Seguridad, violencia y políticas fiscales en América Latina*

Eduardo Salido. Public Affairs and Policy Manager, Telefónica
Publicado el 03-12-2018

**Este artículo fue publicado en el número de Noviembre de 2018 de la Revista Digital de ASIET “Telecomunicaciones de América Latina” que se puede descargar aquí

La violencia es un tema central en la música popular de América Latina. Las películas y la pintura retratan tragedias conocidas que afectan a las sociedades de Latinoamérica. El arte refleja la vida pues, según recoge el Latinobarómetro 2017, argentinos, mexicanos y panameños declaran que la seguridad pública es su principal problema. De hecho, ocupa la segunda posición en la lista de preocupaciones de los ciudadanos de Colombia y Venezuela, justo por detrás de cuestiones como el abastecimiento en Venezuela y eel proceso de paz en Colombia. La violencia, el crimen y la inseguridad son los problemas principales de la región por delante del desempleo, de los problemas económicos o de la desigualdad.

Según los datos del laboratorio de ideas brasileño Instituto Igarapé, el 33% de los homicidios en el mundo tiene lugar en esta región, donde tan solo vive el 8% de la población mundial. De los 20 países con las tasas de homicidio más altas, 17 están en América Latina, donde se encuentran 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo. De cada 100.000 habitantes en América Latina, 21 son asesinados, mientras que el promedio mundial de esta cifra es de siete. En la última década, la tasa de homicidios en América Latina ha aumentado un 3,7%, mientras que la población ha crecido un 1,1%.1

La seguridad no solo es un problema de ámbito público,2 también es un problema económico. Los datos macroeconómicos (ver Figura 1) confirman que la violencia supuso el 3,5% del PIB entre 2010 y 2014, lo que representa una media de 300 dólares3 al año por cada latinoamericano, el doble que en las regiones más desarrolladas del mundo.

Las políticas públicas existentes destinadas a abordar la violencia no han funcionado como se esperaba. Por lo tanto, a la hora de diseñar nuevas políticas fiscales y reguladoras, los responsables políticos deben desarrollar herramientas que aborden la violencia de forma efectiva y que mitiguen su impacto sobre la economía.

En materia regulatoria, hemos visto diferentes propuestas y políticas, incluyendo una para colocar en primer plano al sector privado en materia de seguridad. En los últimos años, las iniciativas para interceptar comunicaciones en el sector de las telecomunicaciones donde, por ejemplo, se les pedía a los operadores que desconectaran o restringieran el acceso a sus redes, se han convertido en una práctica habitual en diferentes países de América Latina. Las órdenes pueden bloquear servicios y contenido o restringir el ancho de banda de datos, mermando la calidad de los servicios. No solo los operadores de redes móviles sufren pérdidas financieras debido a la suspensión de los servicios y a los daños a su reputación, también el personal local hace frente a la presión de las autoridades y sufre una reacción en contra por parte de los consumidores y de otras partes interesadas.

En algunos países, la política fiscal ha sido un elemento importante de las iniciativas para abordar los problemas de seguridad. Por ejemplo, se crearon dos nuevos impuestos en El Salvador en 2015: (1) la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia,4, un impuesto específico que impone un gravamen del 5% a los servicios móviles, y (2) la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana5 que aplica una tasa del 5% a los ingresos netos de las empresas con ingresos superiores a los 500 000 dólares. Esto aumenta la carga fiscal de las empresas en general y de las del sector de las telecomunicaciones en particular un 33%, 6 mientras que el promedio de presión fiscal en El Salvador apenas alcanza el 18%.7

Estos ejemplos muestran la necesidad de establecer una política fiscal más coherente que busque ampliar la base de colaboradores para afrontar desafíos complicados como la seguridad en la región. La búsqueda de colaboradores «especiales» mediante la creación de impuestos específicos distorsiona el consumo y las decisiones de inversión, generando más deficiencias en la economía que pueden representar un desafío de seguridad incluso más complejo al que hacer frente a largo plazo.

No cabe duda de que estos problemas exigen instituciones con los recursos adecuados que puedan administrar justicia y llevar a cabo las políticas públicas que afrontan los desafíos de seguridad y violencia de forma eficaz y eficiente. Mientras que el promedio de presión fiscalsupera el 34% en los países de la OCDE, actualmente en América Latina el promedio es del 22,7% del PIB.8 9 A su vez, el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica soporta una carga fiscal del 51%10 superior a la media de todas las industrias de la región. Esta asimetría no se ve en ninguna otra parte. A nivel mundial, el sector aporta solo un 11% más que la media de la economía global.11 Estos impuestos distorsivos específicos del sector son, sin embargo, una fuente recurrente de ingresos públicos que afectan a la industria y a los consumidores.

Entonces, ¿cuáles son las alternativas?

A la hora de diseñar nuevas políticas fiscales, los estados deben intentar ampliar la base participativa a través de impuestos generales que integren todos los agentes económicos, evitando los gravámenes específicos del sector y también integrando nuevos participantes de mercado en la base fiscal. A menudo, muchos agentes nuevos no se han establecido localmente y no tienen las mismas obligaciones que pueden tener las empresas con presencia local. Esta asimetría es significativa en el entorno actual. Esto implica una brecha fiscal que puede erosionar la capacidad del estado para abordar estos problemas tan difíciles. En este sentido, un estudio realizado por el laboratorio de ideas chileno CLAPES concluye que los estados de América Latina no pueden hacerse con los casi 1,9 mil millones de dólares anuales en impuestos directos e indirectos.12

Esto implica importantes retos para los gobiernos de la región, que reconocen el potencial de la digitalización para fomentar elcrecimiento económico. La banda ancha aumenta la productividad y la competitividad, promueve la creación de empresas, aumenta la inversión extranjera y fomenta la creación de empleo y las mejoras salariales.13 14


Instituto Igarapé. Seguridad ciudadana en América Latina: Cifras y hechos https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf

2 Latino Barómetro 2016

Instituto Igarapé. Seguridad ciudadana en América Latina: Cifras y hechos https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf

4 https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/195

5 https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/194

Inclusión Digital y tributación en el sector móvil de El Salvador. https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2017/05/GSMA_El-Salvador-Spanish_WEB.pdf

Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 2018. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-latin-america-caribbean-brochure.pdf

8 Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 2018. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-latin-america-caribbean-brochure.pdf  En Guatemala, la presión fiscal es del 12,6% y en México del 17,2% según la OCDE. Guatemala y México son dos de los países con mayores tasas de violencia y delincuencia de la región.

9 Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 2018. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-latin-america-caribbean-brochure.pdf

10 Distribución de retornos y beneficios generados por el sector de las telecomunicaciones en América Latina, Raul Katz 2017.

11 ASIET, octubre de 2017.

12 Es una estimación de los efectos fiscales que tendría el gravamen a las ventas de cuatro empresas basadas en TIC con impuestos directos e indirectos (IVA y renta): Uber (transporte), Netflix (cine, televisión), Spotify (música) y Apple Store (música y software). El ejercicio, con fines ilustrativos, se realiza con datos hasta 2016 para diez economías de América Latina (páginas 27 y 28 del estudio).

13 La banda ancha móvil tiene un impacto considerable en los países con un despliegue limitado de infraestructura fija, como en América Central. El Banco Mundial (2009) y Czernich et al. (2011) consideran que un aumento del 10% en la implantación de ancho de banda se asocia con el crecimiento del PIB de entre 1 y 1,5 puntos porcentuales en los países con ingresos per cápita bajos o medios. Estudios específicos en América Latina han obtenido resultados similares

14 Un aumento del 10% en la implantación de banda ancha contribuye al 0,16% de crecimiento del PIB (Katz 2009); y los activos de TIC suponen un 18% del crecimiento del valor añadido en los países de América Latina (Katz 2015)

 

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