Hacia una armonía fiscal en el ecosistema digital latinoamericano

Eduardo Chomali. Dir. Regional para los Países Andinos ASIET
Publicado el 28-02-2017

Sin duda uno de los factores clave para el desarrollo de Internet ha sido su capacidad de desdibujar las fronteras, posibilitando el desarrollo de un ecosistema en el que un sinfín de servicios, contenidos y aplicaciones derivan en nuevas actividades económicas que trascienden vertiginosamente de un país a otro. Lo anterior, si bien supone buenas noticias, también implica uno de los grandes desafíos para los gobiernos con relación a la incapacidad de los regímenes tributarios nacionales frente a los nuevos agentes del ecosistema digital, quienes por su modelo de negocio, su dimensión global y la práctica de ingeniería fiscal escapan de las diferentes jurisdicciones, generando tributaciones en muchos casos nulas. Situación que, en un escenario de acelerada digitalización, no sólo se traduce en una amenaza para la sostenibilidad futura de los sistemas fiscales nacionales, sino que además resulta distorsiva en términos competitivos en detrimento de los jugadores que se encuentran sujetos a los impuestos locales correspondientes.

Es cierto que una imposición tributaria podría suponer un desincentivo a la adopción de dichos bienes y servicios, en la medida en que los gravámenes podrían ser transferidos al precio de adquisición, incrementando su coste y afectando de forma más directa a aquellos pertenecientes a los estratos poblacionales de menores recursos, para quienes la asequibilidad se constituye como una importante barrera de acceso. Pero también es cierto que ello también aplica para otros servicios de la cadena de valor del ecosistema que ya se encuentran gravados. Al respecto, es importante considerar la situación en que un operador digital global está compitiendo con distribuidores de contenido locales sujetos a obligaciones fiscales. Lo mismo puede decirse respecto de servicios tradicionales, tanto de telecomunicaciones como de otros ámbitos económicos, que tienen un alto grado de sustituibilidad con los servicios provistos a través de Internet (voz y mensajería instantánea) o intermediarios por Internet (taxis o alojamiento). Por ejemplo, un distribuidor de contenidos digitales latinoamericano, como un operador de TV paga, debe competir con un operador global, como Netflix, en condiciones desventajosas en la medida en que sus cargas impositivas tienen un impacto negativo en su negocio. De manera similar, un proveedor de mensajes de texto o de voz compite en condiciones menos favorables respecto de uno de mensajería y voz OTT como WhatsApp, aun cuando ambos son absolutamente sustitutos y suponen el mismo servicio al usuario.

Esta situación está siendo considerada por los gobiernos de la región. En particular, destaca el reciente caso de Colombia, que tras su reforma tributaria, cualquier servicio sobre Internet, incluso pagado a través de tarjeta de crédito al exterior, se encuentra sujeto al IVA general del 19 por ciento. Con esta medida, Colombia además de ser de los primeros países en América Latina en gravar a los servicios OTT, y aunque aún no los considera dentro del mismo mercado, es el que lo hace de forma más equilibrada, aplicando el mismo tipo general, con excepción de los servicios móviles que se encuentran sujetos a un cuatro por ciento adicional. En la materia, en nuestros países cabe recordar otros casos como el del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que desde febrero de 2015, cobra un impuesto equivalente al tres por ciento de los ingresos brutos generados por todos los abonados de la ciudad a la distribución de contenidos digitales y que aplica a proveedores como Netflix, iTunes, Spotify, Amazon Instant Video, Apple Tv, videojuegos online de Playstation y juegos de Facebook entre otros. El mecanismo de cobro, al igual que en el caso de Colombia, es a través de los proveedores de tarjetas de crédito quienes del valor de cada plan o servicio, envían el porcentaje correspondiente a la respectiva agencia de recaudación de impuestos. Otro caso es el de Brasil en el que la Agencia Nacional Cinematográfica (Ancine) requiere directamente a los proveedores de contenidos digitales sobre Internet el pago de US$ 1.400 por cada película distribuida en el territorio nacional y US$ 340 por cada serie.

Para seguir avanzando en la revolución digital, ampliando la oferta de servicios digitales y expandiendo las capacidades de las redes, es fundamental que existan las condiciones para maximizar el el desarrollo armónico de todos los componentes del ecosistema. Para ello y aunque no es el único factor a resolver, también habría que considerar las asimetrías en las cargas regulatorias. La fiscalidad juega un importante rol en la medida en que a día de hoy supone un claro factor de competitividad para los jugadores globales que proveen servicios sobre Internet. El desafío está no necesariamente en igualar hacia arriba las cargas respecto de los proveedores tradicionales y locales, sino en propiciar un escenario en donde la competitividad venga por el lado de la innovación y no a partir de ventajas fiscales y regulatorias. Un modelo justo, equilibrado, razonable, orientado a servicios y no a tecnologías o medios de provisión, que aplique por igual sobre todos los actores del ecosistema, promueve la innovación, facilita la oferta de servicios de mayor valor agregado e incentiva el despliegue de más infraestructuras de transporte y conectividad, beneficiando en definitiva a los usuarios quienes no sólo accederán a mejores servicios, sino que también lo harán a menores precios como derivada de una justa y efectiva competencia a lo largo de todo el ecosistema.

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