De acuerdo con las mediciones del Banco Mundial, hasta 2021 el 43% de la población del planeta no utilizaba aún un servicio de internet móvil a pesar de vivir en zonas con cobertura de banda ancha móvil. Sólo este dato llena de sentido y explica la potencialidad de un programa de sustentabilidad como Escuela Plus.
Se trata de un programa de educación audiovisual que combina contenidos educativos, fichas pedagógicas y un plan de formación docente para fomentar el uso de recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo a través del servicio de televisión satelital de DIRECTV en Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Ecuador; y de SKY en Brasil.
Hoy este programa alcanza a 9.800 escuelas, con casi 2 millones de alumnos y más de 100 mil docentes. Y desde la perspectiva de los resultados de la interacción público-privada se ha convertido en un ejemplo para explicar por qué necesitamos un marco regulatorio actualizado y moderno para llevar conectividad y habilidades digitales a todos los países de América Latina.
En nuestros países tenemos los desafíos de cerrar la brecha de cobertura de la infraestructura de conexión a internet y la brecha de su utilización. No un imperativo para el futuro, es una necesidad del presente porque debemos sumar a los millones de personas que hoy están “desconectadas” a la economía digital, a la actividad formal.
Nuestros pueblos deben tener la posibilidad de conectarse y deben saber usar las herramientas digitales, que hoy generar una actividad económica que ya representa el 15,5% del PIB global, y avanza a una velocidad que es de dos veces y media que el promedio de la actividad económica general del mundo.
Esto, a su vez, plantea el desafío de mejorar también la asequibilidad de los servicios que brindan las telecomunicaciones. Es indispensable generar condiciones para mejorar el acceso y para ello es fundamental la acción y coordinación público-privada y las alianzas hacia el interior del sector privado.
Es aquí donde una regulación inteligente y moderna juega un rol clave. Las tecnologías de la comunicación, la información y el entretenimiento han avanzado a un ritmo vertiginoso en los últimos diez años y los marcos normativos no han acompañado esos avances. Se necesitan regulaciones que equilibren las condiciones de competencia, porque esta última es la única que permitirá generar condiciones de mayor y mejor asequibilidad. La industria necesita una alianza de trabajo, una interacción entre el Estado y las empresas que logre lo que ya se demostró con Escuela Plus.
Regulaciones actualizadas, que estén a la altura de los nuevos desafíos, en América Latina nos hará llegar con un contenido atractivo a un precio adecuado a la mayor cantidad de población posible. Y esto se plasmará gracias a la inversión constante y al agregado de valor que se genera con las condiciones propicias.
Cuanto más modernas sean las regulaciones, mayores inversiones habrá tanto para incrementar la conectividad como para poder destinar recursos a planes de sustentabilidad que tienen un impacto directo y concreto en millones de personas. En esa articulación público-privada está la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
El ejemplo de Escuela Plus es claro en este sentido, porque aún con sus números impresionantes podemos asegurar que no son suficientes. Desde VRIO estamos dialogando con diversos organismos internacionales tanto para el diseño del módulo de habilidades digitales, como para extender la cobertura del programa con fondos compartidos de los organismos multilaterales. Obviamente que sería de mucha ayuda tener un ecosistema regulatorio más moderno en cada uno de nuestros países.
Actualmente nuestras empresas de servicios tienen un sistema de reglas engorroso y casi paralizante, mientras aparecen jugadores nuevos montados sobre tecnología que no tienen ningún tipo de regulación. Nosotros producimos contenidos locales, con compañías locales, pagamos impuestos locales y cargas sociales y generamos miles de empleos, pero debemos competir con compañías que ni siquiera están registradas en nuestros países.
Estamos ante la posibilidad concreta de que una ola regulatoria recorra América Latina generando aún más desequilibrios y con efectos de un tsunami para las inversiones, lo que redundaría sin dudas en un freno a la reducción de la brecha digital. Para poder incrementar las estrategias de mayor inclusión digital, la industria requiere que haya una visión moderna sobre el sistema normativo que la gobierna.
En Brasil, el diálogo y la conciencia de que el acceso a las redes digitales ya es tan importante como lo fue en el pasado el acceso a la electricidad, hizo que el precio del espectro que el Estado regula forme parte de las condiciones de desempeño del servicio. ¡Es una gran estrategia! Si hay algo que está claro es que cuantos más recursos se liberen, mayores inversiones habrá.
Ese es un camino posible para seguir para responder al desafío que representa que una enorme porción de la población aún no tenga acceso a las redes móviles de internet o lo tenga limitado. Es, quizás, una señal de que podemos ponernos de acuerdo en medidas a nivel regional para actuar en conjunto y darles a nuestros pueblos la herramienta que más necesita para tener un futuro de crecimiento y desarrollo en la era del conocimiento.