sin más demora.