Publicado el 04-01-2022

Cerrar la brecha digital: La prioridad y el desafío actual de las telecomunicaciones

Este artículo de Horacio Romanelli (Director de Asuntos Regulatorios para Latinoamérica, Millicom | Tigo, y Presidente de ASIET) fue originalmente publicado en la Revista Telecomunicaciones de América Latina de ASIET. Descárgala completa aquí.

El auge de la economía digital y colaborativa ha dejado en evidencia uno de los grandes desafíos actuales de América Latina, una brecha digital que hoy define el acceso a los servicios y las oportunidades de recuperación financiera a corto plazo. 

La pandemia ha hecho más evidente la brecha digital en América Latina. Según estadísticas de la GSMA, de finales de 2020, alrededor de 360 millones de personas en la región (cerca del 60% de la población) poseen conexión a Internet. Sin embargo, este sorprendente número no representa un panorama positivo, pues revela que aproximadamente 300 millones de personas continúan sin una conexión estable a la red.

Desde la demanda del servicio, la brecha digital se debe a varios factores, entre los más importantes están: la cobertura (sobre todo en áreas rurales), asequibilidad y falta de habilidades o conocimiento de las herramientas digitales, entre otros.

Sin embargo, más allá de estos factores, desde la oferta del servicio existen dos causas, estrechamente relacionadas, que influyen en la brecha digital: la competitividad de los mercados y que los operadores dispongan de un flujo de caja sano y continuo. Según el BID, en América Latina, la inversión en telecomunicaciones depende casi exclusivamente del flujo de inversión privada (cercano al 75%), un indicador muy distante al de otros sectores como energía (36%), transporte (13%) y agua (3%). 

Esto significa que la inversión para el cierre de la brecha digital, que radica principalmente en la adquisición y modernización de infraestructura, provendrá principalmente del sector privado. Telecomunicaciones es un negocio de alta inversión. La permanente actualización tecnológica y el incremento sostenido de tráfico lo determina. Entonces es fundamental que el sector opere con finanzas sanas y sostenibles. Para que esto sea posible, los casos de negocio, las reglas de juego y los incentivos tienen que ser claros y de largo plazo. Así los inversionistas continuarán respaldando los aportes de capital necesarios para expandir el servicio.  

La solución es clara, tenemos que cambiar el pensamiento del pasado donde los gobiernos ven al sector de telecomunicaciones como un sector donde puede captar recursos y a las subastas de espectro como una oportunidad recaudatoria para cubrir déficits en las cuentas del estado. La digitalización de los países solo se va a realizar cuando creemos un ambiente regulatorio que favorezca la inversión y el despliegue de infraestructura digital. Esta realidad ayudará a aumentar la cobertura, disminuir los costos para el usuario e incrementar conocimiento y uso de herramientas digitales.  

Más modelos de despliegue de red, Open RAN

La pandemia ha incrementado exponencialmente la necesidad de cierre de la brecha digital, especialmente en las áreas rurales, por lo que proyectos como Open RAN de Millicom en comunidades rurales de Colombia representan un avance importante para la diversificación del ecosistema tecnológico. Esta tecnología puede permitirnos disminuir los costos a largo plazo e implementar nuevos modelos de despliegue para expandir el acceso a la red donde más se necesita. Estamos estudiando con detalle su impacto.

Si existen más opciones y mayor flexibilidad, la industria de las telecomunicaciones tendrá la capacidad de desplegar la tecnología a mayor velocidad y ganar productividad en los mercados.

Enfoque en despliegue de 4G antes que 5G

Desafortunadamente, la realidad de América Latina es que la mayoría de los países carecen de una conectividad 4G y no están listos para un cambio a 5G que no solo es tecnológico, sino de modelo operativo y de negocios de las empresas, lo que abarca servicios a nuevas verticales, nuevas formas de administración de redes y despliegues masivos de infraestructura.

Debemos tener muy claro lo que se necesita para implementar efectivamente la red 5G, un despliegue robusto de fibra y un nivel muy alto de penetración de 4G. En los mercados de Millicom en América Latina, el nivel de penetración de 4G apenas alcanza el 50% y en fibra el reto es aún más grande. Estos indicadores definen nuestra prioridad en la región previo al despliegue de 5G.  

Además de estos dos factores, vale mencionar que el valor real de 5G será su aprovechamiento en casos de uso innovadores, que aún no son muy concretos e iniciarán naturalmente en los mercados de EE.UU., Europa, Japón y China. Por ahora, los casos de uso existentes están enfocados en negocios B2B, especialmente en las industrias de automóviles, minería y logística.

Sin embargo, debemos modernizar las redes existentes mientras continuamos con la expansión del acceso a la red. Recientemente, Millicom anunció su alianza con Ericsson, enfocada en la modernización de sus redes con LTE, tecnología lista para 5G, garantizando una mayor velocidad y una mejor experiencia para el cliente. 
 

El paso inmediato: acceso al espectro y conexión gobierno/Industria

Las compañías y gobiernos aún enfrentan las consecuencias de la pandemia, con un considerable nivel de endeudamiento y pocas opciones para responder a las demandas de las sociedades. Es necesario el desarrollo de un nuevo marco regulatorio que favorezca la inversión privada y ayude al cierre de la brecha digital.  

Si logramos enfocar nuestros esfuerzos y recursos en esta tarea, podremos movernos rápidamente y fortalecer nuestras economías con los beneficios de la digitalización con las tecnologías existentes.

Además, estaremos mejor preparados para aprovechar las ventajas de 5G en el momento oportuno para la implementación. Los gobiernos tienen decisiones muy importantes que tomar: exigir a los operadores que utilicen sus limitados flujos de caja para la compra de espectro 5G o establecer una estrecha alianza con la industria para abordar la brecha digital, desarrollando regulaciones pragmáticas y flexibles que brinden seguridad jurídica, creando así un ambiente apropiado para el despliegue de infraestructura.