El contar con una industria de telecomunicaciones moderna, resiliente y sostenible financieramente es una necesidad para avanzar en la inclusión digital, social y en el desarrollo económico de América Latina. Son varios los estudios que muestran el impacto positivo de la digitalización y la penetración de la banda ancha en el crecimiento económico y la productividad. Por citar solo uno, un informe de ASIET señala que un aumento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región significaría un incremento medio del 3,2% del PIB y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

A pesar del consenso sobre el impacto positivo de la digitalización en el desarrollo económico y social y la relevancia de la industria de telecomunicaciones para asegurar el avance de este proceso, las políticas públicas vinculadas al sector no han evolucionado con la velocidad y profundidad necesaria. El contar con políticas públicas que habiliten una industria de telecomunicaciones sostenible desde el punto de vista financiero y con capacidad inversora es clave, no solo para satisfacer los intereses de las empresas, sus accionistas y clientes, sino para el crecimiento y desarrollo social y económico de la región y sus ciudadanos.

La industria de las telecomunicaciones pasa por un momento complejo en América Latina, porque además de una necesidad creciente de inversiones para financiar el despliegue y expansión de las últimas tecnologías, varias empresas del sector han atravesado o están atravesando dificultades financieras en distintos países como Chile, Colombia o Panamá. Los problemas que expertos en la industria anunciaban desde hace algún tiempo, son ya una realidad, con casos concretos de operadoras no viables. Esta situación, pone en jaque no solamente la calidad y los precios de los servicios, sino su mera disponibilidad para todos, especialmente en las zonas menos atractivas y rentables. Este problema de sostenibilidad de la industria no es exclusivo de América Latina, sino que también se está dando en otras regiones como Europa. Aun así, el caso de Latinoamérica es especialmente relevante por el rol preponderante del sector privado en las inversiones en extensión y modernización de redes.

¿Cómo podemos salir de esta situación? A través de una reformulación de las políticas públicas que consideren al sector de las telecomunicaciones como un socio clave para el desarrollo social y económico de los países. Es necesario evolucionar el enfoque tradicional de las políticas públicas aplicadas a la industria, dejando de lado la visión extractiva, con una fuerte carga tributaria y un elevadísimo coste del espectro, y un fomento artificial de la competencia, que se ha demostrado insostenible e incapaz de dar solución a los retos que enfrenta la región. Sin duda, este enfoque ha quedado obsoleto.

Para avanzar en la reformulación de las políticas públicas vinculadas a la industria, desde nuestra visión, se deben considerar cuatro grandes ejes. En primer lugar, una revisión de las estructuras de mercado para garantizar la sostenibilidad financiera de la industria. Los problemas financieros que atraviesan varios operadores de la región muestran la necesidad de una nueva mirada en relación con la cantidad de jugadores que habilitan una estructura de mercado saludable y viable financieramente. Tenemos ejemplos en la región, como el caso de Brasil, donde el avance en una consolidación del mercado ha sido positivo en términos de mejorar la sostenibilidad de la industria, aumentar los niveles de inversión y garantizar el mantenimiento de una competencia vigorosa.
Por otro lado, se debe cambiar la visión que se tiene del sector de telecomunicaciones, para dejar de verlo como una fuente de recursos fiscales, a través de impuestos o ingresos vinculados al espectro, y para pasar a considerarlo como un habilitador clave del desarrollo social y económico de los países.

Adicionalmente, es necesario revisar la regulación sectorial para adaptarla a la nueva realidad. La mayor parte de la regulación actual de la industria fue definida hace casi 30 años, a finales del siglo XX o principios del siglo XXI, con una realidad de los mercados y tecnológica muy diferente a la actual. Se debe diseñar una nueva regulación para la industria, avanzando en una desregulación que reduzca la carga normativa que enfrentan las operadoras, eliminando una gran cantidad de regulación obsoleta y disminuyendo fuertemente las asimetrías entre servicios. No se trata de establecer nuevas obligaciones para otros servicios, sino de reducir la carga actual que soportan nuestros servicios. Necesitamos una nueva regulación para la industria, acorde con la realidad actual y que facilite la innovación y los nuevos modelos de negocio.

Por último, un punto en el que hasta ahora se ha hecho poco hincapié en Latinoamérica y que es imperativo incorporar a la agenda, y es el establecer un mecanismo de contribución de los grandes generadores de tráfico a la financiación y mantenimiento de las redes, que actúe como incentivo para un uso eficiente de las redes. Me refiero al mecanismo conocido como “Fair Share” o “contribución justa”.

En el esquema actual, los grandes generadores de tráfico no tienen ningún incentivo para hacer un uso eficiente de las redes. El impacto del elevado crecimiento del tráfico que transportan las redes de telecomunicaciones es soportado solamente por los operadores, que tienen que hacer inversiones cada vez mayores para ampliar la capacidad de sus redes, y por los clientes, que en ocasiones ven deteriorada la calidad de los servicios que disfrutan por la dificultad de acompasar las inversiones al ritmo del crecimiento del tráfico. El establecer algún tipo de contraprestación por el uso de las redes de telecomunicaciones que realizan los grandes generadores de tráfico, sin duda, ayudaría a que estos agentes tengan incentivos para gestionar de forma más eficiente el tráfico que generan y eliminar algunas prácticas que aumentan el tráfico no solicitado por los clientes. La necesidad de establecer incentivos económicos para hacer un uso eficiente de los recursos escasos no es exclusiva de la gestión del tráfico que transportan las redes de telecomunicaciones, sino también con otros recursos limitados como el agua o la energía, cuyo precio envía señales al mercado para favorecer su uso eficiente.

De acuerdo con la información presentada recientemente por la GSMA sobre el tráfico que va por las redes móviles de América Latina, solo un gran generador de tráfico, Meta, supone el 58% del tráfico en redes móviles de la región. Si sumamos al tráfico de Meta el que generan Alphabet (Google) y Tik Tok, llegamos a más del 80% del tráfico que va por las redes móviles de la región. Este nivel de concentración del tráfico es más elevado en América Latina que en otras regiones lo que hace aún más imperioso establecer incentivos para que hagan un uso eficiente de las redes. Esto desde nuestro punto de vista, se debe concretar que estos agentes paguen por el uso que hacen de las redes, contribuyendo a su sostenimiento y expansión. Para los operadores, el debate no es que todos los agentes del mundo de internet tengan que contribuir por el uso de redes, sino que lo hagan únicamente los grandes generadores de tráfico, aquellos que superen un umbral determinado.

El reto de las necesidades de inversión en infraestructura de telecomunicaciones que enfrenta la industria en la región es enorme. Estamos en un momento de especial intensidad inversora debido a la necesidad de completar el despliegue y de ampliar la capacidad de las redes 4G, avanzar en el despliegue de las redes 5G y acelerar el despliegue de redes de FO potentes que lleguen a todos los sitios. En el contexto actual de baja capacidad de generación de fondos de la industria, ésta, por sí sola, no puede hacer frente a ese volumen de inversiones y los que se pueden ver más afectados son las personas que viven en las zonas más alejadas o con menor atractivo comercial. Es necesario que otros agentes contribuyan al desarrollo y sostenimiento de las redes, y tiene sentido que las grandes empresas del mundo de internet, que están generando una gran cantidad de ingresos sobre la base del uso de las redes, contribuyan a estas inversiones.

Actualmente nos enfrentamos a una paradoja: nunca hemos estado tan convencidos de la importancia de las redes de telecomunicaciones para el desarrollo económico y social de los países, pero, al mismo tiempo, esta industria nunca ha estado en un momento tan crítico en términos de sostenibilidad de mediano plazo. Esta es una responsabilidad compartida de los operadores, los reguladores, responsables de políticas públicas y de los grandes agentes del ecosistema digital. Es imperativo que cada uno asuma su parte en este reto. Porque sin redes de telecomunicaciones sostenibles y modernas, no habrá desarrollo económico y social para la región. El futuro digital hay que construirlo entre todos, hoy.