Publicado el 01-10-2019
Pablo De Carvajal
Secretario General y del Consejo - Dtor. global de Regulación, Telefónica S.A

¿Por qué necesitamos un Nuevo Pacto Digital?

Este artículo fue publicado en el número de septiembre de 2019 en la Revista ‘Telecomunicaciones de América Latina’ (30/09/2019). Descarga la revista completa aquí.

Los responsables políticos y empresariales necesitan unirse para promover una digitalización centrada en las personas

Mire a su alrededor, casi todo es digital. Claramente, la transformación digital está cambiando nuestra forma de trabajar, de vivir y de disfrutar de nuestro tiempo de ocio. No estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. La humanidad nunca había disfrutado de tanta tecnología como lo hace ahora. La combinación de conectividad, supercomputación, big data e inteligencia artificial (IA) está ayudando a resolver algunos de los desafíos más importantes de la actualidad: curación de enfermedades, combatir epidemias o proporcionar educación de calidad a todos.

Pero también un gran número de personas está mostrando una actitud precavida frente a la digitalización y desconfían de ella como el proceso que puede aumentar la calidad de vida y hacer más competitiva la economía. Uno de los motivos es que los marcos políticos y legislativos actuales no se han creado para la era digital. Los rápidos cambios propiciados por la digitalización han dejado muchas normas y políticas obsoletas e incapaces de lidiar con problemas apremiantes. Esto tiene que cambiar. Es el momento de acordar cómo queremos que sea la sociedad digital del futuro y de aplicar principios éticos y valores comunes de un mundo digital. En Telefónica creemos que ha llegado el momento de crear un Nuevo Pacto Digital entre actores públicos y privados para administrar los profundos cambios que nuestras sociedades experimentarán en los próximos años. Por eso, hemos publicado un Manifiesto Digital que se centra en tres objetivos fundamentales:

1: La digitalización debe ser inclusiva

La conectividad es esencial para la digitalización y requiere la implementación de las mejores redes.

Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) alrededor de la mitad de la población tiene acceso a Internet en la región. En el caso de Latinoamérica y Caribe, aún no pueden conectarse a la red 288 millones de personas y solo 4 de cada 10 hogares cuenta con conexión de banda ancha fija, a pesar de los grandes avances registrados en los últimos años.

La conectividad no es solo un factor esencial para mitigar la brecha digital, sino que también representa un pilar estratégico para el crecimiento económico. Numerosos estudios demuestran que la relación entre tasa de digitalización y productividad es proporcional, de tal forma que un índice elevado del primer factor incide positivamente sobre el segundo. A este respecto, Latinoamérica presenta un índice de digitalización de la producción un 24% más bajo que la de la media los países de la OCDE, lo que está lastrando su desarrollo económico.

Para conseguir que la región mejore estas cifras, se precisa fijar unas condiciones propicias para el despliegue de infraestructura, para la innovación y la experimentación, así como la unión de esfuerzos público-privados. Del mismo modo, se necesita un paradigma regulatorio favorable a la inversión y al desarrollo de infraestructuras destinadas a conseguir una inclusión digital plena.

Más allá de la conectividad, la perspectiva de una nueva brecha digital se divisa en el horizonte. La inteligencia artificial, la Internet de las cosas y la automatización son tecnologías que representan un desafío para nuestro mercado de trabajo. La OCDE indica que un 65 % de los niños de hoy en día crecerán y tendrán trabajos que aún no existen. El McKinsey Global Institute predice que casi la mitad del trabajo que hacemos en la actualidad estará automatizado para el año 2025. Las máquinas y las personas coexistirán de formas nuevas en el lugar de trabajo y los sistemas sociales, la educación y los derechos fundamentales tendrán que adaptarse al nuevo entorno.

“Telefónica cree que es el momento de crear un Nuevo Pacto Digital para conseguir una digitalización centrada en las personas y para proteger nuestros valores y derechos fundamentales, sin dejar atrás a nadie”.

La industrialización, la última gran transformación económica, creó políticas como la educación pública obligatoria, planes de bienestar y derechos laborales. Es probable que necesitemos desarrollar un nuevo conjunto de políticas sociales adaptadas a las sociedades digitales. Algunas personas pueden necesitar más tiempo y ayuda para adaptarse. Con el fin de evitar nuevas formas de desigualdad, las políticas públicas deben centrarse en ayudar a integrar a los segmentos más vulnerables de la sociedad y garantizar que no se quedan fuera de las ventajas de la digitalización.

2: Las empresas necesitan un nuevo enfoque sobre la responsabilidad empresarial

Las personas esperan poder disfrutar de servicios digitales justos, competitivos y no discriminatorios. La mejor forma de hacerlo sería que las empresas usaran de forma ética tecnologías como la inteligencia artificial y algoritmos y que permitieran que las personas controlen sus datos. La transparencia es un elemento clave para que las personas se sientan cómodas con el uso de sus datos, pero es incluso más importante darles opciones. Un modelo centrado en las personas debe permitir que todos podamos decidir cómo y cuándo se utilizan nuestros datos.

De hecho, la nueva ética de datos puede que necesite ir más allá del cumplimiento de la regulación sobre la protección de datos. Esto es especialmente relevante para el uso de la inteligencia artificial y de algoritmos que deben guiarse por criterios éticos y deben ser responsables cuando tienen un impacto sobre los derechos de las personas.

3: Debemos modernizar nuestras políticas e instituciones para adaptarlas a la era digital

La supervisión de los mercados no le sigue el ritmo al cambio tecnológico. La aplicación desigual y el cumplimiento de las normas existentes están situando a las empresas tradicionales y locales en una situación de desventaja competitiva frente a nuevos modelos de negocios digitales. La regulación debe promover la innovación, el espíritu empresarial y debe dejar espacio para la experimentación, mientras se supervisa estrechamente y se investiga la evolución del mercado para poder intervenir con rapidez y con una mayor pericia para proteger la competencia justa, si fuera necesario.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) revela que la industria de las telecomunicaciones soporta la presión fiscal más alta de la región, con una carga que supera en un 51% al resto de sectores de las economías latinoamericanas y caribeñas. Esta situación repercute negativamente en la inversión en nuevos modelos de despliegue de infraestructura que contribuyan a cerrar la brecha digital existente que separa a los países de la región de los de otras economías.

“Debemos modernizar nuestras políticas e instituciones para adaptarlas a la era digital. La supervisión de los mercados no le sigue el ritmo al cambio tecnológico”.

Por tanto, se requiere un tratamiento fiscal justo y equitativo para los servicios digitales (level playing field) que garantice una contribución adecuada de las empresas a las sociedades en las que operan y que aseguren la sostenibilidad de los servicios públicos. El debate debe centrarse entonces en la regulación de actividades (“el qué”), en lugar de la regulación de entidades (“el quién”).

Además, las políticas fiscales deben ir acompañadas de políticas sociales que guíen y preparen a la ciudadanía para alcanzar una sociedad digital sostenible. Con el fin de evitar nuevas formas de desigualdad, las políticas públicas deben centrarse en ayudar a integrar a los segmentos más vulnerables de la sociedad y garantizar que pueden disfrutar de las ventajas de la digitalización.

Obviamente, la información está estrechamente relacionada con la privacidad y la protección de datos, pero también se ha convertido en un gran activo competitivo con valor monetario. A menudo, las autoridades de competencia no tienen en cuenta lo suficiente estas dinámicas de mercado. Las autoridades deben intensificar también sus esfuerzos para encontrar soluciones globales o regionales en áreas como las transferencias de datos internacionales, la ciberseguridad y los impuestos, ya sea a través de acuerdos bilaterales o multinacionales.

Todo esto implica establecer una Carta de Derechos Digitales para adaptar los derechos fundamentales a las nuevas dimensiones propiciadas por la innovación tecnológica y garantizar su aplicación. Los valores importantes como la equidad y la no discriminación, la responsabilidad, la inclusividad, la transparencia y la posibilidad de elección necesitan estar protegidos y aplicarse de la misma forma en línea y sin conexión.

Las empresas también tendrán que cumplir su papel mediante la adopción de un enfoque ético para el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o los algoritmos y asumir la responsabilidad de su impacto en nuestras vidas, especialmente en un momento de cambios que requerirá una mayor adaptación de las personas. Telefónica cree que ha llegado la hora de construir un Nuevo Pacto Digital para conseguir una digitalización centrada en las personas y proteger nuestros valores y derechos fundamentales sin dejar a nadie atrás.